Por Efren Lemus, Óscar Martínez y Daniel Valencia
Un salvadoreño con antecedentes penales en Estados Unidos fue capturado en un extraviado camino de Honduras en agosto. El fiscal hondureño que lo acusó fue asesinado a balazos un mes más tarde y el todoterreno en que Istvan Zachary Sánchez Lemus transportaba la droga estaba bajo vigilancia en El Salvador por sospechas de que el Cártel de Texis lo usaba para mover droga y dinero en compartimentos ocultos.
"Tome esto y déjeme pasar", dijo el salvadoreño Istvan Zachary Sánchez Lemus al agente preventivo de la Policía hondureña, mientras extendía el brazo hacia el oficial, que recién le había cerrado el paso sobre la salida de un pueblo viejo, rodeado por montañas y caminos vecinales maltrechos y polvorientos. Lo que el salvadoreño ofrecía en una de sus manos era un fajo de billetes verdes, de distinta denominación, que sumaban 600 dólares. Eran las 10 de la mañana del miércoles 22 de agosto de 2012 cuando Istvan intentaba sobornar a un policía de Honduras.
Istvan conducía una camioneta Hyundai Terracan color gris cuando fue interceptado. Con ese vehículo había entrado a Honduras 11 días antes. Un vehículo que no le pertenecía, un vehículo con placas salvadoreñas. Pero más que una camioneta, aquella en realidad era el blanco de todas las sospechas de la División Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de Choluteca, el departamento de Honduras que comparte frontera con El Salvador y Nicaragua. En un mapa, Choluteca luce como una bisagra entre Nicaragua y El Salvador.
Hacía cuatro meses que la DNIC trataba de confirmar aquello que le decían sus informantes en la zona: por esos caminos polvorientos circulan carros sospechosos a toda velocidad. Posiblemente, decían las fuentes, se trataba de narcotraficantes que movían droga o dinero entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, con la complicidad que ofrecen las aguas del Golfo de Fonseca.
Cuando los agentes mandaron el alto, el conductor de la camioneta probablemente se sintió muy nervioso, pero aún así intentó guardar la compostura. Le pidieron los documentos de tránsito, él los entregó, sereno; le preguntaron si portaba armas, a lo que respondió que no, con un movimiento de cabeza; y luego le preguntaron qué andaba haciendo ahí, en esos parajes tan alejados de la ruta principal.
- Vine a visitar a una novia que tengo en Choluteca –dijo Istvan.
Pero nada tenía lógica. Si Istvan venía de Choluteca, y se dirigía hacia El Salvador, lo normal hubiera sido que tomara la carretera Panamericana, en línea recta desde Choluteca hasta la frontera El Amatillo, a 100 kilómetros. Pero Istvan se había alejado una hora de la carretera, la había rodeado, hasta ese punto en el que lo detuvieron los agentes: ese camino vecinal que la mayoría de las veces solo es transitado por los habitantes de la aldea San Juan, municipio de Pespire.
¿Por qué había dado esa vuelta? ¿Por qué había subido hasta el municipio de Orocuina, para saltarse a Pespire y bajar más delante de nuevo a la Panamericana?
La intención era evadir los retenes rutinarios que había en la Panamericana. Todas las probabilidades indicaban que un vehículo con placas salvadoreñas, en una carretera hondureña, sería detenido por la policía. O al menos eso cree el jefe de la DNIC de Choluteca, el inspector Félix Oyuela.
Cuando el agente le preguntó a Istvan por qué había tomado esa extraña y perdida ruta para salir de Choluteca, no supo qué responder. Los agentes le pidieron que se bajara del auto porque iban a revisarlo a él y al auto, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cobrar sentido.
Istvan extendió el brazo para ofrecerle 600 dólares de soborno a un agente preventivo de la Policía.
La Policía hondureña es una institución cuestionada y a la que se le han descubierto decenas de irregularidades. Desde robos, asaltos, sicariato, secuestros, relación con el crimen organizado y el narcotráfico. La sociedad hondureña terminó de dimensionar el problema de su Policía en octubre de 2011, cuando se descubrió que un grupo de agentes de Tegucigalpa secuestró y asesinó al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Un mes más tarde, incluso el presidente Porfirio Lobo sugirió a la población hondureña que si se conducían en un vehículo y eran detenidos por un retén policial, que mejor lo evadieran, que huyeran a toda prisa.
