El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja lugar a dudas. El golpe de Estado en Honduras produjo una quiebra del sistema constitucional. Los golpistas de Micheletti asesinaron la democracia, provocaron muerte, causaron miedo, practicaron represión, institucionalizaron la indefensión ciudadana, propinaron palizas indiscriminadas y cometieron agresiones sexuales a mujeres.
El propósito del Golpe de Estado cívico–militar no fue otro que interrumpir por la fuerza el camino que Honduras había emprendido hacia la justicia social. El todavía legítimo presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sufrió en sus carnes la misma conspiración fascista de las que antes fueron víctimas, entre otros, los presidentes democráticos Manuel Azaña, en España (1936), Salvador Allende, en Chile (1973), o Jean–Bertrand Arístide, en Haití (1991)
Del informe de la CIDH sólo cabe concluir que Honduras vive hoy bajo una dictadura fascista, respecto a la cual la comunidad internacional ha mantenido una actitud excesivamente condescendiente, más allá de pronunciamientos institucionales. Ni el asesino de los Derechos Humanos Roberto Micheletti, ni su títere Porfirio Lobo (disfrazado de “presidente electo” desde octubre) deberían merecer la menor garantía de normalización democrática para una comunidad internacional enferma de razón de Estado.
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