Por José María Tojeira *
El pasado 18 de octubre, hubo un importante acto en el auditorio de Derecho de la UES. Se expuso el informe reciente de la Comisión de Verdad sobre el golpe de Estado realizado en Honduras el año 2009. El título de este documento es: “La voz más autorizada es la de las víctimas”. Magnífico título para un documento jurídica y técnicamente muy bien fundado y con un profundo sentido humanista, escuchando especialmente a los que a partir del golpe han estado sufriendo represión y mal trato hasta la actualidad. Frente a quienes dicen o han dicho que no hubo golpe de estado, el Informe deja la prueba irrebatible de una serie de violaciones no sólo legales, constitucionales y de procedimiento, sino también de la voz adolorida de las víctimas que sufrieron muerte, destierro, tortura y diferentes formas de represión política. No sólo hubo golpe de estado, sino que fue un golpe claramente represivo, injusto y violento. Este magnífico informe tiene valores indudables y múltiples. Entre ellos, y de cara no sólo a Honduras sino a toda Centroamérica, conviene señalar los siguientes puntos. El primero es la pasión por la verdad de las víctimas. El primer e irrenunciable acto de justicia, indispensable después de actos represivos que generan muerte y violaciones sistemáticas de derechos humanos, es el de establecer la verdad. Y establecer esa verdad desde aquellos que sufrieron las graves violaciones de sus derechos. En estos casos de muerte, tortura o exilio, la verdad no depende de teorías ni de consideraciones políticas. Es una verdad desnuda, como la de Cristo en la cruz. Porque nadie es señor o dueño de vidas y personas, nadie tiene derecho a violar la dignidad humana, nadie puede disponer de la fuerza y el poder más allá de los derechos básicos de los seres humanos.
El segundo elemento es la denuncia de la ley de amnistía. En nuestros países las leyes de ese género sólo han servido para proteger la impunidad de los fuertes y, en ese sentido, para ser semilla de muerte y violencia. Porque impedir que la justicia toque a quienes tienen poder, grado militar o dinero para financiar o cooperar con graves violaciones de derechos humanos rompe de tal manera las posibilidades de cohesión y confianza social, que genera mayores males que los que pretende prevenir. Las leyes de amnistía en América Latina no han sido más que bofetadas en el rostro de los pobres y de las víctimas, y no actos de reconciliación como se pretende. Se puede comprender que después de guerras civiles o graves confrontaciones sociales se busquen mecanismos de reconciliación e incluso se encuentren posibilidades de indulto a determinadas faltas. Pero pretender, como hacen las leyes de amnistía, que aquí no ha pasado nada, no es más que un acto de prepotencia descarada de quienes tienen el poder y lo usan en su beneficio y provecho.
Leyendo con detención el informe, aunque no se pronuncia al respecto, quienes hemos visto la realidad centroamericana en el último medio siglo podemos y debemos preguntarnos si nuestros países necesitan ejércitos. Los ejércitos centroamericanos, incluyendo el sandinista, han asesinado personas inocentes con frecuencia de un modo sistemático sin que la justicia les toque y sin que ellos, institucionalmente, pidan perdón o reconozcan la verdad. Han cometido verdaderos crímenes institucionales, porque han protegido sistemáticamente a criminales y no han permitido investigaciones al respecto. Es evidente que aunque en algunos momentos realicen algunas tareas positivas, éstas últimas no justifican la existencia de instituciones que se niegan a reconocer la verdad de sus crímenes y que amparan a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos. Mientras los civiles no nos atrevamos a plantearnos y a debatir la conveniencia o inconveniencia de la existencia de fuerzas armadas en nuestra región, los militares continuarán con su prepotencia, incapaces de pedir perdón y basculando como amenaza a la democracia y a los Derechos Humanos.
Finalmente el informe toca a profundidad dos temas que están en la base de la regeneración de nuestros países centroamericanos. La pobreza injusta, con su terrible plaga de desigualdad, que constituye en realidad una verdadera guerra de los ricos contra los pobres, genera violencia y está en la raíz de golpes de estado y otras situaciones lesivas a la dignidad humana. Una mejor y más justa redistribución de la riqueza nacional, nos dice el informe, unida a una nueva construcción de la democracia, es imprescindible para sentar auténticos procesos de paz en nuestros países. La mayor participación de la sociedad civil en estos procesos de profundización y reconstrucción de la democracia es indispensable. Con un aliento solidario y hondamente humano, este documento es una nueva voz pidiendo en Honduras en particular, pero también en nuestros países, esa verdadera justicia y reparación que pasa tanto por acciones particulares como por reformas estructurales de nuestra convivencia, nuestras leyes y nuestras redes de protección social.
San Salvador, El Salvador
* Sacerdote Jesuita
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