Por David Brooks
Un ex presidente de Colombia calificó de simpatizantes del terrorismo a reporteros del Washington Post por criticar a su gobierno; seis periodistas independientes fueron encarcelados acusados de vínculos con el terrorismo en Etiopía; un periódico vasco fue cerrado más de siete años al ser acusado de asociación con el terrorismo; en Estados Unidos, uno de los periodistas más destacados fue acusado de terrorista por un asesor del Pentágono, y un medio árabe ha sido amenazado repetidamente al ser acusado de lo mismo.
Son sólo algunos de decenas de ejemplos –todos denunciados por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y defensa de la libre expresión– de cómo la acusación de terrorismo o de cómplice del terror contra periódicos y periodistas ha justificado detenciones, cierre de medios, desapariciones, asesinatos, amenazas y aun tortura en todo el mundo: de Estados Unidos a Etiopía, de Colombia a las ex repúblicas soviéticas, de España a Turquía.
Además de justificar guerras y muertes de cientos de miles de civiles, campos de concentración (Guantánamo), rendiciones (secuestro y encarcelamiento clandestino en terceros países), tortura y operaciones encubiertas de todo tipo contra países y poblaciones enteras (Irak, Afganistán, Somalia, Palestina, Chechenia, el País Vasco, la población negra de Sudáfrica durante el apartheid), la etiqueta de terrorismo frecuentemente se usa para descalificar y exponer la vida de críticos, opositores y reporteros (desde movimientos de resistencia, opositores de regímenes, el macartismo) que se atreven a informar algo más que las versiones oficiales.
Desde el poder
Quién define quién es terrorista o no depende de los que tienen el poder. Vale recordar que los fundadores del talibán y los integrantes de Al Qaeda fueron llamados, en los ochenta, luchadores por la libertad y equivalentes morales a nuestros padres fundadores por nada menos que el presidente Ronald Reagan cuando los invitó a la Casa Blanca, en momentos que batallaban contra el régimen terrorista de la Unión Soviética. Igual los movimientos de liberación fueron llamados terroristas por regímenes dictatoriales que afirmaban defender a la patria, como en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, El Salvador, España, o más recientemente el derrocado régimen de Hosni Mubarak, en Egipto, o la retórica permanente de Israel. Nelson Mandela y su organización, el Congreso Nacional Africano, fueron calificados de terroristas por el régimen blanco sudafricano y por Washington y otros gobiernos durante la lucha contra el apartheid.
Sobre todo después del 11 de septiembre de 2011, cuando George W. Bush reafirmó la guerra contra el terrorismo (la primera proclamación de una guerra contra el terrorismo fue la de Reagan, que incluyó Centroamérica), medios y sus trabajadores han sido tachados una y otra vez de cómplices o colaboracionistas de terroristas, tanto por contrincantes como por gobiernos.
Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de comunicadores y derechos humanos han documentado decenas de casos que continúan hoy día.
Espionaje de Álvaro Uribe
Tal vez el caso reciente más notable fue cuando el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó de cómplices del terrorismo a reporteros del Washington Post en agosto de 2011. En respuesta a un reportaje de cómo el gobierno de Uribe había destinado la asistencia estadunidense antinarcóticos a unidades de inteligencia para realizar operaciones de espionaje y campañas de difamación contra jueces de la Suprema Corte, opositores políticos de Uribe y agrupaciones de sociedad civil, el ex presidente, en su cuenta de Twitter, escribió: Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo.
Uribe envió una carta al editor del Post, que se publicó, donde afirmó que los reporteros habían actuado de manera imprudente y sin rigor al presentar acusaciones difamatorias y poner en peligro la imagen de Colombia y mi administración sin una evaluación imparcial de los actos y testimonios. Subrayó que él siempre había promovido, como parte esencial de la democracia, la libertad de expresión.
