Por Marc Allas
La influyente congresista demócrata por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU), Jan Schakowsky, comprometida en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, instó a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que deje en libertad a los defensores del agua y los recursos naturales de Guapinol, que permanecen recluidos en cárceles de Olanchito y La Ceiba.
Schakowsky que desde el golpe de estado de 2009 ha estado monitoreando la situación social y política de Honduras, emitió un twiter el 22 de abril, a propósito del Día Internacional de la Tierra, en el que escribió: “Hoy celebramos el Día de la Tierra, sin embargo, los que la protegen están ilegalmente tras las rejas en Honduras”.
La congresista añadió en su twiter que: “el poder judicial de Honduras tiene en sus manos la libertad de los defensores de Guapinol y que debe garantizar su liberación inmediata”.
guapinolLos defensores ambientalistas han demandado la protección de los ríos del Parque Nacional Montaña Botaderos en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, que está siendo amenazada por la explotación minera.
Por demandar que se conserven los recursos naturales y la salida de la empresa minera Los Pinares, se encuentran privados de libertad: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
Schakowsky fue una de las primeras mujeres diputadas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en visitar Honduras, tras conocer del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009 y de las consecuentes graves violaciones a los derechos humanos que cometieron los usurpadores del poder.
Para conocer de cerca la situación de los derechos humanos, la congresista demócrata se reunió, posterior al golpe de estado con Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización referente a nivel nacional e internacional.
La reunión se produjo en la sede del comité, donde, en el “salón de memorias”, Schakowski y su equipo, escucharon y documentaron los testimonios de las víctimas sobrevivientes al cruento golpe de estado en Honduras.
La congresista Jan Schakowsky, sirve en la Cámara de Liderazgo Democrático como Jefa Adjunta. Es miembro del Comité de Dirección y Política Democrática de la Cámara de Representantes, del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, así como del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, donde se desempeña como Presidenta del Subcomité de Protección al Consumidor y Comercio, y como miembra del Medio Ambiente y Supervisión y Subcomités de Investigaciones.
En marzo de 2019, Schakowsky junto a los representantes José Serrano y Marcia Kaptur y con el apoyo de 43 congresista,s introdujeron la “Ley de Derechos Humanos en Honduras, Bertha Cáceres”.
Este proyecto de ley trabajará para garantizar que el gobierno, el ejército y la policía hondureña no puedan cometer delitos o actos de violencia contra el pueblo hondureño con impunidad, señala la ley.
Al tiempo que establece que el legado de activismo de Berta Cáceres inspiró al mundo, pero el gobierno hondureño no la protegió. Esta legislación sirve como un control severo sobre el gobierno hondureño y como un faro de justicia largamente buscada para el pueblo de Honduras, apuntó la iniciativa de ley.
Por su parte el diputado por el partido Republicano Hank Johnson, expresó que “Hoy reintroduje H.R. 1945, la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres. Durante demasiado tiempo, el pueblo hondureño ha sufrido bajo uno de los gobiernos más represivos del mundo”.
“En Honduras, ser un activista de derechos humanos, un periodista, una persona indígena o un ecologista es un objetivo. Protestar puede ser un objetivo, es una sentencia de muerte “, apuntó el Representante Johnson, quien originalmente presentó el proyecto de ley en 2016 tras el trágico asesinato de la lideresa hondureña de derechos ambientales e indígenas, Berta Cáceres.
“Esta legislación suspenderá el financiamiento militar de los EE.UU. a las fuerzas de seguridad hondureñas y desalentará los préstamos multilaterales de los bancos de desarrollo hasta que el gobierno hondureño investigue y enjuicie a los militares y policías que han violado los derechos humanos”, señaló el texto de la ley.
Al cumplirse 10 años del golpe de estado, el 28 de junio de 2019, Jan Schakowsky señaló la ilegalidad del régimen de Juan Orlando Hernández en Honduras y apuntó los vínculos de miembros de su familia con el narcotráfico.
En aquella oportunidad la representante del pueblo estadounidense escribió: “Bajo estas circunstancias, es vergonzoso que nuestro gobierno sigue enviando asistencia a este gobierno ilegitimo y corrupto en Honduras. En particular, la asistencia en materia de seguridad sirve para empoderar un presidente dictatorial quien abusa el poder y hace cómplice a nuestro país en los abusos de derechos humanos de su régimen”.
Schakowsky fue clara y tajante al afirmar que: “Un narco-gobierno ha sido consolidado alrededor del Presidente Juan Orlando Hernández, quien nombró un jefe nacional de la policía y un jefe de seguridad nacional, vinculados con cárteles”.
“El Presidente y su hermana han sido investigados por la Agencia de Control de Drogas de los EEUU por tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero, y su hermano y otros oficiales involucrados en el golpe de estado han sido encarcelados en los EEUU donde esperan juicio por los mismos cargos. Y aun así, continúa el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para la administración de Hernández”, resaltó.
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