El asesinato del periodista Herlyn Espinal evidencia la vulnerabilidad de los organismos de investigación que en dos años y medio no han logrado determinar las razones del crimen ni dar con todos los implicados.
Espinal era reportero del noticiero Hoy Mismo en televisión de cobertura nacional asignado al sector de Valle de Sula. También formó parte de la Red de Corresponsales de Radio Progreso en el inicio de su carrera periodística. Fue asesinado en octubre del 2014 en el municipio de Santa Rita en el departamento de Yoro, lugar de donde era originario. Hasta el momento las autoridades identificaron a dos personas como responsables del asesinato, uno de ellos ya falleció y el otro se encuentra en prisión por acusarlo de encubrimiento.
Uno de los sospechosos del asesinato de Espinal era Juan Carlos Acosta Meléndez, fue identificado como uno de los autores materiales del crimen; él fue encontrado muerto por las autoridades policiales en el sector de Talanga, Francisco Morazán en octubre de 2014. Otro de los supuestos implicados es Rigoberto Zambrano quien era empleado de una hacienda de Santa Rita y en ese lugar se encontró la camisa que Espinal vestía el día que fue asesinado. Zambrano enfrentará audiencia en los juzgados de San Pedro Sula el próximo cinco de mayo.
Esos son los únicos resultados que han dejado las investigaciones sobre el caso, en el que las autoridades policiales manifiestan que el asesinato pudo ser efectuado por una persona cercana a Espinal, pero a pesar de eso todavía no hay claridad sobre las razones del crimen, ni sus implicados materiales y mucho menos intelectuales.
“Es necesario que se investigue el asesinato del compañero Herlyn Espinal, no es posible que todavía no se tenga claridad por qué fue asesinado el colega, es urgente que desde los organismos de justicia se investigue y se combata la impunidad en los crímenes contra periodistas”, afirmó el periodista de Canal Diez, Roberto Rodríguez.
Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, en los últimos quince años han sido asesinados de forma violenta al menos 63 personas ligadas a los medios de comunicación, entre ellos: periodistas, comunicadores sociales y propietarios.
De estas 63 personas asesinadas, el 95% han quedado impunes. Además el informe refleja que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho son los cuatro departamentos que en los últimos 15 años registraron los índices más altos de crímenes contra personas ligadas a los medios de comunicación.
En el período de referencia, 18 personas vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinadas en Francisco Morazán y 12 en Cortés, mientras Yoro y Olancho registraron cinco muertes cada uno, según el informe del Comisionado.
La abogada Brenda Mejía, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) exigió a las autoridades encargadas de la seguridad en el país que adopten medidas preventivas efectivas para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de personas ligadas a los medios de comunicación.
Además instó a las autoridades a que hagan efectivas las medidas cautelares solicitadas para proteger la vida de periodistas y comunicadores sociales en Honduras.
Enfatizó que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia, porque favorece el debate público, la participación ciudadana y el control del poder político.
El periodista Roberto Rodríguez dice que el gobierno no ha cumplido con la protección a periodistas y que el ambiente de vulnerabilidad se impone en la realidad del gremio a nivel nacional, por tal razón considera pertinente que desde el Colegio de Periodistas se presione al gobierno para que haga algo al respecto.
“Ya viene el día del periodista, esperamos que sea una jornada para presionar y demandar justicia por el asesinato de colegas en el país, esta situación no puede seguir así y por eso debemos levantar nuestra voz como comunicadores”, manifestó Rodríguez.
El crimen contra Herlyn Espinal se suma a la lista de comunicadores asesinados en el país, sucesos que permanecen en la impunidad ante la incapacidad del gobierno de investigar y dar con los responsables materiales e intelectuales de atentar contra la vida y la libertad de expresión.
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