Por Marvin Palacios
“Los responsables de los disparos y los que truncaron las investigaciones deben rendir cuentas. Estados Unidos tiene la responsabilidad de proporcionar una compensación adecuada a las víctimas”
En este lugar se produjo el ataque
La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) mintió sobre una operación antidroga que se desarrolló en Honduras en 2012 y que se saldó con la muerte de cuatro aborígenes misquitos, entre ellos dos mujeres embarazadas, según un informe publicado el 24 de mayo de este año, por un órgano de control del Gobierno de EE.UU.
Con esta revelación se confirma que el COFADEH en representación de las víctimas sacó a luz pública la verdad de los hechos ocurridos, así como la versión irrefutable de los testimonios expuestos por los sobrevivientes de la masacre en la que participaron efectivos de la DEA, militares y policías hondureños.
Hasked Brook WoodHasked Brook Wood en vida, hijo de Clara Wood
La agencia estadounidense que reveló este nuevo informe, destacó que la DEA le mintió al Congreso, a funcionarios del Departamento de Justicia y al público en general acerca de una estrategia agresiva pero mal planeada contra el narcotráfico practicada en Honduras.
El informe concluye que la DEA no investigó “adecuadamente” lo ocurrido el 11 de mayo de 2012 durante una operación en Honduras y, como consecuencia, dio información “inexacta o incompleta” al liderazgo del Departamento de Justicia, al Congreso y al pueblo estadounidense.
El documento, de 424 páginas, detalla cómo agentes de Honduras y de Estados Unidos abrieron fuego contra un bote que llevaba civiles y viajaba por el río (Patuca) de La Mosquitia, cuya costa estaba considerada entonces por EE.UU. como un enclave estratégico en el que aterrizaban aviones que traían cocaína de América del Sur.
Frente a la versión sostenida por agentes de la DEA que señala que desde el pipante que transportaba a los pobladores miskitos les habrían disparado, el informe revela que imágenes captadas desde un avión de la patrulla fronteriza estadounidense, muestra que no hubo disparos desde dicho pipante, donde ni siquiera había personas armadas.
El documento recomienda que los agentes de la DEA que operen en otros países sean mejor entrenados para actuar con fuerzas locales, y que haya procedimientos más claros para investigar la conducta de esos agentes en casos de incidentes con decesos.
Los Gobiernos de Estados Unidos y de Honduras han defendido durante años que la DEA sólo apoyó a los agentes hondureños, encargados de liderar la operación.
La presencia en el área de un equipo de defensoras de derechos humanos y personal de prensa del COFADEH permitió que sus medios informativos como el programa radial “Voces contra el Olvido” y el periódico digital www.defensoresenlinea.com, hicieran trascender el hecho con mayor impacto a nivel nacional e internacional. También la cobertura periodística de dos reporteros de la agencia The Associated Press (AP) fue determinante para que el mundo conociera del hecho.
El 11 de mayo de 2012, mientras navegaban por el río Patuca y se acercaban al atracadero o landín en la comunidad de Paptalaya, municipio de Ahuás, a unos 700 metros, hacia las 2:00 de la madrugada (porque en esta zona se viaja de noche por el intenso calor que se experimenta durante el día), la mayoría de los pasajeros de la pequeña embarcación, dormían.
Lucio Nelson fue atendido en un centro hospitalario de la zona atlántica del país
De pronto fueron despertados por el ruido de helicópteros militares que desarrollaban una operación para incautar drogas que se transportaba en un pipante que se desplazaba muy cercana a la pequeña embarcación donde viajaban los miskitos.
Efectivos militares y policiales del Estado hondureño y agentes de la DEA de Estados Unidos, participaban desde la 1:00 a.m., en un operativo. En la jerga militar se trataba de un operativo de requisición de drogas, que según el portavoz de la policía de fronteras en Tegucigalpa, Kelsin Arteaga, ascendía de 750 a 900 kilos de cocaína transportados por una avioneta de supuesta matrícula venezolana que aterrizó minutos antes cerca de Paptalaya.
A pesar de que ambos pipantes se encontraron en posiciones opuestas cerca del landín, se cree que los efectivos militares asumieron que las dos embarcaciones estaban involucradas en el transporte ilícito de drogas.
Resulta intrigante que los supuestos narcotraficantes que cargaron uno de los pipantes con narcóticos no fueran capturados y que solo se incautara la droga.
También no se explica cómo a pesar de contar con visores nocturnos y reflectores en los helicópteros, los efectivos hayan atacado una embarcación que transportaba a indígenas miskitos civiles y desarmados.
Producto del ataque, 4 personas murieron en el acto : Candelaria Pratt Nelson (48), con 5 meses de embarazo, Emerson Martínez Henríquez (21), padre de 2 niñas, Hasked Bbrooks Wood (14) y Juana Jackson Ambrocio (28), en estado de embarazo, madre de dos niños.
