El congresista Howard Berman, representante de California, es el demócrata de mayor rango del Comité de Relaciones exteriores de la Cámara de Representantes. Berman es una voz destacada en temas de política exterior y es conocido por su habilidad para formar coaliciones de legisladores perteniciendo a ambos partidos. Berman ha introducido propuestas de ley con el propósito de legalizar a los trabajadores indocumentados radicados en Estados Unidos. Recientemente, Berman patrocino la introducción de una ley para incrementar la transparencia y el manejo de fondos destinados a los proyectos de cooperación internacional. Berman es miembro de la Comisión de derechos humanos del Congreso, un grupo dirigido por Demócratas y Republicanos. En fecha reciente envio una carta a H. Clinton en la que expresa su preocupación sobre la situación de los derechos en Honduras y la necesidad de examinar la continuidad de la ayuda a las fuerzas de seguridad por los escándalos de corrupción y la impunidad imperante.
Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado
Washington, D.C. 20520
28 de Noviembre de 2011
Estimada Señora Secretaria de Estado:
Le escribo para expresarle mi profunda preocupación con respecto a la actual situación de derechos humanos en Honduras, y en particular el papel que juegan las fuerzas de seguridad de Honduras en las violaciones de derechos humanos, que en los últimos dos meses han llegado a niveles alarmantes.
Ayuda desde Estado Unidos sigue fluyendo a las fuerzas militares y policiales en Honduras y cooperamos en programas de entrenamiento e instalaciones militares conjuntas. Al mismo tiempo, hay cada vez más frecuentemente reportes de corrupción por parte de la policía y los militares, y de participación de fuerzas de seguridad del Estado en desalojos violentos, asesinatos, secuestros y tortura—dentro de lo que es ampliamente reconocido como un clima de casi-total impunidad. Parece ser que un patrón de complicidad policial y militar en esta violencia está impactando de manera desproporcionada personas que se opusieron políticamente al golpe de Estado de 2009 en ese país, o alternativamente, personas que se oponen al gobierno de Presidente Lobo.
En la evaluación de la continuación de fondos estadounidenses para la policía y los militares hondureños, estoy más inmediatamente preocupado por el escándalo que se está intensificando con respecto al papel de la policía de Tegucigalpa en los asesinatos del 22 de octubre de Carlos David Pineda y Alejandro Vargas Castellanos, el hijo de Julieta Castellanos, Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la más importante de todas. Castellanos, como usted sabe, fue miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación que concluyó que los eventos alrededor del derrocamiento del 28 de junio, 2009 constituyeron un golpe de Estado. Incluso un caso de alto perfil, como este, ha sido bloqueado por consideraciones políticas. El Ministro de Gobierno ni el jefe de la Policía Preventiva emitieron una orden para detener a los cuatro oficiales presuntamente responsables por los asesinatos. Ambos justificaron el haber librado a los imputados por razones insostenibles de legalismo formal. Y si se han tomado medidas concretas para investigar, detener, y enjuiciar a los responsables de los asesinatos del 22 de octubre, no se han publicado.
Me han informado sobre la supuesta “limpieza” de la infame fuerza policial de La Granja donde trabajaban los cuatro policías. Un portavoz para la policía dijo que supuestamente 176 miembros de La Granja – con presuntas conexiones a “pandillas que trafican drogas” – fueron arrestados. Otros reportes dicen que 114 fueron simplemente trasladados a otros distritos. Al parecer, en el momento en el que se escribió esta carta, todavía nadie ha sido acusado, a pesar de evidencias contundentes de que la policía es responsable por los asesinatos de Pineda y Castellanos, y entonces, nos quedamos con evidencias que indican que oficiales de muy alto nivel, y oficiales en el Ministerio de Seguridad y en la Policía Nacional podrían haber sido responsables por incumplimiento al no haber detenido los presuntos culpables. Esto está relacionado con una preocupación más general acerca de un patrón de continuos nombramientos a los niveles más altos de la administración policial de personas con antecedentes de violaciones a derechos humanos, o de ineficacia laboral. La lista es larga, pero más recientemente, Pompeyo Bonilla, el nuevo Ministro de Seguridad, abiertamente celebró su papel en apoyo del golpe de Estado de 2009, y sus esfuerzos en su previo puesto de director de telecomunicaciones, en el intento de revocar las licencias de emisoras radios de baja frecuencia que son imprescindibles para la libertad de expresión de los hondureños.
Desde una perspectiva más general, el muy respetado grupo de derechos humanos COFADEH, informa que el asesinato de Alejandro Castellanos no fue un acontecimiento aislado, sino la punta de un iceberg enorme. Reporta que 10,000 protestas legales han sido presentadas en los últimos dos años con relación a violaciones de derechos humanos por parte de la policía y los militares, incluyendo asesinatos y tortura, y que no se ha tomado ninguna acción en cuanto a estas. José Miguel Vivanco, director del programa para las Américas en la organización de derechos humanos Human Rights Watch, recientemente concluyó que: “víctimas de abusos a derechos humanos cometidos después del golpe no han podido encontrar justicia en el sistema judicial hondureño.”