Pero cuando esa libertad de expresión fue contraria a su posición, su primera reacción fue acusar a sus críticos de simpatizantes del terrorismo. Su respuesta provocó una llamada de atención del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) en Estados Unidos, que expresó su preocupación por los comentarios de Uribe, que “podrían poner en peligro a los periodistas Juan Forero y Claudia Julieta Duque [que junto con Karen DeYoung escribieron el reportaje para el Post] y poner en jaque a la libertad de prensa en el país”. Recordaron que Uribe no sólo los acusó de simpatizantes del terrorismo, sino también de cómplices de guerrilleros izquierdistas. Carlos Lauria, encargado del programa para las Américas del CPJ, afirmó que Uribe tiene que abstenerse de hacer acusaciones sin base contra periodistas [Forero y Duque]. En el contexto de Colombia, tales comentarios son extremadamente peligrosos.
No fue la primera vez que Uribe motivó quejas de defensores de periodistas. En múltiples ocasiones había acusado de estar ligados al enemigo a reporteros en su país que se atrevían a revelar asuntos contrarios a la línea oficial u ofrecer voces disidentes . Por ejemplo, en febrero de 2009, CPJ y Human Rights Watch enviaron una carta al presidente, donde le escriben: Objetamos las acusaciones que usted y otros integrantes de alto rango de su gobierno hicieron esta semana vinculando al periodista colombiano Hollman Morris al grupo guerrillero izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esas serias afirmaciones ponen en peligro la vida del periodista y ponen en jaque la libertad de prensa en su país.
Le recuerdan que su ministro de Defensa acusaba a Morris de ser cercano a los guerrilleros, mientras el procurador general, por órdenes del presidente, anunció que iniciaría una investigación criminal por posibles nexos de Morris con el terrorismo. Uribe acusó a Morris de esconderse detrás de su periodismo para ser un cómplice pasivo del terrorismo. CPJ y Human Rights Watch instaron a Uribe a que se retractara y que él y su gobierno se abstuvieran de acusar a miembros de los medios de tener nexos con actores armados, sin ninguna prueba.
Pero el caso de Morris es aún más complicado. Washington aparentemente aceptó las acusaciones de cómplice del terrorismo que Uribe y su gobierno lanzaron contra un periodista que había informado repetidamente sobre los nexos de paramilitares derechistas con altos funcionarios del gobierno de Uribe. A mediados de 2010, funcionarios consulares estadunidenses en Bogotá informaron a Morris que su visa para viajar la Universidad Harvard –donde había sido invitado a estudiar después de que se le otorgó la prestigiosa beca Nieman– le había sido negada conforme a normas de la Ley Patriótica relacionadas con actividades terroristas, reportó Frank Smyth, del CPJ. Fue la primera vez en la historia de la Fundación Neiman que a un periodista se le prohibía viajar a este país no por el gobierno de su país, sino por Estados Unidos.
Múltiples organizaciones, desde el CPJ a Human Rights Watch, el Open Society Institute, la Unión Americana de Libertades Civiles, el PEN, la Asociación Interamericana de Prensa y hasta la OEA solicitaron que el Departamento de Estado revirtiera su decisión. Finalmente ganaron y a Morris se le otorgó la visa. Inmediatamente después fue de nuevo amenazado de muerte.
De Etiopía al País Vasco
Hay muchos casos más en el mundo, donde medios y periodistas han sido atacados por gobiernos u otras entidades con la acusación de cómplices del terrorismo.
En noviembre pasado, un juez de Etiopía acusó a seis periodistas de terrorismo según las leyes antiterroristas de ese país (con ello, ahora son 10 los acusados desde junio), reportó el CPJ. Los cargos eran ayudar, asistir y apoyar a un grupo terrorista, según el gobierno, pero el CPJ y otros afirman que los cargos carecen de pruebas, y señalan que por lo menos dos de ellos habían sido detenidos anteriormente por reportajes críticos de las acciones represivas del gobierno. En 2009, dos de ellos, editores de un rotativo, cerraron su periódico después de amenazas de arresto. A escala global, Etiopía es uno de los países que más han encarcelado periodistas o los han enviado al exilio.