600 dólares, para un agente preventivo, no son poco cosa. Convertidos suman, aproximadamente, 11 mil 400 lempiras, un salario mensual y medio. Una cifra tentadora. Pero en la mañana de su captura, el salvadoreño Istvan no corrió con tanta suerte. Se topó con un policía honesto que rechazó el soborno y procedió, junto con sus compañeros, a inspeccionar el vehículo.
- Si no soy narcotraficante– dijo Istvan, como tratando de bromear, pero rápido sabrían los agentes que estaba mintiendo.
Encaletados, en un hueco creado entre el baúl y el chasis, en la cola del vehículo, encontraron 50 kilogramos de cocaína. Un kilogramo por paquete, 50 paquetes envueltos, cada uno, con plástico transparente. Sellados, cada uno, con cinta adhesiva de color café. Una carga cuyo precio puede oscilar entre los 600 mil y los 1.2 millones de dólares, dependiendo del tramo hacia Estados Unidos en el que se encuentre.
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Istvan Zachary Sánchez Lemus es un hombre joven. Su licencia de conducir dice que nació el 5 de enero de 1980. Por cómo pintan las cosas celebrará su cumpleaños 33 solo y tras las rejas de la Penitenciaría Nacional de Choluteca. Hace un año, el 7 de septiembre de 2011, Istvan tenía el pelo corto, engominado hacia atrás. Hoy lo lleva más largo, con unas mechas lisas que parecieran espantarse por encima de su frente.
Ha contratado un abogado privado para que tramite su caso ante el Juzgado de Choluteca, y se espera que para finales del presente octubre se abra su proceso. Ha sido acusado de tráfico ilícito de drogas.
“50 kilos de droga decomisan a salvadoreño en Pavana”, tituló el diario hondureño La Tribuna, un día después de la captura.
En una foto aparece Istvan, esposado, en la cama de un pick up, pantalón negro, camisa a cuadros manga corta. Derrotado. En la otra foto, seis agentes ordenan, concentrados, unos paquetes rectangulares, en el suelo. La camioneta aparece al fondo, con todas las puertas abiertas.
“Cae salvadoreño con 50 kg de coca en Honduras”, titulo El Diario de Hoy de El Salvador. La cantidad de cocaína era el número que resaltaba en las portadas.
Sin embargo, hay otro número que puede ofrecer más respuestas sobre Istvan y su cargamento. Adelante y atrás del Hyundai Terracan del año 2005 que Istvan conducía en aquel camino terroso se podía ver que las placas del carro eran P-111483. Sería un código más, de no ser porque esa misma letra seguida por esos mismos seis números aparecen citados en un informe del Centro de Inteligencia Policial (CIP) de El Salvador que está incluido en un expediente más amplio que fue presentado a las máximas autoridades de seguridad, incluyendo al ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés.
El informe tiene como asunto “Narcotráfico”, y está fechado el 18 de abril de este año. En resumen, el documento de tres páginas relaciona a Roberto “El Burro” Herrera y a José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, con una serie de vehículos y personas que según el informe se dedican a trasladar dinero y drogas. Ambos personajes son, según investigaciones de autoridades salvadoreñas -y también de la DEA estadounidense-, sospechosos de dedicarse al narcotráfico y al lavado de dinero en una organización conocida como el Cártel de Texis.
Bajo el subtítulo “Otra información relacionada al sujeto alias Burro Herrera”, se lee tal cual el siguiente párrafo: “También se ha observado el vehículo placas P111-483 en algunas transacciones, dicho vehículo fue observado en ferias ganaderas en las que participaron los sujetos Burro Herrera juntamente con Chepe Diablo, el mismo fue detectado con protección de otros vehículos cruzando la frontera por el lado del Poy”.
La placa mencionada en el párrafo anterior es la misma de la camioneta todoterreno Hyundai Terracan que conducía el salvadoreño Istvan cuando fue detenido en Honduras con 50 kilogramos de cocaína.
Según su registro, el vehículo no pertenece ni a Istvan ni a ninguno de los mencionados, sino a Mario David Rodríguez Linares.
Herrera y Salazar, según distintos informes de inteligencia que han sido producidos en los últimos 10 años, según fuentes vivas, e incluso según altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, Mauricio Funes, son dos de los líderes de una estructura de contrabandistas y narcotraficantes que dominan desde la ciudad de Metapán la ruta fronteriza salvadoreña de El Caminito, una conexión terrestre entre Honduras y Guatemala para pasar desde ganado y vehículos robados hasta drogas y armas. Esa red fue desvelada el 16 de mayo de 2011 en una publicación de este medio, bajo el título de El Cártel de Texis, en referencia al municipio de Texistepeque, de donde varios de los miembros de la red son oriundos.
