Derechos humanos deuda pendiente

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su informe “Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado”, como resultado de la investigación oficial, sobre el terreno, de un selecto equipo de especialistas realizada del 17 al 21 de agosto del año pasado.

Este informe —y sus notables conclusiones— es, sin duda, el documento más importante sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país en la primera etapa del golpe de Estado militar, del 28 de junio hasta el 21 de agosto del 2009, situación que ha continuado, por momentos acrecentada, hasta el presente mes.

De las conclusiones de este documento entresacamos dos, que reflejan la magnitud del atentado a las libertades individuales en Honduras durante ese nefasto período y la impunidad garantizada por las autoridades judiciales:

“Durante su visita, la CIDH pudo constatar que en Honduras, a partir del golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo muertos, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, la militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos”.

“En base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado hondureño en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. No obstante, las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de ese país niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune”.

Efectivamente, en el siguiente período de facto del 21 de agosto hasta el presente, las violaciones a los derechos humanos en Honduras aumentaron en número y en intensidad, lo cual ha venido siendo registrado meticulosamente por los organismos de derechos humanos responsables y personas entregadas a esta noble tarea, con el propósito de que se haga justicia temprano o tarde, pero que nada de esto quede en la impunidad.

El presidente electo, Porfirio Lobo Sosa, se ha comprometido ante la comunidad internacional “a encabezar un gobierno respetuoso de los derechos humanos, donde habrá un pleno disfrute de las libertades públicas y, por consiguiente, ningún hondureño se verá perseguido por sus convicciones políticas, creencias religiosas o de otro tipo”.

Sin embargo, está esa deuda pendiente de la justicia sobre lo acontecido durante el régimen de facto, que al parecer se pretende eludir con una amnistía general, pero que, dado el caso, será objeto de un tratamiento judicial en la Corte Penal Internacional.