Por Marc Allas
El Área Legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron el martes 24 de marzo un Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el fin de que el estado aplique medidas alternas, distintas a la prisión preventiva, a favor de varios ciudadanos considerados como “presos políticos”, para evitar que sean víctimas de contagio del coronavirus o Covid19.
El recurso señala que el hacinamiento, las precarias condiciones de reclusión y la incapacidad de garantizar adecuadas condiciones de higiene son los motivos de nuestra preocupación por el colectivo de personas vulnerables que representamos en este recurso.
“El Covid-19 forzó al gobierno a tomar medidas de confinamiento obligatorio, y a establecer un toque de queda. La preocupación por las altas tasas de contagio hace eco en las cárceles. Desconocemos las medidas y elementos implementados para prevenir el contagio de coronavirus en los centros penales que por lo general presentan hacinamiento”, recalca el escrito.
El recurso añade que “solicitamos a la Honorable Corte Suprema que asuma su competencia respecto de la situación planteada tomando en cuenta la urgencia, creando los mecanismos de protección para hacer frente a la situación de Pandemia surgida a partir del Coronavirus (COVID-19)”.
Y señala que teniendo en cuenta las condiciones en las que podrían encontrarse estas personas en los referidos establecimientos, existe grave riesgo para su vida e integridad psicofísica, para lo cual urge aplicar medidas alternas a favor de los mismos en consideración de la situación de Pandemia del Covid-19 que afecta a la humanidad.
El Hábeas Corpus Correctivo fue interpuesto a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol que guardan prisión en el centro penal de Olanchito, así como otro de los defensores que se encuentra privado de libertad en el centro reclusorio de La Ceiba.
Asimismo a favor de Felipe Esquivel y Víctor Castillo, presos en el centro penal de Choluteca, a favor del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Los litigantes pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tener por presentado el Hábeas Corpus Correctivo a favor de los antes mencionados, y en contra de las autoridades judiciales: Juez de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo Juez, Francisco Videa Talabera, Juez José Enrique Romero Grillo, de Choluteca, Jueces de Sentencia de esta ciudad capital Monique Aloha Hunter y Karovino Martínez Girón.
Asimismo solicitaron que se nombre un Juez Ejecutor, a fin de verificar las condiciones carcelarias expuestas, y que ordene y ejecute en forma inmediata; las medidas alternas a la prisión preventiva que correspondan, con el fin de garantizar el derecho a la salud, la vida e integridad psicofísica de Jeremias Martinez Dias, Porfirio Sorto Cedillo, Jose Avelino Cedillo, Orbin Naun Hernandez, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman Ever Alexander Cedillo, Daniel Felipe Esquivel. Carlos Tinoco Guerrero y Victor Joseth Castillo Quiroz y para el joven docente Rommel Valdemar Herrera Portillo, en los centros penales de la ciudad de Olanchito, La ceiba, Choluteca y Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza respectivamente.
Se informó que el escrito fue presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, cuya coordinadora es la jueza Marta Murillo, y que el juez, José Esteban Rubio; que ha conocido el recurso, brinde el trámite correspondiente.
El Grupo de Litigantes Contra la Tortura y la Impunidad en América Latina es una plataforma establecida en abril del 2019, conformada por abogados y abogadas de 17 organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura ( OMCT), dirigida a luchar de forma colectiva contra la tortura y la impunidad en la región mediante una perspectiva integral de litigio.
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