“Para lavar, cocinar y bañarnos tenemos que comprar 5 barriles con agua diarios, y cada uno cuesta 35 lempiras. Saque la cuenta para que vea que aquí no se puede vivir”, Dora Barahona presidenta de la junta de agua en la colonia San Buenaventura del Distrito Central, dijo esto en el programa Foros Populares de Radio Progreso. Ella asegura que la gente cuando lava ropa reutiliza el agua con jabón en el sanitario y en otros quehaceres domésticos.
En el Distrito Central compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela habitan 1.2 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y unas doscientas mil más permanecen en la capital esporádicamente estudiando y realizando trabajos. Más del 60 por ciento de esta población no recibe agua a través de llaves domiciliarias a pesar de estar conectados a la red de abastecimiento del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Estas personas se ven obligadas a comprar agua embotellada a 35 o 40 lempiras cada unidad.
La capital vive uno de sus peores momentos respecto al agua. Por un lado las represas Los Laureles y Concepción, principales abastecedoras de agua, están por debajo de un 20 por ciento de su capacidad y de seguir así solo tendrán agua para cuatro meses, según declaró en medios nacionales el gerente administrativo del SANAA y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Roberto Zablah.
Según Zablah, la capital tiene agua hasta la primera semana de septiembre. “Quiero informar que tenemos agua en Los Laureles y en La Concepción, que suman 18.4 millones de metros cúbicos, y que nos garantizan tener el suministro hasta el mes de Septiembre”, expresó.
Por otro lado, la ciudad capital se enfrenta al proceso de municipalización amparado en la Ley General de Aguas y Saneamiento, donde dicta que los servicios de agua deben pasar a manos de las alcaldías, instituciones facultadas para decidir que ente municipal o privado es el encargado de administrar el vital líquido. A nivel nacional la ciudadanía se ha opuesto al proceso de municipalización porque consideran que es un paso a la privatización de un derecho humano. Además denuncian que en ciudades como San Pedro Sula, donde el agua está privatizada, el servicio es caro y de mala calidad.
¿Injusta distribución?
Si en una comunidad hay poca agua, se sobrentiende que todos sus habitantes deben consumir el mismo porcentaje y por ende pagar la misma tarifa. Sin embargo, en Honduras eso no se cumple. La gente pobre de la capital que no recibe agua en sus casas, paga alrededor de trecientos lempiras por metro cúbico de agua, e irónicamente la gente que vive en residenciales con alta plusvalía, paga apenas 20 lempiras por metro cúbico, según la asociación de juntas de agua.
“En estas residenciales si llega el agua y allí la gente llena sus enormes cisternas mientras nosotros no tenemos ni para bañarnos” dice Manuel Amador presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento ASHOJAAS, afirmando que el problema no es tanto la falta de agua sino la mala administración del líquido. “Los ricos tienen agua siempre y son ellos quienes han quebrado el SANAA con tantos millones que adeudan”, expresó.
Según ASHOJAAS, el SANAA en el Distrito Central recauda mensualmente 55 millones de lempiras, de cuales 40 millones de lempiras son para pagar sueldos o salarios y apenas 15 millones son destinados para los gastos de operación. Lo que significa que no hay inversión para nuevos proyectos de agua dice la organización. “Lo que se necesita es que el SANAA deje de pagar tanto en burocracia e invierta en las comunidades” expresa Amador. Y a esta situación se le suma la deuda que las empresas y el mismo gobierno mantiene con la institución por concepto de agua.
En tal sentido el dirigente de la Asociación de Juntas de Agua de la capital, Manuel Amador manifiesta rotundamente que se oponen al proceso de la Municipalización del Agua, debido a que todo apunta a que es un método de privatización del agua. Agrega que las autoridades de la alcaldía municipal del Distrito Central no tienen la capacidad para manejar el SANAA.
Agoniza la capital
A pesar del tráfico y la distancia, Doña Dora Barahona llegó a la cabina de Radio Progreso en Tegucigalpa ubicada en la colonia Palmira. Ella madrugó para llegar temprano y participar en el programa Foros Populares que trató sobre el agua. “No iba a perder la oportunidad de decirle a todo el mundo lo que aquí pasa”, dijo mientras se limpiaba el sudor de su rostro y sacaba de su humilde cartera unos pronunciamientos que las junta de agua han hecho ante la crisis.
“Como decimos vulgarmente una miadita de gato nos llega de agua, una vez a la semana durante una hora”, dice doña Dora aseverando que de la represa Los Laureles sale más fango que agua. Ella nos contó que muchas personas tienen que decir entre comprar comida o agua para bañarse, y que además son pocas las personas que cuentan con un empleo. Que los casos de enfermedades han aumentado porque el agua que compran en barriles es sucia y huele mal.
Propuestas ante la crisis
El regidor del Distrito Central Rafael Barahona, dice que por parte del SANAA se concluyeron estudios para la construcción de dos represas. Una en río del Rio del Hombre y la otra sería el embalse Guacerique II. Sin embargo, la construcción en Guacerique es compleja porque se tendría que indemnizar a casi doscientas familias que se verán afectadas con dicha represa.
También están a la espera de un estudio para ver la factibilidad de un proyecto que consiste en traer agua entubada desde Nacaome, Valle, hasta el Cerro de Hula, y finalmente están trabajando en la posibilidad de construir una represa en un río que comparten con el municipio de Ojojona Jiniguare siempre en Francisco Morazán, donde la población se opone contundentemente porque estarían en peligro de desaparecer por inundación. Además en la cercanía de Ojojona se encuentran territorios Indígenas Lenca.
“Yo les digo a los vecinos de Ojojona que no deben preocuparse” dice el regidor asegurando que están esperando los resultados de factibilidad del estudio para echar andar el proyecto. Sin embargo, la ciudadanía denuncia que muchos de estos proyectos solo provocan desastres en las comunidades, y que las promesas de mejorar las condiciones de vida nunca se cumplen por parte de las autoridades.
Por otra parte la Asociación de Juntas de Agua hace una única propuesta que va encaminada a reformar la Ley General de Aguas y Saneamientos y que el servicio agua siga siendo administrado por el Sanaa en coordinación con las juntas de agua. “La propuesta es reformar 20 artículos de la ley, especialmente el artículo 48” expresa Manuel Amador, asegurando que este artículo dicta el plazo que tiene el SANAA para ser traspasado a las municipalidades. “La ley dice que son diez años de plazo y ya han paso 14”, agrega Amador afirmando que los servicios de agua que no han sido traspasados deben seguir en manos del SANAA.
En Honduras vive una situación tensa producto de las malas administraciones públicas. Por un lado hay toda una política estatal que entrega los bienes naturales comunes como el agua a empresas privadas para su administración, por otro lado hay una ciudadanía que se juega la vida defendiendo su derecho humano al agua.
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