Un polémico proyecto que busca crear "Ciudades Privadas" en Honduras -con sus propias leyes, Policía, gobierno y sistema de recaudación de impuestos- se encuentra paralizado indefinidamente, a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a decenas de recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del plan y a la aprobación de su posible localización por parte del Congreso Nacional, según el gobierno federal.
"La institucionalidad nos exige esperar a los dictámenes de la Corte Suprema", dijo a The Associated Press uno de sus principales impulsores, el jefe de gabinete del presidente Porfirio Lobo, Octavio Sánchez.
La ausencia de plazos concretos obedece a que "hay recursos de inconstitucionalidad que nunca se han resuelto y otros que se han resuelto después de tres años", añadió.
Desde el punto de vista político, y en referencia a la aprobación del proyecto por parte del Congreso Nacional, Sánchez dijo: "Vamos a vivir los últimos 40 días de un proceso electoral y hay que esperar a que finalice para que podamos tener novedades".
La creación de las ciudades privadas, llamadas oficialmente Regiones Especiales de Desarrollo (RED), parte de un estatuto aprobado en enero de 2011 por el Congreso tras la modificación de una serie de artículos constitucionales que permitirían su excepcionalidad. La iniciativa, una vez aprobada judicialmente y en el Congreso, permitirá el desarrollo de una serie de zonas particulares.
Las RED, más conocidas como "ciudades modelo", han sido definidas como "una maquila de última generación" por uno de sus principales impulsores, el presidente del Congreso y candidato presidencial Juan Orlando Hernández o una "zona libre 2.0" según Michael Strong, responsable de MGK, el grupo de inversores norteamericanos que quiere comenzar a desarrollarlas.
La idea, según Sánchez, "es producto de la necesidad de ofrecer desde la institucionalidad una tercera vía de desarrollo frente a quienes quieren defender el statu quo actual del país y a quienes creen que el país necesita de una Asamblea Constituyente y de la voluntad de crear desde cero una región en Honduras donde implementar las mejores prácticas a nivel mundial en cuestiones que Honduras necesita resolver, como sanidad, educación, justicia y seguridad".
"Nuestro sector público no funciona", aseguró.
Sus impulsores presentan el proyecto como una oportunidad única para el desarrollo de Honduras, pero sus detractores como una entrega de la soberanía nacional.
El 6 de septiembre se firmó un memorándum de entendimiento entre el Consejo de Alianzas Público-Privadas de Honduras y MGK, con el objetivo de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente del Congreso de Honduras actuó entonces como testigo de honor e impulsor del mismo, junto con Sánchez.
MGK afirmó entonces tener preparados 15 millones de dólares para la construcción de la primera fase del proyecto, que podría crear 5.000 empleos en los próximos seis meses.
Sin embargo, los partidos políticos hondureños están por celebrar elecciones primarias el 18 de noviembre, donde elegirán a sus candidatos a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de noviembre. El presidente del Congreso decidió, alegando la polémica generada, detener la aprobación del proyecto hasta que pasen las primarias.
Sánchez consideró que la polémica sobre el proyecto es parte del "comportamiento normal de una democracia". Respecto a la imposibilidad para impulsar el proyecto desde el poder ejecutivo, dijo que la Constitución hondureña, aprobada en 1982, "está diseñada para evitar la emergencia de un dictador y es en esa dirección que existen tres poderes, el del presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Congreso, de entre los cuales ninguno puede prevalecer".
Uno de los impulsores de la asociación "Justicia en acción", detrás de la mayoría de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el proyecto, Antonio Trejo, fue asesinado recientemente. Pocos días antes de morir, dijo en una entrevista a The Associated Press que el proyecto "menoscaba la integridad territorial de Honduras y lo somete parcialmente al dominio extranjero" porque "tendrán sus propios gobernantes, sus propias leyes y sus propios organismos jurisdiccionales, fuera de la capacidad de injerencia del Estado".
Trejo, como el resto de opositores, también criticó que esas zonas de desarrollo "no pagarán impuestos al Estado y no aplicarán el derecho laboral hondureño", además de estar posiblemente ubicadas en zonas que caen dentro de territorio inalienable por parte del Estado, como costas y puertos".
Ebal Díaz, director legislativo del Congreso Nacional y responsable de la legalidad de los textos redactados considera erróneas las críticas a la pérdida de soberanía. Argumenta que en la ley que crea la zonas RED se habla de "un ámbito especial de competencia y no de un territorio". Para él, las RED serán parte del Estado y las compara con una municipalidad, "que tiene su propio alcalde, sus propias normas, sus propios juzgados, capacidad de crear tributos y hasta su propia policía en los ámbitos de su propia competencia".
Díaz sí reconoció, en cambio, que "los impuestos que se recauden en las zonas RED no llegarán a la caja única del Estado, ya que el Estado se ha privado de la capacidad de imponer tributos sobre ellas". Dijo que su principal novedad es "un alto nivel de autonomía y la exclusión de la institucionalidad administrativa nacional" para crear un "régimen amigable a la inversión extranjera a través de reglas que faciliten el libre comercio" con el objetivo de "aislarlas de los conflictos políticos nacionales".
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