Dos periodistas independientes suecos fueron arrestados en julio en Etiopía y acusados de vínculos con terroristas mientras viajaban con unidades de un movimiento separatista calificado de terrorista por el gobierno, informó The Guardian. Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno a anular los cargos de apoyo a grupo terrorista, al subrayar que ambos detenidos son periodistas reconocidos que no tienen nada que ver con terroristas.
En 2010, después de que hace siete años el periódico vasco Euskaldunon Egunkaria fue obligado a cerrar cuando los cinco periodistas que lo dirigían fueron acusados de vínculos con el terrorismo, en este caso con ETA, un juez del Tribunal Nacional finalmente descartó los cargos presentados primero en 2003 por falta de cualquier prueba. Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones, había denunciado durante los últimos años la clausura del periódico motivada por las acusaciones de terrorismo.
Una etiqueta usada para limitar el flujo de ideas
David Brooks, La Jornada, 5 de diciembre de 2011, p. 35
Nueva York, 4 de diciembre. En un mundo que ha declarado, mediante su suprema entidad, la Organización de Naciones Unidas, una guerra contra el terrorismo, ser acusado de apoyar o tener alguna relación con el terrorismo provoca hoy de inmediato la atención de autoridades, justifica la vigilancia o el interrogatorio del acusado y podría llevar a su detención y hasta su muerte. Para medios y periodistas expone a sus trabajadores y descalifica su labor, como es el caso de, por ejemplo, Al Jazeera. También varios de medios turcos, filipinos, europeos del este, Telesur, o, aquí, algunos de los reporteros más venerados de Estados Unidos. También se puede incluir en la lista a Wikileaks.
Seymour Hersh, veterano corresponsal de guerra, premio Pulitzer, y uno de los periodistas más famosos de este país, que durante los últimos años ha trabajado para The New Yorker, fue acusado de terrorista por Richard Perle, una de las figuras más influyentes en Washington, considerado el arquitecto en jefe de la guerra contra Irak, en la era de George W. Bush. En 2003, uno de los principales asesores del Pentágono, Perle, renunció repentinamente como presidente de la Junta de Políticas de Defensa del Departamento de Defensa. Poco antes Hersh había publicado un largo reportaje sobre cómo Perle había lucrado con comerciantes de armas y otras empresas a cambio de darles acceso a circuitos de poder en Washington. Antes de su renuncia, el poderoso Perle (quien había sido secretario asistente de Defensa durante la presidencia de Ronald Reagan), atacó al periodista declarando en CNN que Hersh es lo más cercano a un terrorista que tiene el periodismo estadunidense, reportó en esas fechas Extra, publicación de la organización Fairness and Accuracy in Reporting (Fair).
Caso Wikileaks
Wikileaks también ha sido atacado con la etiqueta de terrorista. Un prominente político estadunidense, como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, acusó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de ser un terrorista de alta tecnología, algo en lo que coincidió el vicepresidente Joe Biden. El representante republicano Peter King, poco antes de asumir el puesto de presidente del Comité de Seguridad Interna en el Congreso, afirmó que Wikileaks es una organización terrorista extranjera.
El año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton consideró que la difusión por Wikileaks de los cables diplomáticos fue “no sólo un ataque a Estados Unidos… sino a la comunidad internacional”. De hecho, el sospechoso de filtrar los documentos, Bradley Manning, ha sido tratado en prisión casi igual que un acusado de terrorismo por el gobierno de Barack Obama.
Otras figuras de alto perfil, incluyendo comentaristas y periodistas, se sumaron al coro de denuncia en Estados Unidos contra Wikileaks, descalificando a sus miembros de ser periodistas y frecuentemente acusándolos de terroristas. La figura conservadora Sarah Palin tachó a Assange de “operativo antiamericano con sangre en las manos”, que debería ser perseguido con la misma urgencia con la que perseguimos a líderes de Al Qaeda y el talibán. Ex funcionarios sugerían que Obama debería designar a Wikileaks combatiente enemigo. Algunos conservadores sugerían incluso el asesinato de Assange.