“Los responsables de los disparos y los que truncaron las investigaciones deben rendir cuentas. Estados Unidos tiene la responsabilidad de proporcionar una compensación adecuada a las víctimas”
En cuanto a los demás hechos en torno al ataque, los testimonios de las víctimas del pipante, describen que asustados por el ruido, pudieron observar que de 4 helicópteros color gris, al menos uno de doble hélice, sobrevolaban a baja altura y daban vueltas a su alrededor, y que de pronto fueron atacados desde el aire con disparos de armas de grueso calibre, sin que hubiera advertencias ni señales de detenerse.
La mayoría de pasajeros se lanzaron al agua, pero el ataque militar continuaba, los indefensos se sumergían en las aguas profundas del río Patuca, intentando salvar sus vidas, algunos lograron llegar a la orilla del río, otros fueron alcanzados por las balas que les quitaron la vida.
“Ibamos a bordo de un pipante, entre ellos niños, mujeres , era de noche pero iba dormido ya que el camino era largo, pero escuché la bulla del helicóptero ,pero con los ojos cerrados de repente escuché la balacera y me tiré el agua. En el trayecto sentía que algo me pegaba y eran disparos que se hicieron desde el helicóptero”, declaró el joven Lucio Nelson, sobreviviente del ataque pero herido gravemente en un brazo y la espalda.
Cuatro personas resultaron gravemente heridas, 3 personas fueron víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, 3 personas detenidas y tres viviendas allanadas. Después del ataque, un testigo narró que varios efectivos militares descendieron a tierra de los helicópteros y que cometieron vejámenes en contra de pobladores de Paptalaya, entre ellos el ciudadano Dolly Wood, dueño de una bodega y vendedor de gasolina para lanchas.
Clara Wood, sobreviviente de la masacre y madre del niño Hasked Brook Wood de 14 años, que murió en el ataque, narró que “cuando veníamos cerca del landín (pequeño embarcadero) el pipante venía despacio porque estaba alta la marea, vi cuatro helicópteros, uno de los cuatro disparó al motor donde nosotros íbamos , y yo gritaba y llamaba y llamaba a Dios , a mi no me tocó ningún tiro , entonces me tiré bajo el agua y salí nadando y subí a un barranco… miré que el helicóptero bajó al landín, yo salí gritando salió un montón de militares y me agarraron y me revisaron porque andaba mojada y me preguntaron que de donde venía, entonces les conteste que del cayuco (o pipante)… ¡al que disparaste y mataste a mi hijo Hasked Tom Brooks Wood!.
Otro testigo dijo que escuchó hablar en inglés a varios efectivos de la DEA que estuvieron en tierra en la comunidad de Paptalaya durante el operativo de incautación de la droga, posterior a la masacre.
También en las declaraciones de Dolly Wood, éste manifestó que el 11 de mayo de 2012, alrededor de las 2:00 de la madrugada “yo estaba dormido en mi casa que está a la orilla del Río Patuca en el landín (pequeño embarcadero), escuché ruido de helicópteros entonces me levanté, yo nunca había visto tantos helicópteros dando vueltas por arriba.
Después de dar tantas vueltas, aterrizó uno de los helicópteros en el mero Landín, abrí la persiana y miré a unas personas saliendo del helicóptero, se dirigió a mi predio que está a unos cien metros, entonces vinieron a forcejear mi portón, entonces yo le dije: más respeto, ellos siguieron forcejeando y quebraron el portón, entraron y me encañonaron y me dijeron ¡manos arriba!, les dije ¿quiénes son? Identifíquense, la respuesta de ellos fue: nosotros somos militares y no entendemos razones, yo les explique que era un enfermizo cardíaco con marcapaso, en eso les sugerí que yo no podía levantar la mano, porque especialmente en el brazo izquierdo tengo el marcapaso, detalló Wood
Añadió que, “yo les dije que cualquier cosa que me pasara los culparía a ellos, acaté las órdenes, me tuvieron tres horas boca abajo con las manos para arriba, me robaron combustible, yo acaté las ordenes hasta que se fueron, luego empecé a escuchar voces de alarma y el llanto de la gente, empecé a ayudar a los heridos y llevarlos al hospital.
En marzo de 2014, Clara Wood fue inducida por un dirigente miskito al que sólo identificó como Edy, para que asistiera a la sede de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Ahí se le presentó un hombre el que se identificó como Don Andrés que junto a otros estadounidenses, le aplicaron el polígrafo.
