El congreso nacional aprobó, por la vía de la interpretación torcida, una reforma constitucional para dotar a las fuerza militar de funciones policiales, ratificando así el poder de las armas sobre la soberanía popular.
La excusa para restablecer en nuestro país el dominio militarista, basada en la profunda implicación de la organización policial en el crimen organizado, carece de sentido cuando las fuerzas armadas son parte de ese contubernio.
Lo que en los tiempos de la dictadura “cariísta” (1933-1949) se proclamaba con absoluta convicción totalitaria, mediante la tristemente célebre frase del diputado Plutarco Moños P. (N), vuelve a ser el emblema de la política de Estado: “La Constitución es pura babosada”.
El presidente del congreso nacional, Juan Orlando Hernánfez (N), al mostrar su júbilo por esta reforma constitucional, la califica de “decisión histórica y trascendental”. Añade que “el pueblo demanda de (las fuerzas armadas) su participación en las labores de seguridad…”
También dice el diputado Hernández “que está convencido (de) que el congreso nacional tiene la facultad de interpretar la Constitución de la República”. El es, por supuesto, abogado, y, asimismo, aspirante presidente de Honduras.
La solicitud de que los militares tengan funciones policiales provino del Ejecutivo, quien ha insistido por todos los medios a su alcance en lograr ese objetivo, seguro como está de que solamente con ese rol de las fuerzas armadas puede hacer frente al reto de la depuración y reestructuración policial.
Sucede, no obstante, que hoy día se sabe en el mundo entero que esa clase de remedios resultan ser peores que la enfermedad. En cuanto a Honduras se refiere la situación es peor, porque entre nosotros nunca ha resultado aquello de darle al ladrón las llaves.
Ocurre, además, y para colmo, que las asambleas legislativas en nuestra dulce Hibueras se volvieron expertas en el manoseo constitucional, a grado tal que ya nadie sabe dónde empieza ni donde termina el mandato fundamental. Es allí donde empezó el colapso de la institucionalidad hondureña, que ahora, como vemos, culmina en Estado fallido.
El grupo de abogados constitucionalistas que elaboró el dictamen sobre el proyecto de decreto de dicha reforma constitucional no se anduvo por las ramas con su “interpretación” al validar la pretensión de que las fuerzas armadas “asuman roles eminentemente policiales, no solamente para este momento, ya que quedaría interpretada para otros casos”.
En el fondo, no hay siquiera temporalidad en la medida, lo cual le da a la “interpretación” la condición definitiva de reforma al artículo 274 de la Constitución de la República.
De ahora en adelante, la sociedad hondureña debe estar consciente de que todo el esfuerzo de 20 años para erradicar el militarismo y rescatar la soberanía del poder civil ha sido causa perdida, y que la inseguridad ciudadana cabalga en caballo negro.
Diciembre 01, 2011
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