El Gobierno ha llegado a varios acuerdos con la empresa privada con el objetivo de buscar alternativas de sostenimiento ante la crisis que está generando el Covid-19 en la economía nacional.
Los acuerdos van desde la extensión del plazo para pagar impuestos, programas de financiamiento a través de Banhprovi, permitir a los empleadores que deduzcan a trabajadores los días de cuarentena por concepto de vacaciones, hasta la creación de un fondo común para cumplir con los salarios de los trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas de la suspensión de contratos por parte de sus patronos.
Analistas consideran que las medidas no ponen en la mesa una solución a la crisis que se viene para el país, y manifiestan que los más afectados serán los pequeños comerciantes y los trabajadores.
Por ahora es el sector obrero el que ha sacado la peor parte, pues varias maquilas y grupos de restaurantes de comida rápida, anunciaron la suspensión de contratos laborales por al menos tres meses.
Por otra parte, la deducción de vacaciones a raíz de la cuarentena se suma a la lista de golpes a este sector, que en la actualidad no tiene quien los defienda.
«Ambas medidas son ilegales. Es terrible que las autoridades cuando son ellas las que deben defender a los trabajadores, se comporten como cómplices de las violaciones a estos derechos laborales», interpretó el abogado laboralista Fredin Fúnez.
Para Fúnez las disposiciones son inconstitucionales y los obreros deben presentar cuanto antes los recursos correspondientes ante el Poder Judicial.
En todo el proceso, los grandes ausentes son las centrales obreras, quienes han guardado silencio absoluto ante la situación.
«Es triste ver la situación, pero hay que proceder, por lo menos para presionar a estos grupos que están actuando con la complicidad del Estado. Esto es un abuso de autoridad», siguió explicando el abogado.
Los empresarios afirman que por ahora el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) no puede regular este tipo de situaciones, que en este momento todo depende de la solidaridad que tengan los empresarios y también de la intervención y ayuda del Estado.
El dirigente del COHEP, Silvio Larios dijo que, es importante que existan acuerdos conjuntos entre todas las partes involucradas, pues no es justo que los empleados sean los afectados y que ellos por este tipo de disposiciones se queden sin trabajo y por ende sin capacidad para sostener a sus familias.
Larios manifestó que el Gobierno debe poner manos sobre el asunto, crear las condiciones para sostener y salvar la economía, sino esta crisis sanitaria dejará resultados sin precedentes para Honduras.
El economista Franklin García, calificó las propuestas de plan económico impulsadas por el Gobierno, como una salida que pretende solo beneficiar a los empresarios, pero que las mismas están olvidando a las grandes mayorías.
García consideró necesaria la aplicación de un plan de rescate integral a la economía, de lo contrario habrá más desempleo, más pobreza y más calamidad para Honduras.
El empresario Eduardo Facussé dijo a medios de comunicación que, en este momento hay que pensar en un plan de verdadero rescate económico, un plan que no deje sin empleo a la gente, pero que tampoco lleve a la quiebra a los empleadores.
Daniel Durón, eterno dirigente obrero, en cadena nacional acompañó a Juan Orlando Hernández, en la socialización de las medidas de rescate económico.
En la comparecencia, pidió al Gobierno y a empresarios que no dejen desamparados a los trabajadores, porque de lo contrario van a dejar más pobreza, por lo tanto, pidió solidaridad de parte de los empleadores.
En las últimas horas, el Congreso Nacional convocó a reunión de pleno para el próximo jueves, donde anunciaron que aprobarán medidas fiscales que han denominado, como medidas de rescate fiscal ante la crisis económica actual.
Por ahora, a pesar de los discursos no hay un plan claro de beneficio para los trabajadores, que en lo que va de la pandemia en el país, han sido víctimas de múltiples violaciones laborales.
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