El asesinato del ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde, ex-secretario de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (CNLC), es, en resumidas cuentas, una declaración de guerra del crimen organizado a nuestro país.
El ingeniero Landaverde, cuya extraordinaria labor en la desigual y peligrosa lucha contra el narcotráfico le mereció el reconocimiento nacional e internacional por su valentía y entrega patriótica, era el último bastión civil en el frente con capacidad y valor personal para desentrañar el núcleo narcotraficante.
El asesinato de este hondureño ejemplar es el remate de una operación de encubrimiento y liquidación en altas esferas, que empezó con la eliminación física, hace dos años, del general (r) Julián Arístides González, jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLN), dependencia del Ministerio Público.
El general González fue liquidado un día después de haber declarado públicamente que tenía información sustancial sobre el narcotráfico y sus capos, con nombres y apellidos. El ingeniero Landaverde, integrante de la terna propuesta para llenar la vacante que dejara el general González en la DLN, es inmolado tres días después de haber hecho declaraciones públicas en igual sentido.
Para quienes conocen de estrategia en esta clase de luchas, es relativamente fácil establecer los objetivos prioritarios del enemigo, por así decirlo, y que son casi siempre los mismos, si no es que clásicos: la inteligencia o información, la infiltración y las comunicaciones.
Esos tres elementos estratégicos están claramente cubiertos por el crimen organizado en Honduras, y, en consecuencia, la situación es extremadamente grave, al punto de que, como lo hemos venido señalando, nuestro país está en la antesala del Estado fallido, o sea, según algunos analistas, en posición de “Estado degenerado”.
La eliminación del general González y del ingeniero Landaverde tiene que ver con el tema de la inteligencia operativa para apuntar al cerebro central de la mafia. El asesinato de periodistas y los atentados a los medios de comunicación social es parte del silenciamiento e inmovilización para la imposición de un clima de terror. La infiltración es la conversión de los organismos de seguridad del Estado en aliados y asociados.
Así se explica, en síntesis, lo que hoy día sucede en Honduras, cuyo agravamiento no es otra cosa que el desplazamiento de la guerra contra el narcotráfico planteada en México, con iguales características pero con peores consecuencias. En estas condiciones, falta mucho más por ver ante la incapacidad institucional para hacer frente a la invasión.
¿Qué podemos esperar si, como es evidente, hay un involucramiento total del sistema de seguridad del Estado con el crimen organizado, en el que, como lo señalaron González y Landaverde, participan las fuerzas armadas, la policía, el sistema judicial y el ministerio público? ¿Quién podrá defendernos si ya existe una identidad “institucional” del crimen organizado en Honduras?
Como ocurre en estas catástrofes, es el pueblo el que salva al pueblo. Recordemos que eso fue, precisamente, lo que funcionó en 1968 en la guerra fratricida entre El Salvador y Honduras, aunque de naturaleza muy diferente. Pero, en definitiva, es lo que nos queda. De ahí la importancia crucial de la movilización y de la intervención. A fondo, sin excusas y sin contemplaciones.
Diciembre 08, 2011
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