Un juez que participó en el golpe de Estado, dictó sobreseimiento definitivo para los delitos cometidos por la Junta de Comandantes de las FFAA contra el presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, este martes.
En un proceso totalmente viciado desde el inicio, el poder militar, el sistema de justicia y la oligarquía , trataron de burlararse del pueblo hondureño, que se mantiene en resistencia desde el golpe de Estado y conoce muy bien las telarañas de la impunidad que se están utilizando para dejar absueltos a los promotores y ejecutores del golpe de Estado.
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto (foto); Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuéllar Castillo, Abel Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, por extradición y Abuso de Autoridad cuando lo sacaron violentamente de su vivienda al mandatario, como parte del golpe de Estado donde participaron el mismo Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia,CSJ y el Congreso Nacional de la República.
La CSJ nombró a Avilés como Juez Natural para que conociera el caso donde la Fiscalía solamente incluyó los delitos menores para los imputados que solamente llegaron a la audiencia de imputado y después solamente los apoderados legales se presentaron en la continuación del "supuesto juicio".
La decisión de sobreseer las causas a favor de los militares, no surtió ninguna sorpresa entre las organizaciones de derechos humanos, pues la Corte Suprema de Justicia sin ninguna justificación y violentando las garantías constitucionales, denegó una solicitud de recusación contra el juez natural y la adhesión a la causa, que fue presentada por el CODEH.
Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo ante una delegación internacional de activistas de derechos humanos que llegó al país para conocer más detalles de los últimos acontecimientos en el país, que desde un principio se sabía que el Ministerio Público tenía el objetivo de lavarse la cara con el requerimiento fiscal y todo ha sido de “compadre hablado”, pues los que están resolviendo son los mismos que dieron el golpe de Estado.
El presidente del Poder Judicial, esgrimió el cacareado argumento de la protección de las vidas del pueblo hondureño, por las posibles acciones violentas de los seguidores de Zelaya, una reiteración de hacer ver a miles de personas que se mantienen en resistencia desde el 28 de junio pasado, como un movimiento violento, a pesar que nunca han tomado las armas y todas sus acciones han sido pacíficas.
Paralelamente en el Congreso Nacional que recién ha iniciado sus sesiones con los diputados y diputadas que surgen de elecciones ilegítimas, ha anunciado la aprobación de una amnistía, la que ya se sospecha sea para personar los crímenes cometidos contra los derechos humanos de los hondureños, que han dejado más de 30 personas asesinadas, centenares de torturadas y golpeadas, más de 130 personas perseguidas políticamente con juicios por delitos políticos , casi un centenar de exiliados políticos y decenas de amenazados y vigilados por cuerpos represivos implementados por la dictadura.
La resolución del Poder Judicial, señalada como la crónica de una sentencia anunciada. Durante todo el proceso que fue muy corto y “muy expedito”, los militares gozaron de todos los privilegios necesarios para fomentar la impunidad de sus acciones ilegales contra la institucionalidad hondureña.
En un proceso totalmente viciado desde el inicio, el poder militar, el sistema de justicia y la oligarquía , trataron de burlararse del pueblo hondureño, que se mantiene en resistencia desde el golpe de Estado y conoce muy bien las telarañas de la impunidad que se están utilizando para dejar absueltos a los promotores y ejecutores del golpe de Estado.
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto (foto); Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuéllar Castillo, Abel Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, por extradición y Abuso de Autoridad cuando lo sacaron violentamente de su vivienda al mandatario, como parte del golpe de Estado donde participaron el mismo Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia,CSJ y el Congreso Nacional de la República.
La CSJ nombró a Avilés como Juez Natural para que conociera el caso donde la Fiscalía solamente incluyó los delitos menores para los imputados que solamente llegaron a la audiencia de imputado y después solamente los apoderados legales se presentaron en la continuación del "supuesto juicio".
La decisión de sobreseer las causas a favor de los militares, no surtió ninguna sorpresa entre las organizaciones de derechos humanos, pues la Corte Suprema de Justicia sin ninguna justificación y violentando las garantías constitucionales, denegó una solicitud de recusación contra el juez natural y la adhesión a la causa, que fue presentada por el CODEH.
Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo ante una delegación internacional de activistas de derechos humanos que llegó al país para conocer más detalles de los últimos acontecimientos en el país, que desde un principio se sabía que el Ministerio Público tenía el objetivo de lavarse la cara con el requerimiento fiscal y todo ha sido de “compadre hablado”, pues los que están resolviendo son los mismos que dieron el golpe de Estado.
El presidente del Poder Judicial, esgrimió el cacareado argumento de la protección de las vidas del pueblo hondureño, por las posibles acciones violentas de los seguidores de Zelaya, una reiteración de hacer ver a miles de personas que se mantienen en resistencia desde el 28 de junio pasado, como un movimiento violento, a pesar que nunca han tomado las armas y todas sus acciones han sido pacíficas.
Paralelamente en el Congreso Nacional que recién ha iniciado sus sesiones con los diputados y diputadas que surgen de elecciones ilegítimas, ha anunciado la aprobación de una amnistía, la que ya se sospecha sea para personar los crímenes cometidos contra los derechos humanos de los hondureños, que han dejado más de 30 personas asesinadas, centenares de torturadas y golpeadas, más de 130 personas perseguidas políticamente con juicios por delitos políticos , casi un centenar de exiliados políticos y decenas de amenazados y vigilados por cuerpos represivos implementados por la dictadura.
La resolución del Poder Judicial, señalada como la crónica de una sentencia anunciada. Durante todo el proceso que fue muy corto y “muy expedito”, los militares gozaron de todos los privilegios necesarios para fomentar la impunidad de sus acciones ilegales contra la institucionalidad hondureña.
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