Por Natasha Pitts
Periodista de Adital
El último día 11, la población de La Moskitia, departamento de Gracias a Dios, en Honduras, presenció un desastroso secuestro de drogas que terminó con la muerte de cuatro personas, mientras que otras cuatro quedaron heridas. Buscando investigar lo que ocurrió realmente durante la operación militar, una delegación constituida por académicos, activistas de derechos humanos y derechos laborales, organizados por medio de la Rights Action y de la Alliance for Global Justice, de Canadá y Estados Unidos, visitó la región los días 22 y 23.
Cuatro helicópteros participaron en la operación militar que buscaba secuestrar un cargamento de drogas cerca de la aldea de Ahuás. Durante la acción, los integrantes de uno de los helicópteros abrieron fuego contra un barco de pasajeros matando a dos mujeres embarazadas, un adolescente de 14 años y un hombre de 21, e hiriendo gravemente por lo menos a cuatro personas.
Según divulgó la prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los helicópteros eran suyos, pero justificó que estaban con militares guatemaltecos y personal contratado por ellos. La Drug Enforcement Administration (DEA), agencia estadounidense encargada de combatir el tráfico de drogas en el país y en el exterior, confirmó que un equipo suyo de apoyo consultivo fue enviado al exterior para apoyar a un Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional. A su vez, el Comando Sur aseguró que nadie del ejército de Estados Unidos participó en esa acción.
Para investigar los hechos, los integrantes de la delegación conversaron con personas de la comunidad, sobrevivientes, familiares, testigos y con un oficial del ejército hondureño. Algunos relataron que después de los disparos los helicópteros aterrizaron para buscar drogas. Los militares apuntaron sus armas a los habitantes locales que intentaban socorrer a las víctimas y amenazaron con matarlos. La operación duró de dos a tres horas y sólo cuando los militares se retiraron los heridos pudieron ser socorridos, mientras tanto, todos permanecieron en las márgenes del río.
Según los testigos, los militares eran hombres de piel clara, que hablaban inglés y tenían poca habilidad con el español. Además, las acciones realizadas en tierra demostraron que ellos tenían un papel no sólo de apoyo en la operación. Los militares fueron señalados como pertenecientes a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.
La delegación dirigida por las organizaciones Rights Action y Alliance for Global Justice manifestó su preocupación por la falta de investigaciones en relación con la masacre. Ni las autoridades hondureñas ni las estadounidenses están empeñadas en hablar con testigos, recoger informaciones o investigar lo ocurrido. Otra preocupación es la constante y creciente presencia militar en Ahuás. Además de las tropas hondureñas también se registró la presencia de militares estadounidenses cerca de la aldea.
"El ejército de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad civil en Honduras están aplicando tácticas de contrainsurgencia para combatir el tráfico de drogas y militarizando las regiones donde hay valiosos recursos naturales. Por lo tanto, hoy estamos presenciando el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y la re-militarización de Centroamérica tal y como sucedió en los ‘80s. Estamos alarmados por los reportes de prensa sobre la reciente transferencia de tácticas de contrainsurgencia y personal de Irak y Afganistán a Centroamérica”, denunciaron.
Ante esta situación, la delegación de académicos y activistas de derechos humanos y derechos laborales demanda que Estados Unidos investigue seriamente los hechos, incluyendo la identificación de la responsabilidad criminal de individuos específicos, y asuman sus responsabilidades sobre los acontecimientos del día 11.
Piden además que los derechos y decisiones de los pueblos indígenas y de los movimientos populares sean respetados, y que ellos no sean tratados como traficantes de drogas y delincuentes. Y, sobre todo, demandan el retiro inmediato de todas las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, incluyendo a los integrantes de la DEA, y el fin de toda y cualquier asistencia y entrenamiento militar para la re-militarización de América Central.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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