La Sexta Misión de la UITA en Honduras dirigió una nota al Fiscal General del Ministerio Público, Oscar Chinchilla, expresando su preocupación por la creciente criminalización y enjuiciamiento a personas que trabajan la tierra y defienden territorios ancestrales en varias regiones del país.
La Misión enumera en la nota los diferentes casos que enfrentan en la justicia líderes sindicales, sociales y campesinos por el solo hecho de defender su derecho al trabajo, a los recursos naturales y a la tierra.
“El diferendo por la propiedad, posesión y uso de tierras ha puesto a los operadores de justicia, incluyendo empleados del MP, en línea de soluciones violentas, al lado de operadores privados que alegan propiedad usando influencias políticas locales”, dice la carta.
De norte a sur de Honduras, la criminalización de la protesta social se hace notar de forma explícita: asesinatos, amenazas, atentados que tienen como corolario la impunidad completa, la complicidad de los organismos y gobernantes.
Caso emblemático de la violencia y la impunidad es el asesinato de la líder indígena y social Berta Cáceres, perpetrado hace más de un año y que a pesar de la repercusión y la presión internacionales permanece sin resolverse.
A continuación la carta completa CARTA_FISCAL
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