El propósito era para obligarla a que cambiara su versión de los hechos del 11 de mayo de 2012 y que declarara que tanto Melanio Olopio, piloto del pipante y su ayudante Emerson Martínez (muerto en el ataque), portaban armas y que habrían disparado contra uno de los 4 helicópteros que se incautaron de un cargamento de drogas sobre el Río Patuca a la altura de la comunidad de Paptalaya, municipio de Ahuás, en el departamento de Gracias a Dios.
En el momento del incidente, la DEA insistió en que las personas a bordo del barco eran narcotraficantes que dispararon primero, lo que obligó a los agentes estadounidenses y hondureños a defenderse.
COFADEH desarrolló una intensa labor de divulgación e incidencia sobre el caso Ahuás
Sin embargo, el informe recientemente revelado por una agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que el personal de la DEA tenía “un control sustancial sobre el rumbo de la operación”, y afirmó que no se encontró ningún tipo de droga en el barco y que, además, no han podido encontrarse evidencias de disparos por parte de los pasajeros.
Adriana Beltrán, coordinadora del programa sobre seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideró que “el incidente y el encubrimiento subsiguiente revelan una cultura peligrosa dentro de la DEA”.
“Los responsables de los disparos y los que truncaron las investigaciones deben rendir cuentas. Estados Unidos tiene la responsabilidad de proporcionar una compensación adecuada a las víctimas”, subrayó Beltrán en un comunicado.
La investigación sobre esta y otras dos operaciones de la DEA, llevadas a cabo en junio y julio de 2012, en Honduras comenzó en 2014 y ha sido llevada a cabo por dos órganos de supervisión del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado.
Tras conocer de la grave situación en Ahuás, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, gestionó fondos para desplazar a 4 defensoras de derechos humanos (entre ellas 2 internacionales procedentes de Inglaterra y Estados Unidos) y un periodista del periódico digital www.defensoresenlinea.com.
El equipo de COFADEH permaneció en la zona de la masacre entre el 20 y el 24 mayo de 2012. La misión fue entrevistar a las víctimas sobrevivientes, recabar testimonios, documentar el caso, tomar fotografías, hacer un informe público preliminar y preparar el acompañamiento legal.
Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH realizó una intensa labor de incidencia tanto nacional como internacional para mantener la atención sobre este caso. En Honduras en 2013 se reunió con el Zar Antidrogas de Estados Unidos y oficiales de Alto Rango de la delegación diplomática estadounidense acreditada en el país, para expresarle su preocupación en torno a la masacre de Ahuás. En aquella oportunidad, Oliva expresó que el Zar William R. Brownfield le dijo que ella no estaba bien informada.
Durante comparecencias en reuniones con organismos de derechos humanos realizadas en Washington con motivo de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bertha Oliva aprovechó en muchas ocasiones para compartir la demanda de justicia en el caso de Ahuás a congresistas y senadores de Estados Unidos.
Hoy, con el informe recientemente publicado, se confirma que el COFADEH siempre habló con la verdad en torno a lo ocurrido con las víctimas de Ahuás.
En su condición de acusador privado, en marzo de 2014, el COFADEH acompañó el juicio (bajo el expediente número 90-2013) que se ventiló inicialmente en los juzgados de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, en el que se acusó a 3 agentes hondureños, dos de ellos de la Unidad Elite de la DEA, adscrita a la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
El juzgado de primera instancia dictó sobreseimiento definitivo a favor de los militares, por lo que COFADEH presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida.
El juez de Primera Instancia en su resolución estableció que los agentes de la DEA y los efectivos militares y policiales de Honduras “desarrollaban su actividad legítima de decomisar drogas utilizando sus armas de reglamento, legitimada la referida acción por su superior jerárquico, con lo cual se acredita el legitimo ejercicio de su oficio o cargo en legítima defensa”.
El COFADEH apuntó que el Juez obvió los mandatos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza para Instituciones Policiales, que manda según el artículo 15 párrafo segundo, y el artículo 25 que los funcionarios deben de haber agotado todos los medios razonables para aprehender y controlar al sospechoso, antes de utilizar niveles de fuerza letal.
En mayo de ese mismo año (2014) el tribunal de alzada dictó sobreseimiento definitivo a favor de Noel Andrade Hernández de la Unidad Elite de la DEA, adscrita a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, e Iván Neptaly Gonzáles Herrera, pero dictó auto de prisión contra el otro agente de la DEA en Honduras, el hondureño Alexander Ramón Robelo Salgado por el delito de homicidio en perjuicio de Emerson Martínez (víctima mortal del ataque) y contra la administración pública.
En el dictamen del caso 6506-2235-2012 BAL, se acredita que la ojiva encontrada en el cuerpo del joven Emerson Martínez, fue disparada por el arma asignada al policía Alexander Ramón Robelo Salgado.
