Por Rob Edwards
De acuerdo a documentos a los que ha tenido acceso el diario The Guardian, el gobierno británico ha estado compartiendo información con empresas multinacionales del sector nuclear, con el objetivo de proteger y promover sus planes para construir nuevas centrales nucleares.
El Departamento de Energía y Cambio Climático (Decc) ha subministrado información a la Asociación de la Industria Nuclear (NIA), que representa a 260 empresas del sector, y a la empresa nuclear francesa EDF. Concretamente, detalles sobre el pleito legal iniciado por Greenpeace, el cuál trata de bloquear la construcción de nuevas plantas.
Greenpeace ha condenado la filtración de información por parte del gobierno, que constituye un “abuso de poder” contra el control democrático de las instituciones. Los abogados del grupo ecologista han escrito al gobierno y al Tribunal Supremo en Londres denunciando el quebrantamiento de las leyes procesales.
El gobierno Británico pretende construir 8 nuevas centrales nucleares en Inglaterra y País de Gales. Existe la percepción de que el gobierno trabaja mano a mano con el sector nuclear para controlar a la opinión pública, ante los reveses sufridos por el sector nuclear en Alemania o Italia.
Según documentos internos del gobierno británico, publicados por The Guardian en junio, dos días después del accidente nuclear de Fukushima, funcionarios del gobierno se aproximaron al sector nuclear con el objetivo de preparar una estrategia común de cara a minimizar el impacto del suceso ante la opinión pública.
Las últimos documentos obtenidos muestran el acta de una reunión mantenida el 15 de septiembre entre funcionarios de la Oficina para el Desarrollo Nuclear (OND) del Decc y la empresa francesa EDF. En ésta reunión los funcionarios compartieron información variada sobre el proceso de presentación de documentos de cara a la construcción de una nueva central nuclear en Hikley Port, Somerset.
El gobierno intentó mantener la información bajo secreto, pero pese a estar censurado el texto, obtenido bajo el Acta de Libertad de Información (FOI),era muy claro. Los funcionarios informaron a la empresa EDF sobre las nuevas vías de aprobación rápidas, la reforma del mercado eléctrico, el decomisamiento de residuos nucleares, y las evoluciones y comunicados oficiales de la Unión Europea.
Gracias al Acta de Libertad de Información se ha podido acceder ha documentos del Decc que muestran la colaboración del gobierno con la industria nuclear contra la demanda judicial presentada por Greenpeace. Los documentos muestran que el 7 de septiembre la OND entregó a la NIA la lista de 31 documentos presentados ante el juzgado por Greenpeace.
Los documentos filtrados muestran que el gobierno pretendía enviar a EDF una copia de la defensa del gobierno cuando ésta se entregase al juzgado. Greenpeace se ha mostrado especialmente molesta con la conducta de EDF, ya que el mes pasado la empresa fue multada con 1,5 millones de € por espiar al grupo ecologista en Francia.
Por regla general en los procesos judiciales de éste tipo, sólo es de acceso público la declaración principal, pero no los documentos o la lista de documentos adjuntos a ésta. Se puede acceder a los documentos, pero sólo tras la aprobación del juez. El procedimiento es lento y supone un tiempo de espera.
Según John Sauven, director ejecutivo de Greenpeace, “las pruebas obtenidas muestran que el gobierno ha estado subministrando información secreta sobre el proceso judicial iniciado por Greenpeace a la multinacional nuclear EDF, todo ello mientras la empresa se enfrentaba en Francia a un proceso judicial por espiar a la ONG”.
“Nuestros abogados han escrito al gobierno y al Tribunal Supremo denunciando la violación del proceso judicial por parte del gobierno. Si el gobierno quiere que EDF y la industria nuclear formen parte del procedo judicial han de seguir los tramites legales”.
Los documentos muestran que la OND y la NIA intercambiaron los comunicados de prensa en respuesta a la acción legal iniciada por Greenpeace en agosto. Según Sauven “este nivel de connivencia supone un abuso de poder y hace inútil el debate público”. “¿cómo se puede confiar en que el gobierno va a controlar la seguridad y el coste de las centrales nucleares si se ha convertido en una prolongación de la industria nuclear?
El acta de la reunión del 15 de septiembre muestra que el gobierno compartió información con EDF sobre la política nuclear. La empresa EDF informó, a su vez, al gobierno de los “trabajos preliminares” sobre Hinkley Point y sobre la elaboración de la solicitud para construir en el lugar una central nuclear.
Según el acta de la reunión, EDF iba a enviar a la OND un resumen de los “costes administrativos” que supone preparar la solicitud, y la OND prometió celeridad a la hora de responder a ésta. La empresa EDF iba a su vez a “planear una visita ministerial” a Hinkley.
Según Steve Thomas, catedrático de política energética en la Universidad de Greenwich en Londres, este nivel de cooperación es inaceptable. “Los documentos muestran que el gobierno británico, en su afán por impulsar su política nuclear ha perdido toda capacidad de actuar como parte neutral en el planeamiento de las centrales”.
El Departamento de Energía y Cambio Climático (Decc), ha aducido que resultaría imposible llevar a cabo la política energética y asegurar el suministro, sin unas “buenas relaciones de trabajo” con las compañías energéticas. Un portavoz del Decc afirmó que “así como se mantiene un estrecho contacto con los diferentes agentes del sector energético, también se tiene contactos con las universidades y grupos ecologistas”.
“En todo los casos, se toman las medidas pertinentes para evitar la parcialidad en la toma de decisiones”.
Peter Haslam, relaciones pública de la NIA aseguró que no se había alterado el procedimiento judicial. “No hubo por parte de la NIA o el Decc un intentó de influir en la política mediática de la empresa DEF. La lista de los documentos de Greenpeace subministrados a la empresa, podrían haber sido obtenidos directamente del juzgado.”
“EDF precisaba el índice de los documentos presentados en la causa iniciada por Greenpeace, para comprobar si era pertinente presentarse como parte en el proceso”.
Una portavoz de EDF afirmó que “los temas discutidos con el gobierno son razonables teniendo en cuenta el tamaño y la importancia de la inversión, que podría llegar a suponer el 12% de la energía eléctrica del país. El diálogo ha sido transparente y se ajusta a lo que el gobierno espera de EDF como promotora del proyecto”.
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