Hay preguntas importantes relacionadas a información que nos ha llegado sobre el extenso involucramiento de la policía hondureña en el tráfico de drogas y el crimen organizado. Por ejemplo: ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Honduras para investigar y enjuiciar a los responsables de la desaparición de un gran alijo de armas el 31 de octubre? El vicepresidente del Congreso hondureño, Marvin Ponce, dijo el 19 de junio de 2011, que “40 por ciento de la Policía Nacional está vinculada al crimen organizado,” y aun así parece que no se han tomado medidas para tratar sus preocupaciones. Ex comisionada de la policía María Luisa Borjas reiteró el 4 de noviembre que desde 2002 ella ha estado continuamente denunciando “escuadrones de la muerte” entre la policía de Honduras, pero lo ha hecho sin que nadie la escuche.
Además, numerosas organizaciones de derechos humanos en diferentes partes del mundo han subrayado la dramática crisis en el valle de Bajo Aguan, donde se ha reportado que fuerzas de seguridad hondureñas han participado en asesinatos, tortura y desalojos violentos de miembros del movimiento campesino, del cual por lo menos 46 han sido asesinados. ¿Estas tropas han recibido entrenamiento del gobierno estadounidense? ¿Cuáles acciones está tomando el gobierno de Estados Unidos para asegurarse de que el gobierno de Presidente Lobo este enjuiciando miembros de la policía y de las fuerzas armadas responsables por estos crímenes, incluyendo miembros del Batallón XV y las fuerzas desplegadas como Operación Xatruch II? Para dar sólo dos ejemplos: al parecer, no se han tomado medidas para detener y enjuiciar a más de 75 oficiales de la policía que fueron responsables por el violento desalojo y casi completa destrucción de la comunidad de Rigores; ni se han tomado medidas en contra de la policía de Tocoa presuntamente responsable por el secuestro y tortura de Walter Neilin Sabilón Yanos, un activista campesino, el 6 de octubre. ¿Cuál es la respuesta de del gobierno de Honduras a reportes sobre acciones repetidas por parte de la policía y los militares en conjunto con las fuerzas de seguridad de Miguel Facussé, contra quien hay varias imputaciones de tráfico de drogas? El Sr. Facussé no niega que sus agentes de seguridad mataron a cinco activistas rurales en El Tumbador el 15 de diciembre de 2010, y aun así no se han tomado medidas para investigar o enjuiciar al Sr. Facussé o sus agentes de seguridad en relación a este crimen y otros presuntamente cometidos por sus cuerpos de seguridad. ¿Estas son fuerzas que han recibido entrenamiento o asistencia del gobierno de Estado Unidos?
Mientras que el gobierno hondureño intenta combatir el crimen y el tráfico de drogas, los cuales siguen incrementando, la administración de Presidente Lobo ha contado con la fusión creciente entre las funciones policiales y militares. Esta es, en cualquier sociedad, una intrusión peligrosa de los militares en las funciones básicas de la policía. Es aún más peligroso en Honduras debido a la falta de la separación institucional de poderes. ¿Qué medidas se están tomando para investigar y castigar a las personas responsables por las amenazas de muerte a la Profesora Helen Umaña, por ejemplo, que ha tenido que exiliarse debido a su papel prominente como miembro de la Comisión no-gubernamental de Verdad? ¿Se está investigando lo más profundamente posible al asesinato el 7 de septiembre del activista de la oposición Machadeo Roopchand “Emo” Sadloo, presuntamente por agentes de la policía? ¿Cómo está el gobierno asegurando la protección de Arnulfo Aguilar, el director de Radio Uno, contra las constantes amenazas de muerte, y llevando a juicio a los responsables de la muerte de por lo menos 19 periodistas en los últimos dos años?
Señora Secretaria, el aspecto más escalofriante de este espantoso conjunto de problemas es que la asistencia de Estado Unidos está llegando al centro de la tormenta. He planteado una serie de preguntas en esta carta, y espero que las respuestas puedan ayudar a aclarar lo que deberíamos estar haciendo en cuanto a la asistencia futura de Estado Unidos a Honduras. La Sra. Castellanos ha hecho un llamado a los gobiernos que proveen asistencia a la policía hondureña para que “dejen de alimentar esta bestia.” Se lo debemos a ella y a todos los hondureños, tanto como a los ciudadanos contribuyentes estadounidenses, reevaluar inmediatamente la asistencia de Estados Unidos a Honduras para asegurar que no estemos, efectivamente, alimentando una bestia.
Atentamente,
Howard L. Berman
Miembro de Mayor Rango (Comisión de Asuntos Exteriores)
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