El recurso de apelación presentado por el Área de acceso a Justicia del COFADEH señala que la motivación de la resolución emitida por el juzgado de primera instancia, no estuvo apegada a derecho, porque en la audiencia se acreditó la participación de los señalados en el ilícito a los que se les imputa a títulos de autores, pues participaron y tomaron acción directa en la ejecución del hecho, como se acreditó con las pruebas ofertadas en audiencia inicial.
De tres agentes de la Unidad Elite de la DEA, sólo uno enfrentará la endeble justicia hondureña
“El Poder Judicial está en la obligación de restituir y reparar los derechos violados a nuestros representados, expuso el COFADEH y añade que el Juez de Primera Instancia, no valoró los reiterados testimonios que escuchó de las victimas que relataron los hechos ocurridos, los cinco testigos aseguraron que los disparos provinieron de los helicópteros”, manifestó el COFADEH en el escrito presentado en aquella oportunidad.
A dichos efectivos policiales y militares se les acusó de los delitos de homicidio, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, detención ilegal y tortura tratos crueles, inhumanos y degradantes, en perjuicio de Juana Jackson Ambrosio, Candelaria Prats Nelson, Emerson Martínez, Hasked Brook Wood (14), Hilda Rosa Lezama (propietaria del pipante), Lucio Adán Nelson, Wilmer Morgan Lucas Walter (15), Melanio Olopio, Dolly Wood e Hilder Olopio Lezama.
A los efectivos de la DEA estadounidenses no se les acusó en el juicio, pues existe un tratado bilateral entre Honduras y Estados Unidos en el que se señala que militares estadounidenses que cometan crímenes en Honduras, serán juzgados en su país de origen.
Al respecto el documento sobre Acuerdos Bilaterales de Inmunidad celebrados entre Estados Unidos y países miembros de la Organización de los Estados Americanos, y otro estado parte o no, del Estatuto de Roma (que crea la Corte Penal Internacional), expresa que “Dichos acuerdos tienen el propósito de evitar que los estados que forman parte de la Corte Penal Internacional detengan y entreguen a personal militar o político de Estados Unidos a la Corte. No obstante, dicha protección no versa sólo sobre personal militar o político, sino es más general, por lo que éste protege a todo ciudadano estadounidense.
La mayoría de estos acuerdos han sido firmados por países debido a la amenaza proveniente de Estados Unidos de suspender el apoyo económico o militar que recibe, por ejemplo el acuerdo celebrado entre Estados Unidos y Colombia.
Hasta mayo de 2015 existían ya 100 estados que habían celebrado acuerdos bilaterales de inmunidad, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Volviendo al proceso judicial en el caso de Ahuás, en un recurso de amparo presentado el año pasado por el COFADEH ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la resolución del tribunal de alzada, fue desestimado por el máximo órgano de justicia, dejando a los familiares de las víctimas mortales y a las víctimas sobrevivientes, sin acceso a encontrar justicia en Honduras.
En relación a las víctimas sobrevivientes, el niño Wilmer Morgan Lucas Walter (15) quedó lisiado de su mano derecha producto del impacto de un proyectil de calibre desconocido. Asimismo la señora Elmina Olopio recibió varias perforaciones que se cree fueron de calibre 50 mm, municiones que utilizan los militares en las ametralladoras montadas en los helicópteros. A Elmina Olopio tuvo que practicársele injertos de piel en sus piernas.
También está el caso de Lucio Nelson que quedó lisiado de su brazo izquierdo y con heridas que le dificultaron caminar durante largo tiempo, puesto que recibió impactos de proyectiles en la parte baja de su espalda.
Como parte del acompañamiento que el COFADEH brindó a las víctimas sobrevivientes, el comité gestionó fondos con la comunidad internacional para poder apoyar con los gastos médicos, hospitalización e intervenciones quirúrgicas tanto del niño Wilmer Morgan Lucas Walter (15) y del joven Lucio Nelson.
Fueron varias las ocasiones que éstos jóvenes junto a un acompañante de la familia tuvieron que viajar desde La Mosquitia o desde La Ceiba para recibir atención médica y monitoreo de su estado de salud en Tegucigalpa.
Después de varios meses de recuperación en la sede del COFADEH, Lucio Nelson logró caminar y mover uno de sus brazos, mientras que Wilmer Morgan Lucas Walter, paulatinamente se recuperó (aunque no totalmente de las heridas en una de sus manos). Tanta fue la empatía y solidaridad mostrada hacia el niño Wilmer Morgan, que una de las defensoras de derechos humanos del COFADEH, lo acogió en su casa y ha asumido la responsabilidad de apoyarlo en sus estudios y calidad de vida.
Extraoficialmente se conoció que el viernes 26 de mayo de este año, se llevaría a cabo en el Tribunal de Sentencias de la ciudad de La Ceiba, la audiencia de proposición de medios de prueba en el juicio oral y público sobre la masacre de Ahuás.
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