“Gordo", como es conocido en el ambiente del barrio, pasó más de 5 años en las cárceles de menores, los denominados centros de corrección juveniles administrados por el Estado hondureño. Fue en este lugar que lejos de encontrar la oportunidad de rehabilitarse salió experto en sicariato y asalto.
Ahora es parte de una banca criminal en una populosa colonia del norte de Honduras. Ese lugar que lo vio nacer, esa colonia que vio como su padre y madre se separaron, dejándolo bajo el cuido de su ya cansada abuela de más de 70 años, ahora es el territorio que controla para la mara.
La historia de “Gordo” se da en muchos lugares de Honduras, jóvenes a quienes se les niega sus derechos y cuando cometen faltas son condenados a permanecer internos en centros juveniles que son las mini escuelas del crimen.
Las leyes hondureñas, al igual que en otros Estados, no permiten el enjuiciamiento de menores de 18 años de edad. Cualquier niño o adolescente que cometa un delito, antes de esa edad, es llevado a los centros de adaptación juvenil, allí existe la obligación de crear programas de rehabilitación que brinden nuevas oportunidades a los menores.
Reducir edad punible
Recientemente las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández sorprendieron, al asegurar que era necesario reducir la edad para condenar a los jóvenes. Que de 18 años se debía bajar a los 16, ya que contaban con estadísticas que confirmaban que el 40 por ciento de los crímenes en Honduras eran ejecutados por menores de 18 años.
Ante las declaraciones del mandatario, quien fue más allá y creó una comisión para revisar la posibilidad de bajar la edad punible, diversos sectores, sobre todo aquellos vinculados a los derechos humanos le recomiendan mejor cumplir con su obligación de crear oportunidades de empleo, educación y fortalecer el sistema de internamiento de menores.
Para el director de Casa Alianza hablar de la edad punible es un tema importante para la vida del país, pero lamenta la forma tan desatinada y poco responsable de abordar la temática. “En declaraciones con los medios de comunicación el presidente dijo que era necesario castigar a los niños como adultos porque eran responsables del 40 por ciento de los crímenes que suceden en Honduras, hay que decir que el dato es incorrecto, ya que en la actualidad hay más de 18 mil adultos en cárceles y apenas unos 580 en los centros de rehabilitación, eso revela que lo dicho es totalmente mentira”.
Ruela además recuerda que más del 55 por ciento de los crímenes en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, se comenten en contra de menores de 18 años de edad, lo que ratifica que la juventud no es la victimaria sino las víctimas de esta realidad de violencia y criminalidad, son a ellos a quienes se les está asesinado, dice el director de esta organización que además de llevar un observatorio de derechos humanos de la juventud, acompaña a menores en riesgo social.
El rechazo a la propuesta del mandatario Hernández, lo han manifestado también organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, quien dijo que si el Estado reduce la edad punible en el país estaría retrocediendo en materia de derechos humanos, al tiempo que se entregaría la educación de la juventud a las “escuelas del crimen”, si son ingresado a las cárceles de adultos.
Para el director de Casa Alianza, la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández es parte del proceso de criminalización que tiene el Estado en contra de una parte de la juventud hondureña. “No es a toda la niñez a la que se estigmatiza, es a los niños, niñas y jóvenes pobres. Cuando un policía o un militar en una colonia donde hay conflicto, en una colonia empobrecida y excluida ve a un joven con un teléfono, los policías asumen que ese celular el joven se lo robó, lo detienen, le quitan la camisa, le toman fotos, lo ponen frente a la pared, se lo llevan si no tiene identificación, en cambio si van a un mall y ven a un joven con el teléfono no lo ven sospecho. En Honduras a la gente se le castiga y detiene por portación de cara, porque ser pobre es un delito, ser pobre es ser sospechoso, por eso las cárceles están llenas de pobres”,
José Guadalupe Ruela está convencido que llevar a los niños y jóvenes a las cárceles no es la solución, al contrario la violencia será más grande. “La respuesta está en invertir en prevención, en brindar oportunidades a los jóvenes. Si el gobierno los 8 mil millones de Lempiras que ha gastado de la Tasa de Seguridad, lo invirtiera no en armas, no en militares y mucho menos en equipo blindado, sino en verdaderas oportunidad para la juventud, otra fuera la realidad de Honduras”.
La actual administración se ha mostrado sorda a los análisis de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Impuso que la Comisión de Justicia Penal iniciara con las “discusiones” sobre el tema con varios sectores de la sociedad. Así se dio el primer espacio con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, el Gabinete de Prevención, Instituto de la Juventud, Registro Nacional de las Personas, Secretarías de Educación y Salud, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo e Inclusos Social, entre otras.
La labor de la Comisión de Justicia Penal será redactar un documento que abarque las sugerencias y recomendaciones planteadas por los distintos sectores, el documento deberá ser presentado a más tardar el 02 de junio, allí el gobierno tomará la decisión de reducir la edad para castigar penalmente a los menores.
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