En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sentenció al Estado de Honduras por violación a varios derechos a las comunidades garífunas El Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
La sentencia encontró al Estado Internacionalmente responsable y lo condenó a reparar a las comunidades y devolver el territorio que ancestralmente les corresponde. Dos años dio la CorteIDH como plazo para que el Estado de Honduras haga las debidas reparaciones. Es hasta ahora, 16 meses después, que el Estado inició los acercamientos y diálogos como las comunidades garífunas.
Selvin López, representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), dice que nuevamente el Estado mostró irrespeto a las comunidades porque no llegó con propuestas concretas. Asegura que la estrategia del gobierno es continuar dándole largas al asunto, y hacer creer a la comunidad internacional que está cumpliendo con la resolución, cuando en realidad no es cierto.
La comunidad se manifestó y exigió al Estado que el primer punto en cumplir debe ser la devolución del territorio que ha estado en manos de empresarios y políticos de la zona, y así devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Selvin López agrega que se planteó una segunda reunión con los representantes del Estado en Tegucigalpa, donde se definirán las estrategias de cómo cumplir la sentencia de la CorteIDH.
Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, dice estar preocupada por la propuesta del Estado de hacer visitas, estudios técnicos y reuniones para analizar el cumplimento, pues ya es poco el tiempo que falta para llegar a la fecha límite.
“Fueron más de 10 años desde que presentamos la denuncia ante el sistema interamericano, y que ahora el Estado quiera darle largas al asunto, no se puede permitir”.
“Es un irrespeto a la comunidad garífuna, han pasado más de 18 meses desde que se dio el fallo, y no es posible que a última hora quieran comenzar con los acercamientos”, lamentó Miranda.
Cancelan concesiones mineras en Punta Piedra
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado de Honduras a cancelar las concesiones mineras de Punta Piedra I y II ubicadas en el municipio de Iriona, Colón, porque no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Selvin López espera que el mismo camino siga otras concesiones que ponen en peligro a las comunidades garífunas, como la concesión en las aguas del río Cuyamel y Sambo Creek en La Ceiba, Atlántida.
Según la OFRANEH la concesión minera no metálica Punta Piedra II, se encuentra registrada bajo el expediente 714 y abarca 800 hectáreas de tierra de las comunidades de Punta Piedra y Cusuna.
En ambos casos, se violó el derecho de propiedad comunitaria causada por proyectos turísticos, que están en manos de políticos y empresarios poderos del país.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado de Honduras debe dentro de un plazo de dos años proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad de El Triunfo de La Cruz, en dominio pleno y tomando en consideración sus tradiciones y costumbres.
Entre otras medidas están: el realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.
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