El informe no solo menciona esa placa. El informe no solo menciona esos nombres.
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Que un salvadoreño sea detenido con 50 kilogramos de cocaína no es algo que ocurra todos los días. Al menos no en Choluteca. En los días posteriores a la captura de Istvan Zachary Sánchez Lemus, el fiscal Manuel Eduardo Díaz remitió el caso a la Oficina contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Esta oficina, por ley, es la encargada de investigar estructuras complejas del crimen organizado y del narcotráfico. Al fiscal Díaz le pareció que todo apuntaba a que Istvan pertenecía a una.
No está nada claro qué ocurrió, pero la Oficina contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico desestimó el caso. Sin embargo, el 29 de agosto, la Fiscalía Regional de Choluteca, sin el apoyo de la oficina especializada, individualizó el caso y presentó acusación en contra del salvadoreño por tráfico ilícito de drogas ante el Juzgado Segundo Departamental de Choluteca. La falta de claridad es una nebulosa que también sorprende al coordinador de fiscales de la región, Manuel Villamil.
El problema se complica porque quien podría aclarar la confusión, el fiscal Díaz, fue asesinado menos de un mes después de haber presentado la acusación contra Istvan Zachary: el 24 de septiembre de 2012 recibió nueve disparos en el centro de la ciudad de Choluteca. Por este crimen ya hay tres capturados y las autoridades descartan que exista una vinculación entre el asesinato y el caso del salvadoreño Istvan Sánchez Lemus.
“No entendemos por qué desestimaron de ver el caso, sobre todo porque la cantidad no es poca cosa. Lo normal en esta zona es que se hagan capturas de personas que portan uno, dos kilos. Y marihuana, sobre todo… Acá seguimos el proceso mientras el acusado guarda prisión preventiva”, dijo Villamil, el coordinador de fiscales de Choluteca.
El jefe de la División Nacional de Investigación Criminal en Choluteca, el inspector Félix Oyuela, también desconoce qué pasó en el Ministerio Público. Sobre todo porque la Policía, asegura, sigue haciendo averiguaciones para determinar a qué estructura pertenecía el salvadoreño capturado, dónde recibió la droga y si, como se presume, se dirigía hacia la frontera El Amatillo, lugar por el cual había entrado el 11 de agosto, 11 días antes de su captura.
En El Salvador, en los días posteriores a la captura, la Fiscalía y el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, dijeron que la Policía Nacional Civil haría las averiguaciones para determinar qué hacía ese salvadoreño, con tal cantidad de droga, en suelo hondureño. A la fecha, sin embargo, tanto la Fiscalía como la DNIC de Choluteca aseguran que no han recibido ninguna llamada ni ninguna visita de las autoridades salvadoreñas para preguntar por el caso de Istvan.
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En las 72 horas que siguieron al arresto de Istvan Zachary Sánchez Lemus en Honduras, los policías antinarcóticos de El Salvador buscaron documentos para perfilar al hombre que transportaba los 50 kilogramos de cocaína. En los archivos de la División Antinarcóticos no registraban ningún antecedente de él, pero cuando llegó la mañana del sábado 25 de agosto los investigadores ya tenían una dirección de dónde comenzar la búsqueda: una vivienda en la Residencial Los Elíseos, en las cercanías del Estadio Cuscatlán, en Salvador, lugar que Istvan consignó como su lugar de residencia en su Documento Único de Identidad.
Las entrevistas a los familiares no reportaron mayores resultados. Los parientes dijeron que Istvan visitaba ocasionalmente esa casa, que no sabían sobre su lugar de trabajo, ni las personas con las que se relacionaba. En esa casa, una de sus pocas pertenencias era una maleta en la que guardaba algunos documentos.
Esos documentos revelaron dos cosas importantes sobre Istvan. El salvadoreño vivió durante casi dos décadas en los Estados Unidos, país donde la Drug Enforcement Administration (DEA) le abrió un expediente por narcotráfico. “Al parecer es una persona que estuvo cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos. Migración no nos ha informado, pero le hemos pedido los registros para ver cuándo ingresó, cómo ingresó a El Salvador, porque posiblemente fue deportado luego de cumplir la condena”, dice el jefe de la unidad antinarcotráfico de la Fiscalía, Jorge Cortez.
