Adital
Por Natasha Pitts *
Organizaciones internacionales, concientes del contexto de violencia e impunidad que impera en el Bajo Aguán, condenan el asesinato reciente del abogado y defensor de derechos humanos, Antonio Trejo, y del promotor especial para los DH del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos. Las organizaciones afirman que continuarán monitoreando la situación y reclamando acción de parte de las autoridades a fin de que se resuelva el conflicto agrario entre campesinos/as y propietarios de tierra.
Trejo, de 41 años, fue asesinado a tiros el 22 de septiembre, en las proximidades del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. El abogado era el representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (Marca) y luchaba por el acceso a la tierra. Después de 18 años de batalla judicial, Trejo consiguió que el Tribunal Civil de Letras de Francisco Morazán y el Tribunal de Letras Seccional de Trujillo dicten sentencias asegurando que la posesión de las propiedades San Isidro, La Trinidad y El Despertar, en poder de los empresarios Miguel Facussé y René Morales, era ilegal. De forma tal que las propiedades deben ser restituidas a los campesinos y campesinas.
La decisión no duró mucho tiempo y los/las campesinos/as fueron obligados a desocupar las tierras, pero fue demasiado como para incomodar a los detentores de poder en la región. Después de esa sentencia, las amenazas a Trejo y su familia se intensificaron.
Dos días después, el 24 de septiembre, el promotor especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos fue victimado fatalmente, también a tiros, por desconocidos, en las cercanías del Ministerio Público.
Antonio Trejo y Eduardo Díaz entraron en la extensa lista de defensores de DH, activistas y campesinos/as muertos en el contexto del conflicto agrario en el Bajo Aguán. En esta región, situada en el departamento de Colón, por lo menos 54 personas vinculadas con las organizaciones campesinas del Aguán fueron asesinadas. Además de éstos, un periodista y su pareja también están entre las víctimas, todas muertas después de septiembre de 2009, año marcado en Honduras por el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya del poder. Además de éstos, un campesino está desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.
Un motivo de preocupación, según la Fiscalía Especial de DH, también es la ausencia de investigaciones imparciales y serias para solucionar estos delitos.
En el intento de ayudar a solucionar el conflicto agrario en la región, las organizaciones internacionales refuerzan las demandas de las comunidades campesinas y piden el fin de la represión y persecución a los miembros de comunidades campesinas, la búsqueda de soluciones integrales y justas a las demandas, y el fin de los desalojos forzados.
* Periodista de Adital
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario