El 16 de abril de 2020, Radio Progreso divulgó documentación relacionada a la compra de cuatro ventiladores mecánicos de alto flujo pulmonar para la Unidad de Cuidados Intensivos por parte del Estado Mayor Conjunto a favor del Hospital Militar, adquisición que según Fuerzas Armadas se hizo en el marco del catálogo de compras de emergencia definido por decreto Ejecutivo (PCM 005-2020). El total de la compra llega a los 7 millones 2 mil 384 lempiras.
La compra se celebró bajo expediente número 90-05-004, mediante un contrato establecido sobre la categoría de bienes y servicios, y suscrito con la empresa Imlab Farmacetica S. de RL, propiedad del esposo e hijo de la exdiputada de Libre Elvia Argentina Valle, el señor Marco Rojas Pinto y Marcos Arturo Rojas Valle.
El ventilador pulmonar adquirido es de alta generación, marca Draeger, modelo Evita V 300, el cual tiene doble especialidad para pacientes pediátricos y adultos. Este modelo es el óptimo para la atención de pacientes con Covid-19, de acuerdo a expertos, los aparatos adquiridos para el Hospital Militar son mucho mejor que los ventiladores Vivo 50, marca Breas que hace más de un mes compró COPECO.
La neumóloga y jefa de los médicos del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa dijo hace unos días a Radio Progreso que, los artefactos (Vivo 50) entregados por el Gobierno al Tórax, se encuentran sin uso pues en primer lugar están incompletos y en segundo, no son útiles para atender a pacientes con Covid-19.
Radio Progreso siguió la línea presupuestaria de ejecución de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), por la cual se realizó la compra. De acuerdo a documentación de esta dependencia, la compra fue ejecutada a través del programa Sistema Estratégico de la Defensa Nacional, una de las partidas que ejecuta la mayor parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas mensualmente.
A través del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, Sedena reportó los gastos en el portal especial de ejecuciones de presupuesto de emergencia, pues la Secretaría de Defensa como parte del Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (SINAGER), recibe fondos de la Secretaría de Finanzas para la crisis sanitaria.
En ese sentido, la compra para abastecer la estructura médica del Hospital Militar se realizó con fondos de emergencia que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo para combatir el Covid-19 en el país.
De acuerdo a la documentación en poder de Radio Progreso, el valor de cada ventilador pulmonar es de 1 millón 522 mil 257 lempiras con 54 centavos, la factura detalla la compra de 4 unidades más la suma de 913 mil 354 lempiras por impuesto sobre ventas, para dar un total de 7 millones 2 mil 384 lempiras con 68 centavos y fue adquirida al crédito según los reportes de las Fuerzas Armadas.
Y se pagarán con dinero que será ejecutado a través de fondos que la Secretaría de Defensa Nacional recibe de la emergencia por el Covid-19.
Para elegir al proveedor se analizó propuestas de equipo médico por parte de varias empresas, el mismo fue vigilado por la capitán de Sanidad de las FFAA, la biomédica Erika Darleny Meléndez, la teniente y biomédica Nathalia María Sosa Martin y los médicos intensivistas Hugo Alejandro Fiallos y Nolia Samira Martínez López quienes dieron el visto bueno para la compra del equipo.
En la tercera semana de marzo circuló documentación donde la Presidencia de la República, informaba a la dirección del Hospital Militar mantener de forma permanente habilitado un espacio para la atención del Presidente Juan Orlando Hernández, su familia y algunos de sus funcionarios más cercanos. El documento hacía mención de equipo específico y médicos especialistas que estarían encargados de las atenciones.
Ante la falta de detalles en la rendición de cuentas, el Gobierno está ejecutando presupuesto de emergencia para fortalecer centros médicos que en la práctica tienen un funcionamiento de atención privada y dejando en segundo plano la red hospitalaria pública del país.
Gobierno gastó 89 millones de lempiras para sostener Hospital Militar
El Hospital Militar es un centro asistencial que brinda atención médica especializada a empleados de las Fuerzas Armadas de Honduras y también lo hace a civiles como cualquier clínica privada.
Radio Progreso analizó la ejecución de gastos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entre los meses de enero de 2019 hasta febrero de 2020, encontrando un gasto ejecutado por el Hospital Militar de 89 millones 877 mil 6 lempiras, distribuidos en servicios profesionales, servicios personales, técnicos, bienes, alimentos, alquileres, servicios básicos, adquisición de productos farmacéuticos, medicinales, combustibles y lubricantes.
De acuerdo al análisis del Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Secretaría de Finanzas y de los estados financieros de SEDENA, el Hospital Militar como unidad ejecutora del Estado Mayor Conjunto, gastó por concepto de sueldos y contribuciones al Instituto de Previsión Militar un total de 83 millones 265 mil 750 lempiras.
Por medio de la partida Servicios Profesionales ejecutó en compra de materiales para servicio médico, sanitario, social, sangre y componentes de hemodiálisis un monto de 2 millones 794 mil 481 lempiras en 13 meses.
