A un año del asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22); y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez (24), los principales sospechosos del doble crimen continúan prófugos, por lo que el juicio está parcialmente paralizado, en esta parte investigativa del caso.
El expediente está en secretividad y en poder de un juez con jurisdicción nacional y se divide en cuatro etapas que abarca la parte investigativa de los tres policías prófugos y la declaración de un cuarto uniformado que acompañó a los primeros el día de los hechos y que después de fugarse se presentó voluntariamente alegando inocencia y está preso.
El escrito también contempla indagaciones sobre la participación o inocencia en el hecho, de cuatro policías más que guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, y dos ex jefes policiales quienes supuestamente permitieron la huida de los policías prófugos.
Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez (24), en vida.
Los acontecimientos ocurrieron la madrugada del sábado 22 de octubre del año 2011, y a un año de los mismos, los familiares y amistades de los occisos siguen clamando justicia; confían que los crimenes no quedarán en la impunidad; y piden la captura de los fugitivos para no creer que por algún interés los protegen.
La mañana del 22 de octubre, la sociedad hondureña fue sacudida al conocer que al sur de la capital habían matado a dos jóvenes universitarios, cuyos cadáveres fueron encontrados en un sector donde otros muchachos fueron ejecutados con características de muerte similares a los estudiantes asesinados.
Tras las primeras diligencias investigativas, la Policía identificó como principales sospechosos del doble
crimen al sub inspector y jefe de la patrulla M1-92 Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), y los agentes Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28), -radio operador-, Wilfredo Figueroa Velásquez (31), -motorista de la patrulla- y José Rubén Pozzo López (25)- escolta del oficial.
Se fugan
A pesar que seis días después del crimen la Fiscalía presentó pruebas científicas de rastros de sangre y vellos de las víctimas encontradas en las patrullas donde se desplazaban los uniformados, los jefes policiales de esa fecha les permitieron que se fugaran al otorgarles un fin de semana libre, según investigaciones del Ministerio Público.
Días posteriores capturaron al clase III de policía, Martín Orlando Ortez y a los policías Gabriel Donatilo Macías Hernández, Wilson Roberto Córdova Rodríguez y José Manfredo Fúnez Colindres ocupantes de la patrulla M1-30, quienes se declararon inocentes pero guardan prisión junto a José Rubén Pozzo López (25), el escolta del oficial prófugo.
La fuga de los uniformados generó la ira de familiares de las víctimas y de la sociedad en general que siguió con atención el caso. Produjo, asimismo, una crisis institucional entre la Policía y el Ministerio Público y se culparon mutuamente de ser los responsables del escape de los primeros, motivo por el cual, varios sectores de la población cuestionaron la captura de cuatro policías, aduciendo que se hizo para devolverle la tranquilidad a los familiares de los occisos y calmar el ánimo popular.
Los cuatro policías presos en la Penitenciaría Nacional se declararon inocentes.
Como consecuencia de la muerte de los dos universitarios y la fuga de los presuntos criminales, el presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la separación del cargo al director general de la Policía, José Luis Muñoz Licona, cuando se encontraba en una misión oficial del país en Taiwán.
Además fueron destituidos de la Policía, el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Marco Tulio Rivera Palma, y el jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Alberto Barralaga, quienes están procesados por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, y en el caso del primero se agregó el delito de encubrimiento.
Los hechos
El asesinato de los dos estudiantes ocurrió entre 2: 00 y 3: 00 de la madrugada del sábado 22 de octubre, hace hoy exactamente un año, luego que los jóvenes salieron de una reunión en la colonia Miraflores, rumbo a la colonia América donde residía Carlos David Pineda, junto a sus padres; mientras Vargas Castellanos vivía en Santa Lucía, con su madre Julieta Castellanos y dos hermanos de él.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana del domingo en las cercanías de la aldea Villa Real, kilómetro 13 al sur de la capital; mientras la camioneta en la que se conducían estaba en el kilómetro cuatro del mismo sector, cerca de la posta policial de Loarque y presentaba varias perforaciones de bala de calibre 5.56 milímetros, munición que usan los fusiles galil que portan los policías.
Los cuerpos de los estudiantes estaban en un barranco y los encontraron sin zapatos, documentos personales, teléfonos celulares y otros objetos de valor como computadoras portátiles, porque los criminales se las robaron después de quitarles la vida.
En un testimonio brindado el año anterior a terceros por el sub inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), éste manifestó que el responsable directo del doble crimen fue el policía Santos Arnulfo Padilla Rodríguez porque fue el que mató a los dos universitarios.
Este testimonio al parecer fue ratificado por el policía Pozzo López ante el juez que conoce el caso, luego que se le indagó en la audiencia de declaración de imputados, tras su presentación voluntaria.
Como consecuencia del sangriento hecho, muchas personas y oficiales honestos denunciaron que policías del Distrito Policial 1-6 del barrio La Granja de Comayagüela, donde estaban asignados los sospechosos de matar a los universitarios, también estaban involucrados en sicariato, asalto a mano armada, tráfico de drogas, robo de vehículos y “trabajaban juntos con los pandilleros de la 18, y el crimen organizado”.
