Por Mario Robero Morales
Varias veces he afirmado que el Ejército no quiso exterminar a la población indígena en su totalidad porque eso hubiese sido suicida para él, ya que se habría quedado sin tropas; también lo hubiese sido para sus jefes oligarcas, quienes se habrían quedado sin mano de obra barata qué explotar, sobre todo en los grandes latifundios resultantes del gran robo de tierras perpetrado por los “liberales” a partir de 1871.
Pero que no haya habido intento de exterminio no quiere decir que no haya habido genocidio. En 1948, ante la matanza hitleriana de los judíos de Europa, Naciones Unidas definió el genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
(a) Matanza de los integrantes del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
En otras palabras, la intención o no de exterminio total no es relevante para que una matanza alcance la categoría de genocidio. Basta la intención de destruir parcialmente a un grupo social para que lo sea. Y esto fue lo que hizo el Ejército de Guatemala con su táctica de “tierra arrasada” para “quitarle el agua al pez” cuando, en los años 80, asesinó a más de 150 mil civiles indígenas desarmados e indefensos.
En este contexto hubo grupos de empresarios y hacendados oligarcas que financiaron escuadrones de la muerte para que perpetraran secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de manera selectiva, en campos y ciudades. Y además, algunos tuvieron en sus propias residencias cárceles clandestinas en las que se torturaba a estudiantes y trabajadores tildados como sospechosos de colaborar con las guerrillas o de ser guerrilleros. Estos grupos de fascistas de ultraderecha se atrincheran tras iglesias fundamentalistas, tanto protestantes como católicas; de fundaciones caritativas y de apoyo al arte y la literatura; de toda suerte de agrupaciones patrioteras de defensa a los militares contrainsurgentes; de clubes internacionales, cámaras empresariales y demás, mientras continúan financiando mafias que secuestran, matan, contrabandean y perpetran la trata de mujeres. Además se oponen a la despenalización de las drogas, pues la prohibición de éstas les resulta mucho más rentable en el negocio de la narcoactividad.
Ellos son también los responsables de nuestro atraso y subdesarrollo, pues siendo aquellos sus principales negocios, no les interesa un capitalismo en el que haya más empresarios y asalariados. Por eso lo frustran con sus monopolios productivos y su control monopólico de la banca local ―especializada en el lavado de dinero―, impidiendo que el capital fluya hacia la pequeña y mediana empresa con intereses razonables, con lo cual anulan la libre competencia e incurren en delito.
¿Valdría la pena hacer una lista de ellos y presentar una denuncia para que declaren lo que sepan (o no) sobre el genocidio de indígenas, los escuadrones de la muerte, los grupos paralelos, el mercantilismo monopólico, las limpiezas sociales, el contrabando y los cárteles de la droga?
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