Pasado el desvarío de las “ciudades modelo”, queda la impresión de que el gobierno ha quedado sin alternativa en cuanto a propuesta de desarrollo económico, como si se hubieran puesto los huevos en una sola canasta.
En ese sentido, el fracaso político se agranda con la inminencia de la justa electoral porque no hay lugar, en el corto tiempo, a la absorción del impacto, y, por lo mismo, el costo de la aventura del Proyecto de las Redes Especiales de Desarrollo (RED’s) es muy alto y se hará sentir en las elecciones primarias y en las generales.
El intento de desvirtuar la oposición al proyecto de disolución nacional de las “ciudades modelo”, haciéndola producto de una confabulación de los extremismos de la derecha y de la izquierda es absurdo y de nada sirve para reducir el impacto del costo político. Sucede así con el propósito de ignorar el valor de la unidad colectiva en defensa de la soberanía y de la identidad nacional.
Asimismo, revela la existencia de un vacío político que el gobierno no se halla en capacidad de llenar, pero que tampoco se suple con una propuesta atrayente y creíble por parte de los partidos políticos ni de los sectores económicos y sociales de nuestro país.
Lo que más se asemeja a propuesta de desarrollo económico es el ofrecimiento de proyectos de generación de empleo, a través de un impulso a la mediana y la pequeña industria, las mipymes, para hacer frente a la masiva demanda de empleo y al estancamiento de la inversión productiva.
Sin embargo, esos proyectos, aunque importantes, no representan una propuesta integral de desarrollo económico-social, de acuerdo con la realidad de nuestro país, que es el punto focal a que debe llegarse para establecer, efectivamente, una política de Estado en este campo.
Si analizamos con alguna profundidad el fracaso del Proyecto RED’s, independientemente de su aspecto toral de inconstitucionalidad y de desintegración institucional, podríamos llegar a la conclusión de que nació muerto por su cualidad elitista intrínseca, de naturaleza neocapitalista en perjuicio de la equidad social y de la soberanía económica.
Un proyecto que, en su esencialidad, implicaba la proyección hacia una dictadura fascista, en que el control del poder político queda totalmente en manos del corporativismo y los organismos de seguridad del Estado en la función de desarticular las organizaciones sociales y desmantelar el ejercicio de la soberanía popular.
La lección por aprender es que el desarrollo económico y social de nuestro país solamente es factible con un modelo de amplia participación y de afirmación nacional, de regionalización de la actividad productiva en Regiones Nacionales de Desarrollo (RND), de acuerdo con los recursos de cada región, con la lógica estructuración de las comunicaciones y con la facilitación financiera y de las funciones administrativas, como si se tratara de un haz cohesionado por el gobierno central.
El desarrollo de un modelo así es realista y constructivo, en vez de las imitaciones delirantes de las “ciudades modelo”, pero que requiere, eso sí, de un esfuerzo nacional, tanto de la empresa privada como de la organización laboral, gremial y de la sociedad civil. Y ahí es donde está el mayor reto. Un reto político, indudablemente.
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