Los papeles de la DEA encontrados en la maleta de Istvan no son los únicos que hablan de sus líos con la justicia estadounidense. La página electrónica del Federal Bureau of Prisions da cuenta de que el salvadoreño tenía el número de registro 47035-083, que residía en Springfield, Virginia, y –aunque no detalla los cargos por los que fue condenado- que fue liberado el 22 de mayo de 2009. Esta información al parecer la desconocen las autoridades salvadoreñas.
Según las declaraciones de familiares, la Fiscalía y Policía solo saben que Istvan emigró hacia los Estados Unidos en 1994, cuando apenas tenía 14 años. También saben que durante algún tiempo estuvo residiendo en Washington.
Ese mismo sábado 25 de agosto, casi al mismo tiempo que registraban la vivienda en la Residencial Los Elíseos, en San Salvador, la Fiscalía ordenó un segundo allanamiento en el oriente del país. Allí, los investigadores se dirigieron hacia el polígono E, Residencial San Francisco, en San Miguel, hacia una vivienda que está registrada a nombre del propietario de la camioneta que transportaba los 50 kilogramos de cocaína.
En la vivienda que Mario David Rodríguez Linares compró en octubre de 2011, los policías encontraron nueva documentación que amplía el círculo de sospechosos. Tres meses antes del decomiso de la droga en Honduras, en mayo de 2012, Rodríguez Linares vendió la camioneta Hyundai Terracan color gris. Ese traspaso nunca se inscribió en el Registro de Vehículos y la tarjeta de circulación sigue a nombre de esa persona de 31 años, que tiene casa en San Miguel, pero reside en Usulután.
“Encontramos unas compraventas con el nombre de otras personas. Eso implica que se nos va abriendo el abanico de líneas de investigación para finalmente llegar a establecer de quién era ese vehículo y cómo esta persona (Istvan) lo adquirió”, dice Cortez. Los fiscales antidrogas han pedido el expediente administrativo del vehículo al Viceministerio de Transporte (VMT) y, en los primeros días de septiembre, llamaron a declarar a Rodríguez Linares, pero este no se presentó.
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El informe que relaciona la placa del vehículo conducido con Istvan con los investigados por las autoridades salvadoreñas describe en su primera página un sistema de transporte de dinero a través de vehículos traídos desde Estados Unidos. Se sabe que en la ruta de la cocaína, esta se mueve de sur a norte, y de norte a sur lo que se mueve es el dinero producto de la venta.
Una fuente del gabinete de seguridad aseguró que efectivamente las tres páginas forman parte de una carpeta mucho mayor que esa fuente ha podido ver, y que ha llegado a manos de los más altos funcionarios, como parte de una investigación en curso. Una segunda fuente del gobierno, quien facilitó el informe, coincide con esa declaración.
La primera página describe la actividad de un autolote sin nombre ubicado en la ciudad de Santa Ana. Se trata de una venta ubicada calle que va del redondel de Metrocentro hacia Santa Ana norte. El establecimiento se encuentra en la misma cuadra donde el 7 de enero de este año, dos agentes encubiertos se reunieron con el ex concejal de Metapán, Jesús Sanabria, quien finalmente intentó comerciar cinco kilogramos de cocaína y ahora guarda prisión gracias a la operación infiltrada. El Faro informó en junio pasado que las autoridades pretendían llegar por Sanabria hasta quienes consideran los líderes del Cártel de Texis.
“Información señala que el señor Roberto Antonio Escobar Martínez… Se dedica al traslado y lavado de dinero, el cual esconde (encaleta) en vehículos que transporta en contenedores o tacuazinas que posteriormente envía hacia Costa Rica”, se lee en el documento, que explica que cuando alguien le pregunta a Escobar Martínez por los vehículos, él dice que esos no están a la venta, o los ofrece a precios exorbitantes para desincentivar al comprador.
Abajo, el informe asegura que la misma semana en que está fechado el documento, Escobar Martínez esperaba cuatro contenedores más con vehículos. “Cada uno –se lee- con la cantidad de dos millones de dólares, procedentes de Estados Unidos, para luego ser enviados a Suramérica en cantidades más pequeñas”.
