Ebal Díaz ministro de la Presidencial en reunión del CN.
El oficialismo aprovecha cada evento para sacar tajada económica, esto fue lo que sucedió en el Congreso Nacional en el marco de la aprobación de la Ley de Auxilio al sector Productivo y Trabajadores ante la emergencia del Covid-19.
Esta normativa fue aprobada en sesión de pleno en el Congreso, luego que el Poder Ejecutivo enviara el documento en el cual se incluyen disposiciones fiscales, permisos para la adquisición de créditos por parte del Estado y también reconsideraciones de sostenibilidad para la conservación de empleos.
Tal iniciativa está dividida en ocho secciones: disposiciones fiscales, que fue la única que no se aprobó y quedó sujeta a modificaciones. Además de la autorización a Finanzas para acceder a créditos de combate a coronavirus, transferencia de fondos a municipalidades, financiamiento a través de Banhprovi, contrataciones directas para ejecución de obras relacionadas a la emergencia, y conceder luz verde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, para implementar un sistema de banda ancha a nivel nacional.
La medida generó polémica pues gracias a ella el Congreso Nacional dio luz verde al Poder Ejecutivo para adquirir deudas por arriba de los 2 mil millones de dólares y abre la puerta a la contratación directa para manejar la emergencia.
De acuerdo a la aprobación del artículo 9 de la Ley, autoriza a la Secretaría de Finanzas a suscribir préstamos, contrataciones y todo lo que sea necesario para enfrentar la crisis generada por el Covid-19.
Economistas valoran esta medida como un grave error para el país y advierten que la misma dejará más deudas y por ende menos capacidad de pago, lo cual se reflejará en menos presupuesto para áreas como la salud y educación.
“Es un grave error para Honduras, crearán más deudas y menos capacidad de pago, es muy probable que en el futuro esto se refleje en menos inversión para áreas como la salud y educación”, dijo el exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino.
Pino lamentó el papel que está jugando el Congreso Nacional en un tiempo de crisis como el que vivimos, lo cual demuestra el verdadero interés que no enfoca por ningún lado a las necesidades de la población pobre del país.
Por su parte el economista Ismael Zepeda asegura que el país se hundirá más en materia económica, pues es fácil buscar financiamiento, pero es difícil definir los pagos que el país con sus ingresos debe hacer por concepto de estos créditos.
Para Zepeda a esta situación se le suma la falta de transparencia en el manejo de ese dinero, pues no hay confianza en los políticos de turno, quienes tienen un historial amplio de corrupción en sus espaldas.
En la discusión y aprobación de la Ley, estuvo presente el secretario de la Presidencia Ebal Díaz, quien se refirió a los objetivos principales de la iniciativa y de lo que esperan implementar para manejar la emergencia.
Ebal manifestó que la medida va orientada a sostener la economía y también a minimizar el impacto de la enfermedad en el país. Díaz dejó claro que para ello se necesitan fondos y es por esa razón que se requiere la colaboración de todos los poderes del Estado.
En la séptima sección, la Ley habla de la creación de una aportación solidaria para los trabajadores a quienes se les ha suspendido contratos laborales, la misma menciona de que ellos podrán recibir una aportación de 6 mil lempiras, misma que será financiada por las aportaciones que el sector público y privado tiene en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), sobre el asunto hizo sus valoraciones, el abogado y exdiputado Rasel Tomé.
“Es importante respetar los derechos laborales de los trabajadores y hay que buscar estrategias para que no se pierdan los empleos, esto es algo fundamental”, calificó Tomé.
La propuesta fue presentada en el marco de la sesión de Congreso Nacional, la cual no tuvo ningún tipo de incidencia, pues el oficialismo no dio trámite a la misma y la valoró como iniciativas irreales, populistas y que busca ganar terreno electoral aprovechándose de la emergencia.
La propuesta presentada por el partido LibRe consiste en: distribuir el presupuesto de la emergencia en varios ejes, entregar salario mínimo por tres meses a las personas más afectadas por la crisis sanitaria, suspender el pago de servicios públicos y privados durante el tiempo que dure la crisis, habilitar hoteles para personas sospechosas de Covid-19, que el Estado se haga cargo del pago de alquileres de vivienda y comercios durante se extienda la emergencia.
Asimismo, se propuso el fortalecimiento inmediato de toda la red hospitalaria y la compra de materiales e insumos para que los médicos hagan frente a la pandemia. El diputado Jorge Cálix, expuso la iniciativa la cual no fue tramitada por la Junta Directiva del Congreso.
Al escuchar la propuesta los nacionalistas y algunos liberales pegaron el grito al cielo, en el hemiciclo se escuchaban gritos de populistas y otros sugirieron que se les suspende la palabra.
El presidente del Congreso Nacional le dio la palabra al jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, Mario Segura, quien dijo que el país no necesita ese tipo de propuestas populistas e irreales que solo buscan ganar terreno electoral a costillas de la crisis.
Al escuchar las acusaciones, el diputado de LibRe, Jari Dixon lamentó que el oficialismo los acuse de populistas, cuando están dejando abandonado por completo al pueblo que enfrenta una dura realidad, misma que no es populismo como lo dicen sus detractores.
Durante la sesión no hubo otra iniciativa relacionada a la crisis sanitaria que vive el país, la reunión fue exclusivamente para abordar la Ley que envió Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional.
El abogado Tony García lamentó que aun en tiempos de crisis, se sigan con los vicios de enviar ya todo listo al Congreso y de no dar paso a que los demás partidos puedan abonar y entre todos construir medidas que beneficien al pueblo hondureño.
La sesión culminó con el acuerdo de reunirse nuevamente, pero a través de la plataforma virtual, para la cual aprobaron una iniciativa que también dio luz verde a la adquisición de forma directa, de los mecanismos tecnológicos para instalar las sesiones virtuales, que comenzarán la próxima semana.
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