Ante tantas denuncias de actos delincuenciales cometidos supuestamente por agentes y oficiales en distintos sectores del país y por presiones de la población hondureña en general, el gobierno tomó una serie de medidas en un intento por depurar la Policía, la cual no se ha sido efectiva, según diversos sectores sociales.
Subinspector prófugo revela cómo mataron a los jóvenes
El policía Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28) está señalado de ser el autor intelectual y material del asesinato de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos Pineda Rodríguez (24), según testimonio brindado a terceros el año anterior por el sub inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), y publicado por este rotativo el 7 de noviembre del año anterior.
Según Galeas Cruz, la madrugada del trágico suceso él se hacía acompañar de sus subalternos Padilla Rodríguez, Wilfredo Figueroa Velásquez (31) y José Rubén Pozzo López (25); y aseguró que intentó auxiliar a los universitarios pero fue amenazado de muerte que si contaba lo sucedido correría igual suerte.
El oficial comentó a su confidente que la persecución policial inició a las 2: 00 de la madrugada desde el centro comercial Plaza Milenium sobre el bulevar Fuerzas Armadas hasta la colonia 15 de Septiembre, en medio de una lluvia de balas que todos dispararon con sus fusiles galil, hasta que se detuvo el carro porque Vargas Castellanos se desmayó frente al timón del carro al recibir un balazo en la espalda.
El sub inspector Galeas aseguró que tras verificar el estado de salud del joven Rafael Alejandro le dijo a los policías que lo subieran a la patrulla para llevarlo al hospital, pero uno de estos le dijo que para qué, “que les iba a reventar clavo”.
El oficial indicó que posteriormente, el policía Padilla Rodríguez se subió a la camioneta con el joven herido y él les dijo que si lo llevaban a una clínica o a un hospital; entonces el patrullero Figueroa Velásquez respondió que no, que “ya habían dicho que ni v…”; y como el oficial insistió, el policía le dijo que “no fuera tan m… o que se fuera a la p…”, y luego lo amenazaron que si no colaboraba lo iban a “pelar” (matar, en la jerga delincuencial- policial).
Los matan
Galeas Cruz narró que al llegar a la aldea Villa Real, los policías bajaron a los universitarios y los tiraron al suelo; mientras Carlos David les rogó a los policías que no los mataran, que los presentaran a los juzgados por drogas y que les perdonaran la vida . El oficial agregó que Padilla Rodríguez le dijo a él que tenía que matar a uno de los muchachos y como se negó, lo amenazó con ejecutarlo a él también, “y luego tomó el fusil y le disparó como dos o tres veces al que no estaba herido”, (Carlos David Pineda).
De allí, el mismo agente le dijo al oficial: “Ahora vos tenés que matar a éste (Rafael Alejandro)”, y como también se negó, le respondió con tono molesto: “Echeme esa m…”, y le arrebató la pistola y le disparó tres veces a la cabeza, luego Padilla y Figueroa tiraron los cadáveres a un barranco y posteriormente regresaron a la patrulla, cada uno con un celular Black Berry y los zapatos de las víctimas que les habían robado, según el oficial.
Restos de sangre y cabellos de las víctimas fueron encontrados en la patrulla M1- 92.
Apuntes
1.- Los policías prófugos están procesados por los delitos de asesinato, robo y abuso de autoridad y los culpables podrían purgar una condena de 30 años a cárcel de por vida, según el artículo 117 del Código Penal.
2.- Con las reformas a la Ley de Policía, desapareció la Dirección Nacional de Asuntos Internos (DNAI) por deficiente, y porque era manejada por las mismas autoridades policiales, y se creó en su lugar la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que está en manos de civiles, hasta ahora con pocos resultados.
3.- Se creó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, integrada por tres nacionales y dos extranjeros cuya función especifica es supervisar una efectiva depuración policial.
4.- Después de la muerte de los universitarios y las denuncias que policías estaban coludidos con los criminales, alrededor de 250 oficiales y policías han sido separados de la institución por diferentes faltas y delitos.
5.- 50 mil lempiras de recompensa por cada prófugo ofrece la Secretaría de Seguridad, por información que dé con la captura del sub inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23); los agentes Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28) y Wilfredo Figueroa Velásquez (31), quienes figuran entre los más buscados a nivel mundial, según la Policía Internacional (INTERPOL).
Miniperfil
1.- Alejandro Rafael Vargas Castellanos (22) cursaba la carrera de Sicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); estaba soltero y era el menor de los tres hijos que procreó la rectora Julieta Castellanos.
2.- Carlos David Pineda Rodríguez (24) cursaba el último año de la carrera de Derecho, en el mismo centro de estudios de su amigo; residía en la colonia América y era hijo del ingeniero forestal Carlos Pineda y la señora Zoila Aurora Rodríguez.
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