Un perseguido de la justicia...VITALICIO

Vos El Soberano


Por Verenice Bengtsson

El Congreso Nacional de la República de Honduras ha nombrado a Roberto Micheletti Diputado Vitalicio por posicionarse -según ellos- como defensor de la democracia. El hecho , ha significado que de nuevo la conducta política de los congresistas sea objeto de la crítica nacional e internacional:

Estos y no otros son los “méritos” de Roberto Micheletti

Se le supone responsable de:

Conspirar desde el Congreso Nacional conjuntamente con la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia para devolver poder a las Fuerzas Armadas a través de la captura abusiva e ilegal del presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, que dio lugar al secuestro violento, detención ilegal y expatriación del presidente Manuel Zelaya Rosales.


Falsificación de documentos públicos en el seno del Congreso Nacional de la República -del cual era presidente- al presentar una carta de renuncia falsa de Manuel Zelaya Rosales y, a través de esta, proseguir a la sucesión para ser nombrado por los diputados Presidente de la República; usurpando el poder e irrespetando la voluntad popular.

En su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y, de Presidente de Facto, mantuvo una actitud permisiva y tolerante de los siguientes delitos y abusos:

Secuestro y expatriación ilegal del país de la Canciller de la República Patricia Rodas (hecho hasta ahora invisible ante los juzgados y cortes nacionales)

Detención violenta contra los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela acreditados ante el pueblo y gobierno de Honduras, acto que violenta las normas elementales del derecho internacional y más específicamente la Convención de Viena.

Detención ilegal y secuestro de intelectuales y artistas en contra del Golpe de Estado.

Cierre de Radio Globo, Cholusat Sur y el bloqueo de señales de cables internacionales que informaron o cuestionaron el golpe de estado.

Expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Retiro de los Embajadores de Centroamérica, Norteamérica –excepto EUA- Suramérica y Europa, acreditados ante el pueblo y gobierno de Honduras.

Rechazo del G-8 ante el golpe de estado y la conducta política.

Rechazo y condena de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Congelamiento de ayuda de los países cooperantes y, en consecuencia, suspensión y/o retiro de programas de desarrollo, asistencia técnica y préstamos.

Congelamiento de 100 millones de euros en materia de cooperación de la Unión Europea (UE)

Congelamiento de los fondos de la cuenta del milenio.

Pérdida de credibilidad para generar inversión extranjera en el país.

Golpe al turismo nacional.

Como resultado de lo anterior: empeoramiento de la crisis social y económica.

Quebrantamiento de los avances de los incipientes procesos democráticos.

Retiro de ayuda militar.

Principal responsable de la emisión de Decretos orientados a suspender las garantías constitucionales de la población (toques de queda) que propiciaron las siguientes violaciones:

Violación al derecho a la vida

Violación al derecho a la libertad personal

Violación al derecho a la integridad personal

Violación al derecho a la libertad de expresión.

Violación al derecho a la libre emisión del pensamiento.

Violación al derecho a la libre locomoción

Violación al derecho de manifestación y reunión pacífica.

Violación al derecho a la insurrección frente a un gobierno usurpador.

Actitud permisiva y tolerante frente a torturas, detenciones y asesinatos de personas mediante represión en las manifestaciones, así como asesinatos selectivos de profesores, estudiantes, campesinos, periodistas, miembros de la comunidad gay, que formaron parte de la oposición al golpe de estado.

Promotor de apologías de odio y discriminación en contra de la población en resistencia que se manifiesta en contra del golpe de estado. (Vagos, lacras, vándalos, comunistas, zelayistas y uso de otro tipo de términos peyorativos )

Colocar a Honduras como estado denunciado por violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Junto a Kenya, Uganda y Sudán, y después de haberse posicionado Honduras como estado fundador de la Corte Penal Internacional, ahora Roberto Micheletti y compañía han hecho que el país figure entre las denuncias ante esa Corte, por suponérsele responsable de los anteriores delitos en el marco de la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Esto es, un delito de lesa humanidad contenido en el estatuto de Roma.

Al negarse a devolver el poder usurpado y realizar elecciones en un ambiente dictatorial, es responsable de que las elecciones llevadas a cabo en noviembre de 2009, carezcan de transparencia, reconocimiento y credibilidad por parte de la mayoría de países que integran la comunidad de naciones y que a esta fecha se niegan a reconocer un presidente electo bajo el poder de la bota militar.

Según indicadores de la CEPAL, en Honduras el 68.9 % de la población vive en condiciones de pobreza y el 45.6% alcanza niveles de indigencia. De acuerdo al índice sobre Desarrollo Humano del PNUD, Honduras se ubica en el lugar 112 muy abajo en la escala de los países de desarrollo medio. 1/3 de la población menor de 5 años aún lucha contra los efectos de la desnutrición para lograr sobrevivir.

Según el Instituto Nacional de Estadística INE, más de 2,6 millones de los siete millones de hondureños viven con ingresos menores de un dólar al día. 2,5 millones de habitantes de la población económicamente activa no tienen empleo, mientras tanto 100.000 hondureños buscan emigrar del país anualmente para lograr mejorar las condiciones de vida para ellos y sus familias. De acuerdo al Observatorio de la violencia, en Honduras 8 personas mueren al día por causas violentas, puesto que el país enfrenta un ambiente de inseguridad que encuentra su germen en la miseria, en la desintegración familiar, en la carencia de servicios y necesidades básicas como vivienda, alimentación, educación y salud, negadas para la gran mayoría marginada.

Este es el remedo de democracia de la cual los Diputados y Pinocheletti se vanaglorian y se proclaman defensores.

Parece que a la clase política y empresarial de Honduras, se les olvidó que ya no estaban en la década del Pinochet de los 70´s y que ahora ese tipo de delitos, no debían repetirse, pero si se repetian al menos no impunemente.

El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional es aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Aún cuando en este momento, los diputados no cuentan con inmunidad, no sería un hecho inesperado, que en la próxima legislatura, emitieran un decreto para concederse de nuevo la prerrogativa de la inmunidad. Sin embargo, según el estatuto de Roma, las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Además los crímenes de competencia de la Corte son imprescriptibles.

El Estatuto de Roma fue creado bajo un principio de carácter complementario de las cortes nacionales, es decir corresponde juzgar a los países, pero, cuando estos no lo hagan entonces lo hará la Corte Penal Internacional. Es oportuno también decir, que el Estatuto de Roma puede ser aplicado por el juez de cualquier otro estado parte que invoque el estatuto o que haga uso de la jurisidicción universal de la misma manera que la ejerció el Juez Garzón contra el Pinochet de Chile.

Es así que lo único que el Pinochet de Honduras ha logrado con el violento golpe de estado, es posicionarse como un perseguido de la justicia... VITALICIO.

Suecia, 16 de enero de 2010