Por Luna Gevawer
Posiblemente en algún momento nos hayamos hecho esa interrogante y el tema del empoderamiento político femenino pareciera ya hasta una frase de moda del siglo XXI o un discurso pre fabricado y oportunista con pretensiones de disfrazar de progresista a una sociedad altamente patriarcal y conservadora.
A 58 años de haber adquirido el derecho a ejercer el sufragio, los avances en el país han sido leves en materia de verdadera participación política femenina e igualdad de trato en cargos públicos, incluso el 27% de las mujeres hondureñas aún decide por quien votar basandose en las preferencias de su compañero de hogar y apenas alrededor de un 21% de las y los diputados en el Congreso Nacional son mujeres, de las cuales con certeza podemos decir, ninguna legisla a favor de las veraderas necesidades de la mujer hondureña, por el contrario proponen y apoyan leyes que detienen o retrasan nuestro desarrollo.
Si esta es una batalla que apunta a la lucha de clase y no de género, ¿Por qué nuestro discurso radica en llevar a una mujer al poder?
Ciertamente nuestra principal lucha es la lucha de clase, a la que se adhieren una serie de desafíos que nos obstaculizan librar la misma, uno de estos desafíos es el sistema patriarcal, opresor - cultural, el cual es predominante en todos la clases sociales, sin olvidar que en el caso de las clases poseedoras de los medios de producción la mujer desempeña un doble papel, mujer explotada y mujer explotadora. Es por ello que uno de los principales pasos para alcanzar la igualdad social dependera del compromiso con la equidad de género y la consciencia de clases que las mujeres como cuidadanas políticas alcancemos, tanto porque implica otra conceptualización de la democracia, así como la inclusión y pluralidad de necesidades que hasta ahora no han sido consideradas por el “ojo político masculino”.
En términos generales, claro esta, que en nuestro país las mujeres somos la gran mayoría, tratada como minoría, siendo precisamente ese trato el que nos conduce a la necesidad de reconocimiento y obtención de poder político.
En el año 2,000 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, la norma establece que el Estado garantizará la democracia participativa y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones. También designa al Tribunal Supremo Electoral como responsable de garantizar que dentro de los partidos políticos legalmente inscritos no se discrimine a la mujer y de promover su participación. Sin embargo en el ejercicio real la situación es otra, de los nueve partidos políticos inscritos, únicamente el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) propone a una mujer como candidata a la presidencia de la república y establece en sus estatutos el 50% de participación femenina, garantizando un espacio de desarrollo de liderazgo para la mujer hondureña.
Las mujeres desde nuestro rol de género vivimos la realidad cotidiana de manera diferenciada, esta experiencia también puede ser capaz de transformar el ámbito político en el país y brindar una resolución a la problemática de la desigualdad y la discriminación.
Siendo mujeres, mayoría poblacional, capaces, motor de desarrollo de la economía y reconociendo la necesidad de trabajar de la mano con nuestros compañeros, estamos obligadas a ocupar cargos desde donde se tomen las decisiones que conducen el rumbo del país, sin embargo no solo se trata de llenar o cumplir porcentajes, se trata de ejecutar acciones que aseguren que dichas decisiones sean las correctas para librar esa lucha de clases que promete culminar con la desigualdad que hoy atormenta a nuestros pueblos.
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