Las máximas autoridades de la Policía hondureña confirmaron la entrega ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de un ex agente policial implicado en la muerte de dos universitarios, quien habría disparado el arma para quitarles la vida a ambos jóvenes.
- Cuatro días después de cumplirse un año del asesinato de los jóvenes Alejandro Vargas y Carlos Pineda, el policía que disparó para quitarles la vida se entregó ante el Conadeh.
- Inmediatamente comenzó la audiencia de declaración de imputados en la base aérea hondureña por parte una juez con jurisdicción nacional.
Cuatro días después de cumplirse un año del asesinato de Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora universitaria Julieta Castellanos; y el amigo de éste Carlos David Pineda, se confirmó la entrega de uno de los tres ex agentes prófugos y asignado a la posta de La Granja, en Comayagüela.
Se trata del ex efectivo policial Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, quien se presentó ante el Comisionado Ramón Custodio, inmediatamente se hicieron los trámites legales correspondientes para presentarlo ante el Ministerio Público, informó el portavoz de Seguridad, Héctor Iván Mejía.
“Tenemos información que el ex agente Padilla se presentó ante el Conadeh”, dijo el vocero al tiempo de hacer un llamado público a los otros dos ex agentes prófugos que tomen este ejemplo y se presenten voluntariamente ante los entes competentes.
Mejía declaró ante los medios de comunicación que “la idea es que a estas personas se les aplique la ley en su totalidad”.
Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo que el ex agente se presentó en horas de la noche del jueves ante el comisionado y que se trata del asesino directo de Rafael Vargas y Carlos Pineda.
“Para nosotros es un paso importante que se haya entregado la persona que fue capaz de haber disparado en contra de dos jóvenes totalmente indefensos, son momentos difíciles, pero significa un avance en el proceso de investigación”, afirmó Castellanos.
La rectora reveló que a través de los investigadores privados conocían los lugares donde Padilla Rodríguez se movía, “a él se le murió una hermana hace un mes aproximadamente, pero no había sido posible capturarlo, se tenían identificadas las casas donde se movía en la zona fronteriza, inclusive se conversó con la Policía nicaragüense para poder contar con su apoyo, también se desplazaba entre cafetaleros que le daban empleo… se tenían los números telefónicos de su compañera de hogar, incluso hubo un momento que se incursionó en la zona de varias formas, me imagino que él sabía que estaba cerca una captura por parte de la Policía”, detalló la rectora universitaria.
Recalcó que las investigaciones de la Policía coincidían con las acciones individuales que los prófugos tenían y agregó que ahora les corresponde a los fiscales, al juez y al Ministerio Público aplicar la ley.
Julieta Castellano dijo desconocer el paradero de los otros dos ex agentes prófugos de la justicia porque se supone que se dispersaron.
El 1 de noviembre de 2011, las autoridades policiales revelaron las fotografías de los cuatro miembros de la Policía Nacional involucrados en la muerte de los jóvenes universitarios.
Los cuerpos de seguridad decidieron publicar las fotografías para dar con el paradero de los tres policías y el sub comisionado de la Policía Nacional quienes se dieron a la fuga tras salir de franco, pese a que estaban bajo investigación por su presunta investigación en el hecho criminal.
En ese momento, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 50 mil lempiras por dar información de los prófugos; se facilitaron los números telefónicos 9947-8698 y 2229-0625 para la recepción de denuncias bajo confidencialidad.
Asimismo, se informó que se asignó un juez natural que conocerá estrictamente la causa de los jóvenes universitarios.
En esa oportunidad el Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa, remitió a la Penitenciaria Nacional a cuatro policías que también están presuntamente involucrados en el crimen de Pineda Rodríguez y Vargas Castellanos.
Los policías identificados como; José Manfredo Fúnez Colindres, Martín Orlando Cortés, Gabriel Donatilo Macías Hernández y Wilson Córdova Rodríguez, asignados al distrito policial del barrio La Granja, fueron enviados al centro penal donde guardan prisión por el asesinato de los dos jóvenes.
Mientras José Rubén Pozo, otro de los implicados se entregó en diciembre de 2011 ante el Comisionado de los Derechos Humanos y guarda prisión por este delito. Se mantienen prófugos de la justicia los ex agentes Carlos Figueroa y Carlos Galeas.
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