Por información del Banco Central (BCH) nos enteramos de que en el primer semestre de este año la fuga de capitales fue de 86,5 millones de dólares, cantidad que ha ido a engrosar las reservas de otros países, particularmente de Estados Unidos.
También ha trascendido que Honduras tiene el privilegio de contar con el mayor número de millonarios, entre todos los países de América Central, lo que resulta sorprendente en un país que es el segundo más pobre de América Latina.
Hay, por supuesto, una relación entre la fuga de capitales y la acumulación de riqueza, pues por lo general se trata de fortunas depositadas en el exterior por muchas razones, entre las que destaca su origen oscuro o especulativo, producto de la corrupción.
La transferencia de capitales a otros países es una vieja práctica, pero se ha acrecentado en los últimos años, en la medida en que van creciendo las actividades del narcotráfico, el peculado y el abuso comercial.
Siempre se dijo que si lográramos repatriar esos dineros habría recursos financieros para desarrollar el país sin necesidad de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de concesiones leoninas ni de dependencia crediticia externa. Pero tal retorno de capitales es una utopía.
Una utopía que se revela con proyectos como el de las “ciudades fletadas”, o ciudades-modelo, que son cebo para la atracción de capital aventurero, independientemente de su cognomento desnacionalizador y de colonialismo económico.
Algunos analistas de la economía chapados al modelo neoliberal consideran que la causa principal de la fuga de capitales obedece, en nuestro país, esencialmente a tres factores: el exceso de violencia y criminalidad, la elevada carga de impuestos y la incertidumbre por la lucha de clases.
Posiblemente esos tres elementos juegan un papel reflejo, pero podrían ser considerados, más bien, consecuencia de la fuga de capitales. Lo que sí es fundamental en todo esto es el problema de la seguridad jurídica, un tema, por cierto, jamás resuelto y que es fundamental para el diseño de un modelo económico.
La cuestión es, en última instancia, que la forma natural —por no decir ideal— de desarrollar un país es creando su propia riqueza, su ahorro interno, aprovechando al máximo sus recursos y su capital humano. Un país que cumple con esa fórmula, en ejercicio de su propio modelo económico, fortalece la unidad nacional y permite el funcionamiento democrático.
Con el modelo económico y sus prácticas actuales la perspectiva es de crecimiento de la violencia y de la criminalidad, de la fuga de capitales —en dinero y humano— y de mayor carga de impuestos para sostener el andamiaje político-estatal. En suma, es el horizonte de la pobreza en todas sus formas.
Además, cuando se habla de fuga de capitales no se toma en cuenta la otra parte, que son las transferencias derivadas de la explotación corporativa, cuyo monto se calculaba hace muchos años en 5 dólares por cada dólar invertido. Actualmente ha de ser mucho más, y peor todavía en el panorama de las ciudades fletadas.
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