Por Javier Suazo
Foto: el heraldo.hn
“El colmo aquí es que el Gobierno hasta está peleado con el Colegio Médico de Honduras, la institución más calificada para dictar las medidas de salud y sanitarias más convenientes”.
Adolfo Facusse, dirigente de la Asociación de Industriales.
Para el doctor Juan Almendares Bonilla, médico, cientista social y exrector universitario, Honduras es el país de las pandemias: Hay una pandemia del hambre, agua, dengue, corrupción y hoy de Covid-19. Todas están relacionadas, y pretender focalizar las acciones y recursos públicos, privados, sociales y de cooperación internacional en una sola, sin una estrategia de abordaje integral, lo único que hace es profundizar las demás; o sea, mayor población con hambre, dengue, falta de agua y perdida de recursos por corrupción.
Este argumento es válido si se analiza las cifras que acompañan la profundización de cada una de ellas. Para el caso, en 2019, murieron 117 pacientes por dengue, concentrando el 66% de los casos a nivel centroamericano (COPECO: 2020), y solo la corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mató a cerca de 3,000 personas (saqueo.ihss.com); hay cerca de 1 millón de personas en inseguridad alimentaria severa que ameritan asistencia de urgencia (UTSAN: 2020), y cerca de 2 millones no tienen acceso al agua potable (elpulso.hn).
La vigencia de estas pandemias, demanda un enfoque conceptual y operativo amplio y conjunto, o sea que ataque manifestaciones, causas y efectos, pero también involucre la mayor cantidad de actores. Uno de los principales errores cometidos por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y del partido nacional, es que asumen que con acciones aisladas las pandemias desaparecerán; igual, por aquello de las bondades del autoritarismo burocrático y sabiduría del líder máximo, estas acciones deben ser unilaterales sin necesitar del concurso de actores no tarifados, o sea de la oposición política y grupos empresariales y sociales que no comparten su forma de gobierno y medidas de política económica y social tomadas.
Un esbozo de la lógica de intervención seguida por el gobierno es la siguiente: a) se define uno o varios sectores prioritarios: seguridad, turismo, infraestructura y maquila, por ejemplo; b) se priorizan las acciones, programas y proyectos y asignan recursos públicos (impuestos), privados y de préstamos, y tomas medidas económicas y sectoriales; c) se dan a conocer las acciones en radio, prensa y televisión; d) los programas y proyectos se formulan y ejecutan sin licitación pública y/o amañados; e) los programas y proyectos se ejecutan por instituciones de gobierno y/o por nuevas instituciones manejadas por activistas políticos, funcionarios corruptos y empresas de maletín; f) se publicitan los logros, muchos de los cuales no lo son; g) se contrata a medios de comunicación tarifados para que publiquen los logros y desvaloricen las críticas y sus denunciantes; h) se inicia un nuevo ciclo con nuevos programas y proyectos y nuevos recursos, en su mayoría provenientes de fondos de institutos de previsión social y prestamos multilaterales, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplaude los logros en materia de estabilización económica y privatización de empresas públicas y servicios, uno de ellos la salud.
No obstante, evaluaciones independientes demuestran que las brechas de las pandemias se acentúan y necesita de más recursos, pero la carga tributaria es la más alta de la región (18.6%/PIB) y el monto de la deuda externa y su servicio se acerca a niveles de alarma; este último representa el 27.32% del presupuesto nacional, tres veces lo destinado a salud (Fosdeh: 2020). Resulta más difícil conseguir recursos en los montos requeridos para seguir financiando los costos directos e indirectos de las pandemias, por lo que se pide un sacrificio a la población, en especial a los y las trabajadoras que reciben un sueldo o bonificación social; pero, en el otro extremo, unos 40,000 millones de lempiras en 2020 se otorgarán en exoneraciones y dispensas, equivalente al 7% del PIB (Fosdeh.2020).
Para enfrentar la pandemia del Covid-19, se aprobó inicialmente por el Congreso Nacional un monto de 100 millones de lempiras, posteriormente la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus autoriza asignar 420 millones de dólares (Más de 10,200 millones de lempiras) para construir 94 centros de salud, incluyendo once (11) hospitales, y apoyo a la construcción de viviendas y las Mi Pymes a través de un programa manejado por Casa de Gobierno y ONG.s. Estos recursos serán contratados sin licitaciones, por lo que la preocupación de diputados que votaron en contra, es que alimente la corrupción y una gran cantidad de los fondos sirvan para financiar la campaña política de Mauricio Oliva, candidato oficialista en las elecciones internas y generales de 2021.
