Mientras el Ejecutivo discute sobre la forma de realizar la intervención, depuración y reestructuración de la policía preventiva, el titular de ésta denuncia una conspiración para asesinarlo y el clima de inseguridad tiende a oscurecerse en todo el país.
Esa denuncia del director de la policía, José Ricardo Ramírez del Cid, contribuye al sentimiento de indefensión que se ha apoderado de la población hondureña, precisamente porque, de acuerdo con su declaraciones, la amenaza procede del interior de la mafia policial.
La viuda del inmolado Alfredo Landaverde, Da. Hilda Caldera, también suma su atormentada voz al clamor nacional porque la intervención no se limite a la entidad policial sino que abarque al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Es obvio que Da. Hilda habla con conocimiento de causa.
La persistencia del nivel de criminalidad en el país, aún con la famosa operación Relámpago y las prerrogativas policiales otorgadas a las fuerzas armadas, nos da la dimensión del grado de infiltración del crimen organizado en el sistema de seguridad del Estado, del que, insistimos, forma parte principal la entidad militar.
Por las vísperas se sabe cómo será la fiesta, dice el refrán, y ahora, con el auge de la militarización política del Estado y su administración, la sociedad hondureña ha pasado del control policial al control militar, sin que eso signifique seguridad ciudadana ni desarrollo democrático.
Lo que está creándose, al amparo de lo que se da en llamar “lucha contra la violencia y la criminalidad”, es una nueva modalidad de control político –siempre en línea con el terrorismo de Estado--, con reminiscencia de la doctrina de seguridad nacional de la década del ´80 del siglo pasado, inserta la directriz hegemónica en boga.
Esa es la razón por la que está fuera del programa la intervención, depuración y reestructuración de todo el sistema de seguridad del Estado, principalmente en lo que corresponde a las fuerzas armadas, que, sin lugar a duda, es parte medular de la cuestión, como quedó demostrado con el golpe militar 28-J del 2009.
La perspectiva, entonces, de obtener los resultados anhelados por la población hondureña en relación con la seguridad ciudadana no es promisoria, y, por el contrario, el nuevo modelo de “seguridad nacional” que se va consolidando conduce a una realidad más autoritaria, de naturaleza fascista.
La formación de un partido político militarista, encabezado con la figura más sobresaliente del golpe de Estado militar 28-J, ya que Micheletti no fue más que un ingenuo útil (para decirlo amablemente), y, por otra parte, el espionaje telefónico, el asesinato de periodistas y el calculado amedrentamiento de medios de comunicación social, son atisbos en la dirección apuntada.
Esta situación se da con mayor facilidad en nuestro país por la carencia, hasta el momento, de un liderazgo político con capacidad de entender, de manera global, la realidad hondureña y que pueda, al tenor de esa lectura, orientar a la sociedad civil, disponiéndola a una cruzada de reivindicación democrática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario