Por Dana Frank
Honduras se está volviendo conocida. El país tiene ahora el nivel de homicidio más alto del mundo. En 2011, más personas fueron asesinas per cápita en el centro industrial de San Pedo Sula que en Ciudad Juárez, México, en donde la guerra de drogas existe con furor en la frontera con EE.UU. También se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos para ser periodista: por lo menos 23 han sido asesinados en los últimos tres años. Y según el Banco Mundial, 60 por ciento de la población vive en pobreza, una estadística superada en el hemisferio occidental sólo por Haití.
No es difícil encontrar las raíces del problema. Una manotada de arraigadas familias de las elites controla al gobierno en Tegucigalpa. El gobierno nunca fue completamente honesto para empezar, pero el golpe militar de junio 2009, el cual derrocó al presidente hondureño democráticamente electo Manuel Zelaya, abrió las puertas completamente y el gobierno es ahora corrupto de arriba abajo. El sistema judicial está roto. Según Marvin Ponce, el vicepresidente del Congreso de Honduras, el 40 por ciento de la policía del país está involucrada en el crimen organizado.
Cuando Roberto Micheletti tomó el poder como presidente de facto, se enfrentó con una enorme resistencia. Micheletti y su sucesor se derribaron a mano de hierro. Desde el 2010, han habido más de 10.000 quejas de abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad del estado, según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la organización de derechos humanos más destacada del país. Como jefe de la policía de San Pedro Sula, Hector Ivan Mejia supervisó el uso de gas lacrimógeno contra protestantes de la oposición el 15 de septiembre 2010, cuando las fuerzas de seguridad forzaron su entrada y amenazaron a una estación de radio de la oposición; hoy él es el vocero nacional de la policía hondureña.
En muchos aspectos, Washington es responsable por éste rumbo funesto. Desde los tempranos días del golpe, EE.UU. tomó malas decisiones. El gobierno de Obama estaba dispuesto a llamar la destitución de Zelaya un golpe de Estado, pero se rehusó a usar el término “golpe militar,” el cual hubiera requirido un corte legal de fondos de asistencia financiera militar y policial. En vez de hacer esto, el Presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado Hillary Clinton legitimaron a Micheletti como un oponente equitativo a Zelaya en las negociaciones. Nunca denunciaron la represión que siguió.
En noviembre 2009, las elecciones presidenciales avanzaron bajo el control de Micheletti. La mayor parte de la oposición las boicotearon porque era imposible hacer una campaña libre y el proceso electoral estaba controlado por el mismo ejercito que cometió el golpe. Observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter y la ONU, concordaron y se negaron a monitorear las votaciones. Porfirio Lobo Sosa (conocido como Pepe Lobo), de la elite tradicional en cargo, obtuvo un 56 por ciento de los votos, pero la mayoría de los países en el hemisferio rechazaron reconocer su victoria oficialmente. Sin embargo, Washington alabó las elecciones y continuó a llamar a la administración de Lobo un “gobierno de reconciliación nacional”.
Ha sido todo lo opuesto. En cuanto tomó su cargo, Lobo reasignó a una gran cantidad de las mismas personas que cometieron el golpe. Hay razones para creer que muchos de los altos funcionarios en su administración están íntimamente conectados con el comercio ilícito de drogas. El ministro de defensa de Honduras, Marlon Pascua, ha hablado de los “narco jueces” y “narco diputados” que supervisan los carteles. Alfredo Landaverde, un ex diputado y comisionado de la policía, acusó que el diez por ciento del congreso de Honduras e “importantes figuras nacionales y policiales” están involucrados en el tráfico de drogas. Él fue asesinado el diciembre pasado.
Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU. ha profundizado su compromiso con Lobo, reforzando su gobierno con la presencia del ejercito estadounidense en Honduras y firmando un nuevo pacto de seguridad el mes pasado. La asistencia financiera del ejército de EE.UU., después de haber sido disminuida inmediatamente después del golpe, ha vuelto a subir cada año desde el golpe. Washington enviará más de $50 millones en asistencia militar a Tegucigalpa éste año, mucho como parte de los $200 millones de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central. El Pentágono se está gastando otros $24 millones más para asegurar que su cuartel sea permanente en la base aérea Soto Cano. Washington justifica éste aumento de fondos en nombre de la lucha de la guerra contra las drogas, aunque finalmente está comenzando a reconocer la crisis.
La situación trae recuerdos inolvidables de otras intervenciones de EE.UU. en América Latina. Washington tiene una historia oscura de apoyo hacia golpes militares en contra de gobiernos democráticos y de dar apoyo financiero a regímenes represivos. En 1964, EE.UU. apoyó el golpe militar en Brasil, en 1973 apoyó el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile; y durante los 1980s, le mandó millones de dólares a los líderes en El Salvador. Todos estos gobiernos respaldados por EE.UU. gobernaron con enorme brutalidad. Hoy en Honduras, las manos de EE.UU. ya están sucias: una redada de drogas pifia en la región de Moskita el 11 de mayo, llevada a cabo por agentes estadounidenses de la brigada anti drogas (DEA) y las fuerzas de seguridad hondureñas, dejó a cuatro civiles muertos, dos de los cuales fueron mujeres embarazadas.
El Departamento de Estado está siguiendo una política equivocada por mayores razones estratégicas en la región: para presionar a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, entre otros, los cuales se han movido considerablemente hacia la izquierda en los últimos 15 años. Por encima de todo, la política de Washington hacia Honduras es un mensaje deliberado para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Haber financiado el golpe sirvió como una amenaza no muy sutil para decir que los otros podrían ser los siguientes. Paraguay sirve para demonstrar este punto aún más—en junio, el Departamento de Estado se dio la vuelta cuando el presidente paraguayo Fernando Lugo fue derrocado.
