Por Marc Allas
Michael Forst. Relator Sobre la Situación de los DDHH
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), considerando que los estados de emergencia son un terreno fértil para la violación de los derechos humanos y para cometer actos de represalia en contra de opositores políticos, periodistas independientes y defensores y defensoras de derechos humanos, ha enviado una carta al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos, Michael Forst.
La carta fue enviada el viernes 3 de abril, cuando se cumplen 17 días de haberse decretado la suspensión de garantías constitucionales a través del decreto ejecutivo PCM 021-2020, y ordenadas por el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
Durante este período, 45 defensores han sido víctimas de agresiones como represalias a su ejercicio y 7 periodistas han sido agredidos, detenidos, sus equipos decomisados y su material televisivo borrado.
En la misiva se detalla el impacto que está teniendo la suspensión de las garantías constitucionales, (dictadas por el régimen para contener la propagación del coronavirus en Honduras) en relación al trabajo que ejercen los comunicadores sociales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como la censura y persecución de las opiniones y críticas que vierten opositores políticos.
El COFADEH señala que el decreto PCM-021-2020, otorga amplios poderes, a Las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, que actúan en apoyo a la Secretaría de Salud, para poner en ejecución los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud a fin de evitar la propagación del virus.
Asimismo expresa que a pesar de las reformas a dicho decreto y que tienen que ver con la habilitación para ejercer la libertad de expresión, que fueron aprobadas el 21 de marzo, los abusos a estos derechos han continuado, constituyéndose en obstáculos a la labor periodística y en abusos constitutivos de tratos crueles contra los detenidos que a juicio discrecional de las fuerzas de seguridad del Estado, transgreden el toque de queda. Y restricciones a los defensores a expresar su opinión y a realizar denuncias.
El COFADEH considera que los hechos denunciados, profundizan la crisis de derechos humanos que se están perpetrando en un contexto complejo, donde toda la institucionalidad está al servicio del Ejecutivo, que considera a los disidentes como enemigos, en especial a la prensa independiente y a los defensores y defensoras de derechos humanos.
En la misiva también se plantea que el régimen de Juan Orlando Hernández, durante sus dos mandatos, ha retrocedido en el respeto y promoción de los derechos humanos. “El régimen ha sido hostil hacia los defensores, tratando de silenciar sus voces críticas en el país por medio de la amenaza, la criminalización y el asesinato. Prácticas de vigilancia clandestina, intervenciones de teléfonos, intercepción de mensajes electrónicos, han sido frecuentes aun antes de la pandemia”.
Por otro lado se denuncia que el régimen ha desplegado el ejército, la policía antimotines y preventiva a las plazas públicas y límites municipales, que están violentando derechos y abusos de autoridad, en algunas ocasiones selectivas, contra las personas que defienden su derecho a la alimentación, a suministros sanitarios y al agua. Y se le permite a la policía arrestar personas sin ninguna garantía y a discrecionalidad; remitirlo a diferentes centros irregulares para la detención de personas.
Por otra parte y en medio de esta crisis sanitaria, se registró el 2 de abril, un desalojo violento que provocó la muerte de la defensora de los territorios, Iris Argentina Álvarez Chávez, así como heridas por armas de fuego contra 3 labriegos pertenecientes a la Empresa Campesina “Cerro Escondido”.En otros aspectos denunciados, se destacan las medidas drásticas y arbitrarias adoptadas por las autoridades municipales que buscan la restricción de personas a sus municipios, como medida de prevención, pero que en muchos casos, violentan el derecho a la alimentación e integridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Guardias de seguridad privados de la Azucarera La Grecia, localizada en Monjarás, departamento de Choluteca, serían los responsables tanto de la muerte de la dirigenta, como de las heridas provocadas por armas de fuego en contra de 3 campesinos.
“Este hecho obedece a un patrón sistemático de ataque a los defensores, en este caso interrelacionado a la pandemia y prácticas estructurales que generan un ambiente de riesgo y peligro general para la labor de la defensa de los derechos humanos”, señaló el COFADEH.
Este caso concreto se ve incrementado por un alto grado de desprotección estatal y ausencia de acción preventiva a violaciones inminentes e irreparables, como ya ocurrió en el Aguan en el caso denominado el Tumbador, que se encuentra en la impunidad, advirtió la reconocida organización de los derechos humanos.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva solicitó a Michael Forst que le recuerde al estado de Honduras, que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Asimismo que le recomiende al Estado de Honduras que exceptúe, conforme el Articulo 3 del PCM021-2020, a los defensores de derechos humanos, para que puedan realizar su labor de defensoría sin objeto de detenciones ilegales y malos tratos.
En el marco de esta pandemia, los defensores de los derechos humanos sufren estigmatización y afrontan cada vez más obstáculos para desempeñar su labor. Las amenazas y ataques por parte de autoridades gubernamentales están impidiendo que desarrollen su labor de defensa.
El decreto PCM 021-2020, los excluye de la circulación para ejercer defensoría, únicamente autoriza al CONADEH que no tiene presencia en los municipios, por lo que las victimas de detenciones ilegales permanecen en absoluta indefensión en las delegaciones policiales por largos periodos de tiempo.
El COFADEH instó al Relator Sobre la Situación de los Derechos Humanos que reitere su llamamiento del 16 de marzo en donde se establece que “las declaraciones de emergencia por el brote no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
En la carta se pide a Michael Forst que solicite al Estado a que no utilice la crisis sanitaria para implementar medidas extremas que violan los derechos humanos, la libertad de prensa y la labor de quienes defienden los derechos humanos, justo cuando más se necesitan garantías para asegurar que la salud de la población en especial la más desfavorecida que no tiene acceso a otro tipo de información.
Y por último se solicita al Relator Especial de la ONU, a que exhorte al Estado para que proceda de inmediato a investigar los hechos en los que perdió la vida la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez, se proceda a deducir responsabilidad penal a los autores materiales e intelectuales y se proteja en forma inmediata, a los defensores del Movimiento Campesino Cerro Escondido y se les garantice atención médica y hospitalaria de calidad.
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