En medio del toque de queda y de la incertidumbre por la llegada de la pandemia del COVID-19 a Honduras, el Estado está aprovechando para incrementar la criminalización y persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo en el departamento de Choluteca.
Para el caso, el pasado 17 de marzo sin ninguna consideración y en supuesto toque de queda, el gobierno de Juan Orlando Hernández envió a la policía a dar captura a Aleyda Huete, líder del movimiento “Bastión del Sur”.
Huete es acusada de cometer delitos de Tentativa de homicidio, Tenencia de armas de fabricación artesanal y Almacenamiento de artefactos explosivos, en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras.
Para la coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, la judicialización de personas que le estorban al gobierno va en aumento. Dice que el Estado miró la oportunidad de aprovechar el toque de queda y el levantamiento de las garantías constitucionales para capturar de forma arbitraria a la luchadora de la zona sur.
Hedme Castro explica que el Estado buscaba su detención desde diciembre de 2019, cuando hicieron un primer allanamiento y capturaron al esposo de Aleyda, quien está preso.
“Aleyda es una lideresa que junto al periodista Jairo López han fortalecido el movimiento social en la zona sur. A través del Bastión del Sur, se han convertido en una piedra muy filosa dentro de los zapatos de los políticos de la zona”, dice Castro.
Hostigamiento y vigilancia
El Juez de lo Penal de Choluteca dictó medidas sustitutivas a la prisión para la luchadora Aleyda Huete, quien tras salir de los juzgados no pudo ni siquiera abastecerse de alimentos en medio del toque de queda, sin embargo, agradeció la solidaridad de muchos ciudadanos y ciudadanas.
La luchadora del Bastión del Sur denunció a través de Radio Progreso, que después de haber sido capturada y que se le dictaran medidas sustitutivas de prisión, la persecución y la vigilancia para ella y sus familiares ha incrementado de manera exponencial.
“Han estado dando vigilancia a mi casa los elementos de la policía. Mi único delito ha sido denunciar las injusticias, denunciar que no hay medicamentos en los hospitales, el alto costo de los precios de la energía. Esas han sido nuestras luchas, y por eso es que nos persiguen”, detalló.
La luchadora señala que tiene temor por su seguridad y la de su familia. Además, responsabiliza al gobierno de cualquier cosa que pueda suceder en su contra.
Detalló que todas las personas que han acuerpado, desde el fraude electoral del 2017, el proceso de protestas en el Bastión del Sur, sufren persecución de parte de las autoridades en la zona.
Sur: terreno fértil para abusos
La directora de ACI-PARTICIA, Hedme Castro dice que la zona sur se vuelve terreno fértil para las violaciones de derechos humanos porque la región es paso de migrantes, de droga y escenario para la instalación de proyectos extractivos.
“No quieren que los defensores estén monitoreando, investigando y denunciando todos los abusos que se cometen. A los empresarios y políticos poderosos de la zona les interesa guardar las apariencias, y el Bastión del Sur, se encarga de desenmascararlos”, puntualiza.
Desde el fraude electoral de 2017, los pobladores y pobladoras del departamento sureño de Choluteca han establecido los días miércoles y sábado para ejercer su legítimo derecho a la protesta. En las manifestaciones, los ciudadanos y ciudadanas no solo rechazan la administración nacionalista, sino que también el alto costo de la factura por consumo de energía, la falta de medicamentos en los centros hospitalarios y la instalación de proyectos extractivos como los fotovoltaicos.
Otro caso de persecución y criminalización en la zona sur, es el del periodista Jairo López, quien ha ejercido el periodismo de forma independiente y en los últimos años ha denunciado los abusos de funcionarios públicos y privados en la ciudad de Choluteca. En la actualidad es acusado de los delitos de Tenencia de Explosivos Comerciales, Tenencia de Artefactos de Construcción Casera, Tenencia ilegal de Sustancias Controladas (Pólvora con Clorato), Atentado y Tenencia de Equipo Policial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
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