El clamor popular, sobre todo en los mercados públicos, es que, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sean los verdaderos veedores sociales y supervisores del uso y destino de los fondos asignados para el combate del Covid-19, ya que la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos e incluso el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), han perdido credibilidad. El CMH puso a disposición del gobierno un grupo de expertos y científicos de la salud para enfrentar de mejor forma la pandemia del Covid-19, pero JOH y las autoridades de salud asumen que no los necesitan.
Por el lado de la Banca Multilateral, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó 1 millón de dólares y se negocia un préstamo de 50 millones de dólares, pero además la Secretaría de Finanzas negocia con Banco Mundial un préstamo de emergencia de 136 millones de dólares; en total, unos 4,580 millones de lempiras, sin considerar la parte que corresponde a los fondos que puede asignar el FMI, de los 50,000 millones de dólares aprobados para los países afectados ( Si es que no destina todos los fondos a países de la Unión Europea).
Tanto la readecuación del presupuesto de ingresos y gastos 2020 (Ajuste de partidas y reducción del gasto corriente en 2% para combatir el Covid-19), usos de fondos IHSS y la contratación de nuevos recursos en carácter de préstamos, pueden desproteger a otros sectores que haga que aumenten las muertes visibles y no visibles por las demás pandemias. Para el caso, se ha cuestionado que todavía la Secretaria de Salud no tiene un plan integral de combate del dengue, ya que piensa que puede hacerlo con los recursos humanos, físicos y financieros con que cuenta actualmente; igual, que la gestión del sector de agua potable y saneamiento, principalmente en la capital de la República, Choluteca y Ceiba, sea tan deficiente que no exista garantía de un suministro básico de dos (2) horas por semana, y más bien se hable de suministros de agua potable de dos (2) horas cada quince (15) días o más. El agua es uno de los principales recursos para la prevención del Covid-19, por lo que hay que destinar fondos para garantizar el acceso de la población, en especial de las zonas y colonias marginadas, a este vital líquido.
Mucho antes que el Covid-19 se hiciera presente en China, el país enfrentaba un fuerte déficit en la producción agroalimentaria, en especial de granos básicos y hortalizas, agravado por la falta de lluvias, montos de créditos insuficientes y mal orientados e inversión agrícola atomizada, por lo que es necesario atacar estos problemas y aumentar los recursos para el agro, incluso más allá de aquellos previstos en el presupuesto plurianuanual de inversiones de mediano plazo. Urge, en tal sentido, reactivar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), ya que el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Bahprovi) nunca será un banco de primer piso visible para el sector campesino; literalmente excluye a los descamisados.
El gobierno habla de medidas de política sanitaria, económicas y productivas en marcha, pero, por otro lado, el Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), elabora su propio plan de reactivación donde las prioridades son salud y empleos espurios, bajo la premisa que los empresarios (dueños del capital) son los únicos generados de riqueza y no los trabajadores. Es de esperar que, tal como ha sucedido en otras ocasiones, el gobierno ceda a las presiones de los empresarios y termine aceptando varias de las medidas recomendadas, algunas de las cuales impactarán negativamente en los ingresos monetarios de los (as) trabajadores y condiciones de vida, tal es el caso de aquellas que buscan mercantilizar las vacaciones como sacrificio a la cuarenta impuesta por el Covid-19, lo que enfrentará al COHEP con las centrales obreras no tarifadas y generará un conflicto mayor.
El partido liberal y Libertad y Refundación (LibRe) han elaborado sus propuestas para enfrentar la pandemia del Covid-19 y los impactos negativos en la economía, sugiriendo al gobierno que adopta parte de ellas, pero asumiendo como dato las demás pandemias. Sé ocupa de un Gran Acuerdo Nacional entre actores para vencer la pandemia, fortalecer y reactivar la economía e incluso retomar el rumbo perdido, atacando en forma planificada las demás pandemias. Pero, además, urge una garantía de transparencia en el manejo de los recursos asignados.
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