Desde el inicio de la guerra estadunidense contra Irak y otras partes del mundo árabe, Al Jazeera ha sido atacada por el gobierno y por organizaciones conservadoras o sionistas. Durante la invasión de Irak, los militares estadunidenses bombardearon las oficinas de la televisora y mataron a uno de sus corresponsales. La cadena árabe ha sido atacada repetidamente por gobiernos y medios occidentales (al igual que por los dictadores del mundo árabe), y siempre, en el trasfondo de las descalificaciones se promueve la sospecha de que simpatiza con fuerzas terroristas del mundo musulmán, a pesar de nula evidencia. El Pentágono sostuvo ataques verbales contra la cadena desde el inicio de la invasión de Irak.
En otras partes del mundo, destaca el caso del respetado periodista tamil J. S. Tissainayagam, quien en 2009 fue condenado a 20 años de cárcel en Sri Lanka, en lo que algunos afirman que es la primera instancia en el mundo democrático de un periodista acusado conforme a una ley antiterrorista. El presidente Barack Obama señaló este caso como ejemplo de la persecución de periodistas (algo que ahora su gobierno hace al obligarlos a divulgar fuentes), Amnistía Internacional lo nombró prisionero de conciencia y la televisora pública PBS reportó que en su proceso nunca se presentaron pruebas de que haya apoyado a grupos terroristas (fue arrestado en 2008 según las nuevas leyes antiterroristas). El National Post, de Canadá, concluyó en un editorial que su único acto de terrorismo fue lo que escribía, un precedente peligroso.
En junio pasado, Urunboi Usmonov, corresponsal de BBC Radio, fue detenido en Tayikistán acusado de participar en una organización extremista musulmana, lo que la BBC rechazó tajantemente al demandar que las autoridades lo liberaran de inmediato.
Otros gobiernos han empleado el pretexto del terrorismo para silenciar a reporteros. En Turquía, Reporteros Sin Fronteras denunció en septiembre pasado el trato a dos de los periodistas de investigación más destacados del país, Ahmet Sik y Nedim Sener, quienes están detenidos desde marzo acusados de servir a un supuesto grupo terrorista.
El año pasado, un caso contra el ex reportero de Telesur William Parra sufrió un revés cuando fue destituido el fiscal colombiano que inició el procedimiento penal. Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación en 2010, desde que Colombia expidió una orden de detención internacional contra Parra acusándolo de vínculos con las FARC. El nombre de Parra apareció en la famosa computadora del comandante Raúl Reyes, capturada por los militares colombianos en Ecuador en 2008, pero Parra ya había sido acusado por militares colombianos de vínculos con terroristas desde que empezó a trabajar en Telesur, en 2006.
En Filipinas, cuando leyes antiterroristas fueron promulgadas en 2007, el Comité de Protección de Periodistas expresó su preocupación de que podrían ser usadas para intervenir las comunicaciones de informadores. Además, grupos de profesionales locales e internacionales temen que la ley pueda ser usada contra periodistas si es aplicada de tal manera que sean culpados de cómplices o accesorios, sólo por entrevistar o reportar las declaraciones de aquellos considerados terroristas por las autoridades.
En Marruecos, en 2003, tras unos atentados terroristas, se impulsaron leyes que derivaron en el cierre de cuatro periódicos y el arresto de cinco periodistas. En Rusia, en torno al conflicto con Chechenia, el gobierno de Vladimir Putin atacó a los medios que se atrevían a criticar sus políticas bélicas y hasta logró que los medios electrónicos firmaran un convenio que implicaba autocensura.
Claro, hay muchos ejemplos más, no sólo en la era posterior al 11-S, sino desde mucho antes. Por ejemplo, a fines de 1998 el CPJ condenó el encarcelamiento del periodista de radio Johnny Eduardo Pezo Tello, acusado de terrorismo por el gobierno del peruano Alberto Fujimori, después de que fue obligado a leer al aire un comunicado del movimiento Tupac Amaru.
En casi todos estos casos es inevitable la conclusión de que, en los hechos, la acusación contra periodistas o medios de complicidad o asociación, apoyo o endoso del terrorismo ha sido empleada no como intercambio libre de ideas y posiciones que gozan de libertad de expresión, sino precisamente para anular o reprimirla.
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