Producto de la crisis generada por el Covid-19, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) proyecta que al finalizar el 2020, se perderán alrededor del 10% de los empleos, es decir 250 mil personas desempleadas.
Alejandro Kaffati, economista e investigador del Fosdeh, indica que los sectores que concentrarán la mayor cantidad de despidos son el rubro del turismo, el comercio tanto formal como informal, y el área de la construcción.
En relación a la capacidad del Estado hondureño para atender las necesidades de las personas más afectadas durante la emergencia sanitaria, Kaffati apunta que los fondos públicos alcanzan para cubrir, por dos meses y medio, los 1.2 millones de hogares en condiciones de pobreza.
Lo anterior sin caer en presiones fiscales, es decir, sin incrementar la deuda externa y sin sacrificar sectores esenciales como energía, salud y educación, afirma Kaffati.
Fondos en nombre del Covid-19
De acuerdo al monitoreo del FOSDEH, desde febrero de 2020 hasta la fecha, la administración nacionalista tiene a disposición 18 mil millones de lempiras (720 millones de dólares) para atender las consecuencias sanitarias, económicas y sociales producto la propagación del Coronavirus.
Kaffati explica que dichos fondos están plasmados en el Presupuesto General de la República y en la transferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 140 millones de dólares, “es decir, el dinero ya está en la economía nacional, a disposición del Poder Ejecutivo y del SINAGER”.
“Adicional a esto, el Congreso Nacional ha dado una disposición a la Secretaría de Finanzas para que puede adquirir deuda directa hasta por unos 2,500 millones de dólares, esto preocupa al Fosdeh porque el país no tiene capacidad de pago para una deuda que alcanza el 55% del Producto Interno Bruto”, alerta Kaffati.
Señala que el Estado no tiene la capacidad logística para realizar transferencias monetarias y alimentos para la población más afectada: “hoy están tratando de solventarlo a través de las municipalidades, sin embargo, las transferencias son insuficientes, dado que los 335 millones de lempiras para las 298 municipalidades solo alcanzan para transferir 500 lempiras a cada familia en condición de pobreza”.
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