Por Giorgio Trucchi
La fiscal especial de Derechos Humanos de Honduras, Sandra Ponce, anunció este jueves (24/11) su inminente retiro del Ministerio Público. Según ella, se trataría de una decisión de carácter “estrictamente personal”.
Sin embargo, la grave crisis de derechos humanos que ha embestido Honduras, sumado al impotencia mostrada por esta instancia investigativa y el involucramiento directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las violaciones -el 90 por ciento de las denuncias que maneja la Fiscalía de Derechos Humanos es contra miembros de la Policía- parecen haber pesado en esta decisión.
Según el informe del Observatorio de la Violencia publicado en octubre pasado, se espera que a fin de año la tasa de homicidios en Honduras alcance la dramática cifra de 86 por cada 100,000 habitantes. Es decir, el doble de la tasa registrada durante el primer semestre de 2011 (43.7) y casi tres veces la de 2010 (36.6).
Cifras que superan con creces las de varios países en guerra.
Con un promedio de 20 muertes al día, Honduras aparece en primer lugar -entre 207 países- en el estudio mundial de homicidios realizado por Naciones Unidas. Una situación extremadamente preocupante que se enmarca en un contexto de impunidad sistemática y de crisis institucional originada por el golpe de Estado, que en 2009 derrocó al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Violencia e impunidad
Una ruptura del orden constitucional que aún no ha sido sanada, y cuyos efectos se reflejan muy claramente en las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Según ellas, después del golpe hubo más de 4 mil violaciones a los derechos humanos, centenares de asesinatos por motivos políticos o por conflictos agrarios -entre ellos 16 periodistas y 44 campesinos organizados del Bajo Aguán- y por lo menos 13 desaparecidos.
En casi todos estos casos la impunidad ha sido absoluta. Un hecho que recientemente fue denunciado por Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es responsabilidad del Estado investigar cada caso, encontrar a los responsables y procesarlos. Esto no lo estoy viendo y el Estado está manifestando una clara negligencia en romper la impunidad”, aseguró La Rue a este corresponsal.
El defensor de derechos humanos señaló también que esta situación genera más violencia. “Cada caso de violencia que no se investiga es una invitación a cumplir más delitos”, aseveró.
En este contexto, el caso del asesinato de dos estudiantes universitarios a manos de policías que aún se encuentran prófugos de la justicia, ha sido el elemento detonante de una crisis profunda que en estos días está sacudiendo la Secretaría de Seguridad y la misma Policía de Honduras, y de una descomposición institucional que ha venido profundizándose a raíz del golpe de Estado.
Antes esta situación, la fiscal Ponce no se esconde detrás del cargo que desempeña. “Estamos viviendo en un país donde la situación de los derechos humanos se ha exacerbado tras el golpe de Estado, con una restricción generalizada de las libertades y la represión contra todas aquellas personas que se opusieron al golpe”, afirmó a Radio Globo.
Según ella, la difícil situación que se vive a nivel nacional y regional, habría llevado a las fuerzas encargadas de resguardar el orden público “a tener prácticas que van en contra de los derechos humanos”, y a declarar públicamente “que los defensores son el obstáculo para brindar seguridad a la población”, dijo.
Ponce aseguró haber hablado insistentemente de la necesidad de “investigar, depurar y profesionalizar a la Policía”, lo cual habría creado una enorme tensión entre las instituciones.
Golpe y debilidades
La fiscal sostuvo también que el golpe vino a amplificar debilidades estructurales que ya existían en el sistema. “La Fiscalía de Derechos Humanos no cuenta con un órgano que pueda investigar de manera independiente, sino que dependemos de los servicios de la Policía. Y el 90 por ciento de las denuncias que recibimos es justo en contra de policías.
Además, muchas veces no sólo no cumplen con la responsabilidad de investigar, sino que obstruyen dolosamente las investigaciones. Es obvio que esto limita nuestra capacidad y ha sido un problema permanente para la Fiscalía de Derechos Humanos”, recordó Ponce.
La fiscal anunció que aún no ha formalizado su solicitud de retiro del cargo, pero que la decisión está tomada. También aseguró que no dejará de trabajar en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, porque “para mi es una vocación más que un trabajo”.
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