Crímenes de odio e impunidad: dos zarpazos que laceran a la diversidad sexual en Honduras
Una de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad de prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el respeto y defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personal.
Sin embargo, no se puede ignorar que pese a los esfuerzos estatales es casi imposible prevenir todos los delitos que puedan ocurrir, por ello es que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar su voluntad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas a través de la investigación y sanción de los responsables.
En este sentido, la falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad y la sanción de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra que el Estado tolera que los criminales actúen libres e impunemente.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelven, 4 de cada 100 delitos.
De los más de 72 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011, 53 mil fueron remitidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y esta institución devolvió solo 11,400.
En 2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la DNIC. De este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe al Ministerio Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un 13%.
No hay duda que el Estado de Honduras ha fallado rotundamente en cumplir con su obligación de investigar y de esta manera se puede concluir que cuando los delitos no son investigados con seriedad como sucede actualmente, resultan, en cierto modo, auxiliados por el poder público, y comprometen directamente la responsabilidad de las autoridades.
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