La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de Antonio Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, dos Defensores de Derechos Humanos en Honduras. La Comisión Interamericana urge al Estado de Honduras a reforzar y profundizar la investigación de estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
La información recibida indica que el 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos, fue acribillado con 11 balazos disparados por dos desconocidos que conducían en motocicleta en las inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca, en el sudoeste de Honduras.
Adicionalmente, la información recibida indica que el 22 de septiembre de 2012, personas desconocidas balearon a Antonio Trejo Cabrera en Tegucigalpa, y que en los meses previos al crimen, había recibido reiteradas amenazas de muerte y había denunciado esa situación ante las autoridades. La información indica que Antonio Trejo Cabrera era apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), trabajaba en la defensa y promoción de los derechos de comunidades cooperativas campesinas en la zona del Bajo Aguán.
En la zona del Bajo Aguán, Tocoa, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. Según organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 53 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, habrían sido asesinadas desde septiembre de 2009 a agosto de 2012 en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continuaría desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no habría una investigación eficiente sobre estos crímenes. La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2010 y 2011, y observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de Honduras a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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