Según se informa, Obama y Clinton han cedido la política de América Latina a nivel del día-a-día a funcionarios de bajo nivel en el Departamento de Estado. Las fuentes sugieren que personas designadas a quienes les importa los derechos humanos son encajados por funcionarios remanentes de la administración de George W. Bush y funcionarios del Departamento de Estado quienes ejecutan el programa. La Representante Ileana Ros-Lehtinen (R-FL.), reafirmada por sus aliados en el congreso quienes representan a los Cubano Americanos de derecha, abiertamente celebró el golpe. Igual lo hace Mitt Romney, quien recientemente criticó a Obama por no haberlo respaldado.
Sin embargo, fuerzas en el congreso han puesto presión en contra a Obama. El 2 de octubre, representante Howard Berman (D-Calif.), miembro superior del Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores, le escribió una carta a Clinton demandando una reajustada fundamental en la política de EE.UU. en Honduras. Jan Schakowsky (D-Ill.), James McGovern (D-Mass.), Sam Farr (D-Calif.), y Jared Polis (D-Col.) encabezaron un grupo de casi 100 miembros del congreso que demandó la suspensión inmediata de la asistencia financiera policial y militar de EE.UU. hacia Honduras. Los senadores Patrick Leahy (D-Vt.), Barbara Mikulski (D-Md.) y otros han desafiado a la Casa Blanca sobre los abusos de derechos humanos de parte de la policía y el ejército que son respaldados con fondos de EE.UU.
A pesar de la presión de parte del Congreso, a comienzos de agosto el Departamento de Estado declaró que Honduras había cumplido las condiciones para mejorar los derechos humanos y el estado de derecho requeridos por el proyecto de ley de apropiaciones de 2012. En efecto, el gobierno estaba declarando oficialmente que la situación de derechos humanos en Honduras es aceptable. Aún señala mucho que los fondos para el nuevo jefe de la policía nacional de Honduras fueron retenidos hasta que fuera investigado por las alegaciones de que supervisó escuadrones de muerte. Sin embargo, la embajada de EE.UU. en Honduras fue renuente al explicar o defender su posición cuando lo hizo, sugiriendo que los fondos fueron suspendidos sólo a raíz de la presión del congreso.
Pero ésta estrategia está debilitando a Washington en sus relaciones con sus aliados en toda América Latina. Brasil, la fuerza motriz económica de la región, condenó el golpe como una amenaza a “las reglas de la democracia” y dejó que Zelaya tomara refugio en la embajada de Brasil. Desafiando a EE.UU., Brasil y otras naciones estuvieron de acuerdo para admitir a Honduras en la Organización de Estados Americanos solamente después del acuerdo de mayo 2011 que dejaría que Zelaya volviera a su país sin peligro.
Una propuesta prudente cambiaria el rumbo completamente: EE.UU. se distanciaría del gobierno de Lobo, hablaría claramente de sus deficiencias, e inmediatamente cortaría la asistencia a la policía en Honduras. Si no eso, podría usar suspensiones parciales como influencia para forzar reformas. Una comisión internacional, dirigida por los poderes regionales y la ONU, llevarían a cabo investigaciones de las fuerzas de seguridad de Honduras y del sistema judicial.
El gran ejército de guardias de seguridad privados del país, que ya sobrepasan en cantidad a los 14.000 policías por casi tres a uno y operan casi enteramente sin la supervisión del estado, debe ser controlado. Además, Honduras necesita urgentemente una reforma agraria coherente, ya que activistas de derechos de la tierra continúan siendo asesinados. Las recientes propuestas de las “ciudades modelo,” que dejarían que extranjeros crearan enclaves en los cuales ni la constitución de Honduras ni su sistema legal pudiesen ser aplicados, deben ser paradas completamente. EE.UU. debería apoyar dinámicamente y públicamente éstas posiciones y aquellos que las defienden.
A largo plazo, apoyar el proceso democrático es primordial. Las elecciones primarias están listas para noviembre en preparación para las elecciones presidenciales en noviembre 2013. EE.UU. debe poner todas sus fuerzas detrás de unas elecciones libres y justas, sabiendo muy bien que en un proceso electoral honesto, Xiomara Castro Zelaya, la ex primera dama y ahora candidata presidencial de Libre, el nuevo partido opositor, probablemente ganará con un margen considerable. Encuestas recientes demuestran a Castro con ventaja, con los partidos dominantes tradicionales, incluyendo el de Lobo, atrás. Washington, que fue consistente en su hostilidad hacia Manuel Zelaya y crítico de sus conexiones con gobiernos progresivos en América Latina, presuntamente se siente de igual manera hacia su esposa, quien ha desarrollado su candidatura a raíz de la resistencia al golpe de estado. Sin embargo, debe abstenerse de apoyar privadamente a un candidato alterno que le guste más.
Los jefes de Estado de América Latina y el Caribe, enfrentados por el apoyo estadounidense hacia un régimen que amenaza el orden constitucional y el estado de derecho por lo cual han luchado fuertemente y por mucho tiempo, se están uniendo cada vez más y declarando su independencia de Washington. La posición anacrónica de EE.UU. hacia Cuba en la Cumbre de las Américas de abril en Cartagena sólo empeoró la situación. Al optar por intensificar su poder militar sobre relaciones económicas prosperas, lo cual China está favoreciendo y desarrollando, Washington pone en riesgo el alienar a sus aliados aún más. En Honduras, los líderes de América Latina y el Caribe tienen un ejemplo muy claro de lo que EE.UU. puede ofrecerles: patroncinar un desastre de derechos humanos.
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