El viernes 24/04 la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de proteger la vida e integridad de los ocho defensores del agua de los ríos Guapinol y San Pedro, quienes se encuentran privados de libertad desde hace más de ocho meses.
Esta solicitud se genera ante la existencia de un riesgo inminente de daño irreparable a los derechos a la vida, la salud y la integridad de los defensores, en virtud de las condiciones de detención preventiva en las que se encuentran, las cuales se han visto recrudecidas en el marco de la crisis penitenciaria que atraviesa Honduras y la pandemia de COVID-19 que afecta actualmente a la humanidad.
En su escrito, las organizaciones peticionarias, denuncian que la privación de libertad que enfrentan los defensores es producto de la criminalización por su labor de defensa del medio ambiente, y consideran que su detención fue ilegal, arbitraria y contraria a los estándares de derechos humanos, al no haber sido debidamente motivada ni producto de un análisis pormenorizado de las circunstancias del caso.
En esta misma línea, sostienen que, desde septiembre de 2019, la representación legal de las personas defensoras ha presentado una serie de recursos para solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva, las más recientes presentadas los días 19 y 24 de marzo; sin embargo, a la fecha estos se encuentran pendientes de resolución, aunque ya se han superado los plazos legales establecidos para resolverlos y a pesar de que la Salsa Constitucional sesionó el 22 de abril para revisar recursos urgentes.
Por su parte, según la información presentada, las condiciones de los centros penales hacen imposible la adopción de medidas de prevención de contagio del COVID 19. En específico las organizaciones denuncian que en los centros penales de Olanchito y La Ceiba, donde se encuentran los defensores, existe una seria situación de hacinamiento, problemas para acceder a alimentos, atención sanitaria deficiente y medidas insuficientes e inadecuadas para proteger a los internos frente a la propagación de enfermedades al interior del centro penal.
A estas condiciones se suman también los factores de riesgo que presentan algunos defensores criminalizados de Guapinol, entre ellos hipertensión, asma y edad avanzada, los cuales les dejan en una mayor situación de vulnerabilidad ante el COVID 19 y, de resultar contagiados, podrían implicar consecuencias devastadoras para su salud y su vida.
En este sentido, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura de Honduras (CONAPREV) tras su visita al centro penal de La Ceiba, constató una grave situación de hacinamiento y condiciones indignas de alojamiento. Por su parte, en el centro penal de Olanchito, CONAPREV aseguró que los defensores “se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, en un espacio reducido y con limitaciones de material de aseo, hogar con poca ventilación y en condición de hacinamiento como el resto de la población privada de libertad, estas condiciones generan un trato indigno e inhumano, por lo que este comité de prevención recomienda a las autoridades judiciales la revisión urgente de la medida cautelar de prisión preventiva por una menos lesiva en el marco de la emergencia y ante las condiciones de alojamiento”.
Esta recomendación se suma a las emitidas por organismos internacionales para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en el marco de la emergencia sanitaria. En particular, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado a los Estados reducir la población penitenciaria a través de la liberación de aquellas personas privadas de libertad detenidas “sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
De acuerdo con las organizaciones peticionarias, los argumentos presentados dan cuenta del grave impacto que la materialización del riesgo al que están sometidas las personas defensoras puede tener en sus derechos a la salud, la vida y la integridad, particularmente en el marco de la pandemia. Esta situación resulta especialmente grave en el caso hondureño, debido a que este país registra la más alta tasa de mortalidad por COVID 19 del continente entre los países que registran más de 100 casos.
Así, las organizaciones representantes solicitan a la CIDH adoptar de manera inmediata medidas cautelares de protección para las personas privadas de libertad defensoras de Guapinol. En particular requieren:
Que se proceda a la liberación de los defensores y se impongan medidas alternativas a la prisión preventiva. Asimismo, que se realicen los exámenes correspondientes para constatar si han sido contagiados con COVID-19 y en caso de que el resultado sea positivo reciban la atención médica adecuada;
Que se garantice que, mientras permanezcan detenidos, reciban todos los medios de protección biosanitaria y la atención médica necesaria, para resguardar su salud, su vida y su integridad personal.
Finalmente, hacen un llamado a la CIDH para ordenar al Estado de Honduras tomar todas las medidas para garantizar sus derechos a la salud, vida e integridad de manera consensuada con las personas defensoras y sus representantes.
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