En el área de pago de alimentación para el personal que trabaja en la entidad se registró un gasto de 951 mil 521 lps, mientras que en compra de combustible, servicios y alquileres 65 mil lps y finalmente en compra de productos farmacéuticos y médicos un monto de 1 millón 263 mil 127 lempiras.
Al conocer la cifra el economista Nelson Ávila afirmó que, a pesar de que el gasto presentado en 13 meses es poco para un centro de atención médica, no deja de ser lamentable que al final sea la población a través de sus impuestos, la que esté destinando estos fondos para una atención exclusiva y totalmente privada.
El Hospital Militar se sostiene por dos vías: el presupuesto de SEDENA y los fondos recaudados por la atención privada de servicios médicos a civiles en las regiones de Francisco Morazán y Valle de Sula.
Ávila valoró que estos fondos públicos invertidos en este hospital perfectamente pudieron ser utilizados en la emergencia sanitaria que vive el país, pues al final el estado de los centros de atención pública es calamitoso.
Falta transparencia en liquidaciones presupuestarias
Radio Progreso comparó la rendición de cuentas entre entidades como SEDENA y otras dependencias del Estado, en ello se destacó la falta de detalle en la distribución ejecutada por medio de la partida de gastos generales de Secretaría Defensa.
Por ejemplo, la ejecución presupuestaria del Hospital Militar, así como de todas las unidades ejecutoras adscritas a la Gerencia Administrativa, no detallan los nombres de las empresas a la que se emiten los cheques por conceptos de compras o gastos generales.
En el pasado el Tribunal Superior de Cuentas entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, mediante informe número 005-2018, presentó los resultados de una auditoría aplicada a SEDENA, la cual se desarrolló debido a denuncias obtenidas sobre el manejo de fondos y formas de liquidación de las autoridades administrativas en la ejecución presupuestaria.
El principal hallazgo de esta auditoria es que los procesos administrativos de rendición de cuentas no eran los óptimos para garantizar la transparencia, por lo que demandaron a Fredy Santiago Díaz Zelaya, secretario de Estado en el Despacho de Defensa, que aplicara las medidas del caso para cambiar la situación.
A dos años de realizarse la auditoría, los vicios sobre el manejo, forma de administrar fondos y liquidaciones se mantienen en una entidad que en la actualidad tiene a través del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa un presupuesto de 6 mil 582 millones de lempiras, uno de los más grandes del país.
En los últimos diez años el presupuesto para SEDENA aumentó en un 303.4 % al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020.
Un hospital que en ley es público, pero en práctica es privado
El Hospital Militar no es privado, al menos así lo dice la legislación nacional, y es que esta entidad fue creada en 1992 amparada en la vigencia de la Ley de Sanidad Militar, la cual suscribió convenios en el Congreso Nacional para que el Hospital recibiera presupuesto a través de SEDENA.
Es decir, las compras ejecutadas por SEDENA para abastecer al Hospital Militar no son ilegales desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria, pues debido a su naturaleza legal es de carácter público a pesar que en la práctica sea totalmente privado.
El abogado Tony García dice que, la ejecución de estos fondos goza del amparo de las leyes, pero lamentablemente nos muestra que los militares son una clase privilegiada en un país pobre y con graves necesidades en materia sanitaria.
En la actualidad el Hospital Militar no solo atiende a empleados de las Fuerzas Armadas y familiares, también lo hace a civiles, quienes pueden llegar en solicitud de una consulta, atención de emergencia o ejecución de un procedimiento médico, cada servicio brindado por este centro a civiles tiene un costo, así como lo hace cualquier clínica privada del país.
Para el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, esto forma parte de una serie de contradicciones en cuanto a los derechos y garantías que la Constitución de la República otorga al ciudadano y ciudadana.
Mejía afirma que contradice el derecho de igualdad ciudadana, además muestra que en Honduras los militares no solo gozan de beneficios económicos, laborales, judiciales, sino que también médicos.
El abogado lamenta que el pueblo mediante sus impuestos deba pagar para sostener un centro al que cuando acude a él le cobra como cualquier clínica privada. Mejía manifiesta que en un momento como el que vive el país, puesto que este centro es de carácter público, se debería considerar ponerlo a disposición del pueblo hondureño que ahora sufre en carne propia el colapso hospitalario a raíz del abandono histórico del sistema de salud.
El Estado ha sostenido a este centro desde 1992, produciendo una fuerte inversión en una clínica de atención exclusiva para militares y de carácter privado para los civiles.
Solo con el presupuesto gastado en 13 meses por parte de SEDENA para el Hospital Militar (89 millones de lempiras entre enero de 2019 y febrero de 2020), el Estado pudo adquirir más de 175 ventiladores pulmonares marca Draeger, modelo Savina para abastecer la red médica pública a nivel nacional.
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