Para hacer un diagnóstico de la corrupción en Honduras la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha enviado un grupo técnico, satisfaciendo una demanda de apoyo del gobierno hondureño a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La solicitud a este respecto fue formulada al comienzo de la administración Lobo Sosa, cuando Honduras estaba marginada de la comunidad internacional y se buscaba la acreditación gubernamental, dada la precaria legitimidad del proceso electoral y sus resultados.
Ahora, con la normalización formal de las relaciones de Honduras con el resto del mundo, las principales exigencias para el reconocimiento auténtico, que implica la cooperación económica y la asistencia financiera, son el combate a la corrupción generalizada y el efectivo respeto de los derechos humanos.
El problema de la corrupción en nuestro país es muy profundo y entre sus efectos relevantes está la afectación negativa a la legitimidad del régimen, pues, en vez de disminuir, este flagelo ha penetrado aún más sus raíces merced al colapso de la institucionalidad, que se materializa en impunidad política, jurídica y social.
El grupo técnico de la CICIG encontrará, sin duda, una situación de extremada corrupción, que, por supuesto, tiene que ver con un complejo síndrome en el que intervienen síntomas de desorden educacional, cultural y de irresponsabilidad política que han carcomido el sistema hasta convertirlo prácticamente en una “cleptocracia”.
Hay quienes consideran que el demasiado alto grado de pobreza e indigencia en Honduras (80% [40%indigencia]) es la fuente de la corrupción, pero es al revés. La corrupción entre nosotros, en tanto idiosincrasia, es fuente de la pobreza, sobre todo si, como en realidad sucede, los partidos políticos la sustentan.
Vemos, entonces, que la existencia de una cultura de corrupción nos ha llevado a un insondable estado de confusión en el que los dirigentes políticos, la élite del poder, los líderes empresariales, la clase gobernante, ya no distingue los valores morales ni los imperativos éticos, lo legal de lo ilegal, y el común de las gentes no halla un contraste entre lo bueno y lo malo.
En el complicado mundo de la violencia y la criminalidad, en el que Honduras sobresale, podemos advertir la preeminencia de la corrupción y su hermana gemela, la impunidad. Esto explica, en parte significativa, la inseguridad existente y la infiltración del crimen organizado en las altas esferas y en los organismos de seguridad del Estado.
También así se entiende la pérdida de confianza, el descreimiento, de la ciudadanía en los políticos y su machacona retórica de unidad nacional, cuando son ellos los que propician la lucha de clases, adjudicándole, eso sí, esa iniciativa a los sectores populares.
Una mascarada, por cierto, que también se pone al descubierto cuando aparecen nuevos partidos que pretenden hacer demagogia con la falsa promesa de lucha contra la corrupción, de la cual son agencias emergentes.
Es en estas condiciones y circunstancias que la comisión técnica de la CICIG llega a Honduras a realizar su trabajo, comparable a los míticos trabajos de Hércules.
Diciembre 12, 2011
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