La primera página cierra con el siguiente párrafo: “Roberto Antonio Escobar Martínez está vinculado en el ilícito con el sujeto Roberto Antonio Herrera Hernández, alias El Burro”.
En la segunda página, el informe habla de que un contenedor con vehículos ingresó al país por un puerto no identificado dos días antes de la fecha del documento, el 16 de abril de este año. Herrera, se lee, llegó acompañado de seis hombres a bordo de un Toyota Land Cruiser de placas P122-119, a nombre de Juan Alfonso Valle, residente en Metapán. Llegó “a retirar tres millones de dólares”. En el documento se señala que “según información histórica que posee este organismo con fecha 16 de noviembre de 2007, lo relacionaban (a Valle) como el hombre de confianza de José Adán Salazar Umaña, y se relacionaba con narcotraficantes de origen guatemalteco”.
Luego se describe que el 14 de abril ingresó a El Salvador un cabezal que contenía vehículos. Mientras el cabezal se encontraba en el predio aduanal de San Bartolo, se presentó Escobar Martínez, el señalado como dueño del autolote de Santa Ana. Se lee que Escobar se mostraba “nervioso y exigía que se lo entregaran rápido”. En unas líneas se reporta lo que parece una autocrítica policial: “No obstante que personal de la DAN (División Antinarcóticos) solamente lo había realizado (el registro) con perros que tienen adiestrados para este tipo de procedimientos, por lo que queda la sospecha de que no se haya realizado bien el trabajo”.
Del autolote de Escobar Martínez, un día cercano al ingreso del cabezal, los policías de seguimiento vieron salir a un hombre con dos maletines “los cuales se observaba que pesaban y que posiblemente se haya tratado de armas de fuego”. El documento no explica por qué los agentes no procedieron a un chequeo, pero puede inferirse que se debe a que esta es una operación de seguimiento mucho más ambiciosa.
La última página del informe abre con una sentencia: “Roberto Antonio Herrera Hernández, alias El Burro Herrera o Donky; Adán Salazar, alias Chepe Diablo; y Jaime Riera Barraza (palabrero de la Mara Salvatrucha en Santa Ana) actualmente son los señores del narcotráfico, armas, homicidios y delitos conexos en Santa Ana”.
El reporte de lo que parece un seguimiento policial continúa hablando de que recientemente se ha visto a Herrera y Salazar juntos en una vivienda cercana al estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, “la cual ocupan como bodega para guardar drogas, armas y dinero”. Luego se menciona a varios colaboradores, entre ellos, Walter Retana, alias La Cubana, exmiembro de la Unidad Táctica Operativa (UTO) de la PNC, y quien ya había sido señalado a este medio por dos fuentes oficiales en distintos momentos de 2011 como un operador del Cártel de Texis en San Sebastián Salitrillo, municipio a pocos kilómetros al suroccidente de la ciudad de Santa Ana. Además, se nombra a Rafael Méndez, “miembro activo de la UTO de Santa Ana, alias El Zope, representante de Adán Salazar”.
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La Fiscalía dice que tienen sus propias hipótesis y diligencias para tratar de descubrir la red de narcos a la que pertenece Istvan. “Estamos haciendo una investigación bastante amplia que incluye a los Estados Unidos. Nos hemos auxiliado en primer momento de la DEA, se le ha pedido toda la información pertinente respecto a esta persona que es un delincuente primario porque no lo teníamos vinculado con algún tipo de estructura o que estuviera en investigación”, dice el fiscal Jorge Cortez.
Este funcionario asegura que han solicitado información a Honduras, pero la Fiscalía y Policía de Choluteca dicen que, a dos meses de la detención, ninguna autoridad salvadoreña les ha pedido datos sobre el caso. "Al menos a mí, como jefe de la DNIC de Choluteca, ninguna autoridad salvadoreña me ha buscado ni me ha hablado por teléfono para preguntarme por este caso", dice el inspector Félix Oyuela.
Y mientras en Honduras, según la DNIC, se intenta descubrir a qué organización pertenece Istvan, en El Salvador, el ritmo de trabajo de los fiscales difiere de la información en poder de la inteligencia policial y las altas autoridades de seguridad pública. La Fiscalía no tiene nada de todo lo que tienen los funcionarios de gobierno que han dado seguimiento a ese vehículo, a esa placa, para relacionarlo con actividades de lavado de dinero y narcotráfico. "Desconozco esa información", dice el fiscal Cortez.
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