Por Giorgio Trucchi
Cada día son más los países y poblaciones que sufren los embates de la pandemia de Covid-19. Con excepción de algunos casos, los gobiernos de países afectados han impuesto medidas drásticas para al menos frenar el avance y difusión del contagio. Medidas que muchas veces rozan con los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Blindan fronteras internas y externas, militarizan ciudades y territorios, decretan estado de excepción y toque de queda, tratando así de paliar debilidades y fallas crónicas de un sistema de salud víctima sacrificial de un modelo económico neoliberal privatizador, individualista y acaparador.
Eugenio Sosa es sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según él, la situación que se ha generado en diferentes países europeos y el pavor que se ha apoderado de su población, hizo que países como Honduras radicalizaran las medidas para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los altos índices de desigualdad que existen en la inmensa mayoría de países latinoamericanos generan impactos muy diferentes en la población.
Quien sufre más estas medidas draconianas son las franjas más frágiles de la población, cuyos derechos han sido cercenado año tras año, ley tras ley, medida económica tras medida económica. Ahora, como por arte de magia, para millones de desamparados y excluidos hasta está en peligro su propia supervivencia.
“Honduras es uno de los países de mayor desigualdad, miseria y exclusión del continente latinoamericano. Cuando el gobierno decreta cuarentena total y toque de queda, la inmensa mayoría de la población queda en el desamparo. Son todas aquellas familias que sobreviven de la economía informal, del trabajo precario, que a duras penas logran garantizar el sustento diario”, dijo.
Honduras desigual
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza afecta en promedio al 61.9% de hogares, de los cuales el 38.7% viven en pobreza extrema. Estos datos se elevan en la zona rural donde la pobreza golpea al 70.3% de hogares y la pobreza extrema al 58.9%. Si revisamos el cuadro de personas que viven en hogares por nivel de pobreza vemos que el nivel de indigencia se dispara al 67.1% (casi 6 millones de personas) y la pobreza extrema afecta al 42.9% (3,8 millones). En el área rural, pobreza y pobreza extrema castigan al 73.8% y 62.6% de personas respectivamente (Alba Sud 2019).
El estudio “Diagnóstico del trabajo” del Banco Mundial evidencia que un 58% de los empleos en Honduras todavía son informales, uno de los niveles más altos en América Latina y el Caribe. La informalidad laboral afecta tanto al “empleo por cuenta propia”, como al trabajo asalariado (41%). En especial, las mujeres son las que más sufren esta situación: solamente un 47% de las hondureñas en edad de trabajar tienen un empleo, muy frecuentemente informal.
Siempre el INE señala que en Honduras el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo visible e invisible es de casi 2.8 millones, es decir el 66% de la Población Económicamente Activa (PEA). El subempleo invisible [1] alcanza casi los 2 millones de personas. Según el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), en los últimos años el empleo informal en Honduras se ha incrementado en más del 160 por ciento.
La institución que coordina la generación de agregados estadísticos oficiales calcula que en 2019 la PEA sumó un poco más de 4.2 millones de personas, es decir un 46.1% de la población total del país (9.2 millones).
Para Eugenio Sosa, las medidas radicales implementadas por el gobierno hondureño van a generar una situación explosiva. Lo mismo va a pasar en los países de la región donde hay altos niveles de pobreza y desigualdad. “Si el gobierno no adopta medidas diferenciadas para estos sectores la gente va a salir a las calles a buscar qué comer. Esto va a desencadenar una reacción extremadamente represiva y la sociedad va a convulsionarse”.
Es por esto que expertos y expertas de derechos humanos de la ONU urgieron a los Estados a “evitar extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronavirus” y les recordaron que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia “no deben ser utilizados para anular el disenso (…) y que cualquier respuesta de emergencia debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.
Emergencia y corrupción
Otro elemento que preocupa al sociólogo hondureño es el uso discrecional que hará el gobierno de la suma multimillonaria aprobada por el Congreso para enfrentar la emergencia.
“Son 420 millones de dólares que podrán ser usados de manera totalmente discrecional para, dicen, construir hospitales y centros de salud. En un país como Honduras, con una institucionalidad muy débil y con un sinnúmero de casos de corrupción que han quedado en la impunidad – recordemos el saqueo de casi 330 millones de dólares del Seguro Social – esta medida ha generado muchas preocupaciones.
Quiere decir – continuó Sosa – contratos sin licitación, contratación de personal sin vigilancia de procesos de selección, tercerización y privatización de servicios. También retoma aquella Ley Marco de Protección Social que el año pasado generó las grandes protestas de médicos y maestros.
Pero esto va más allá, porque una convulsión social en un año preelectoral hasta podría gestar escenarios de continuismo político”, advirtió Sosa.
Es el capital
Para el catedrático no hay duda alguna de que esta crisis hunde sus raíces en la implementación y profundización de un modelo económico basado en el egoísmo, el individualismo, la exclusión y la concentración de riqueza. Un modelo neoliberal acaparador y depredador que ha arrasado con el Estado de Bienestar, ha saqueado territorios y bienes comunes, ha convertido los servicios esenciales en mercancía, barriendo derechos fundamentales y arrancando a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas el sueño de una vida digna y un futuro mejor.
“¿Por qué hasta ahora se preocupan en invertir en salud? Han arrasado con todo y ahora nos encontramos en una situación donde no hay capacidad de respuesta ante una emergencia tan grande como es la pandemia del coronavirus. Corren como locos a pedir recursos sin involucrar a la sociedad, sin diferenciar medidas, sin rendición de cuenta, potenciando prácticas autoritarias y clientelares tradicionales”.
Sosa dijo estar preocupado también por el uso político que ciertos gobiernos podrían darle a la crisis sanitaria.
“Tampoco me sorprendería que la convulsión que se está dando en América Latina sea aprovechada tanto por los gobiernos satélites de Estados Unidos para militarizar, criminalizar y judicializar aún más a defensores y movimientos sociales y populares que no han parado de denunciar y luchar contra la corrupción, la impunidad y este modelo depredador, como por Washington y la OEA para profundizar el ataque sistemático contra aquellos gobiernos que no se doblegan ante sus políticas e imposiciones. Esta crisis puede convertirse en un caldo de cultivo para acallar voces críticas y potenciar prácticas dictatoriales”.
Para el sociólogo hondureño, las secuelas de la pandemia para países como Honduras son impredecibles, sin embargo algo diferente es posible.
“Ya tenemos ejemplos de países, como Cuba o Venezuela por ejemplo, que han decidido enfrentar la emergencia apartándose de un modelo individualista y manteniendo su visión solidaria. Esto nos hace pensar que algo diferente es posible.
Dos son los elementos para potenciar los procesos de emancipación y lucha: el primero es reafirmar con fuerza que lo que estamos viendo es una crisis de la sociedad capitalista que, frente a la pandemia, lo único que sabe plantear es el ‘sálvense quien pueda’. El segundo es que hay otro modelo que plantea el involucramiento de la sociedad, la participación ciudadana, la solidaridad interna y externa con quienes más necesitan.
También es una exhortación, una estimulación a los movimientos sociales y populares a profundizar el análisis de la relación crisis-modelo económico, proponiendo un nuevo modelo de salud, de desarrollo, de convivencia, y luchando por ello”, concluyó Sosa.
Notas
[1] Personas que trabajan 40 o más horas pero que reciben un ingreso por debajo del salario mínimo vital
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