“Yo vi cuando un militar le disparó. Estábamos allí de forma pacífica como lo veníamos haciendo cada semana en repudio al fraude electoral. Ese militar levantó su fusil, él lo mató”, dijo Mario con vos entre cortada y con mirada fija hacia los representantes del Estado de Honduras.
Mario, es cuñado de Cristian Fernando Yánez, joven asesinado el pasado mes de diciembre en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Cristian de apenas 24 años, es parte de la lista de 38 asesinatos que registran las organizaciones de derechos humanos en sus sistematizaciones de agresiones y violaciones presentes en Honduras luego de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.
Mario llegó hasta la ciudad de Bogotá, Colombia junto a las organizaciones que conforman la Coalición contra la Impunidad, para demandar justicia para su pariente, llegó pidiendo una urgente atención del organismo internacional a las violaciones que se comenten en Honduras de mano de aquellos que, según ley, son los responsables de la seguridad y vida de la población. Mario responsabilizó al Estado de Honduras por cualquier situación de amenaza que le ocurra a él y su familia.
El testimonio de Mario fue parte de la audiencia de país “Denuncias de violaciones a derechos humanos en la crisis post electoral en Honduras”, que se realizó en el marco del 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia del 22 de febrero al 2 de marzo.
En su participación la Coalición y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones peticionarias de la audiencia, desnudaron que Juan Orlando Hernández, aumentó la concentración de poder en su persona para así controlar instituciones clave del país. Como consecuencia de esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dejó sin aplicar la norma que prohibía la reelección de presidente, permitiendo que el mandatario pudiera reelegirse en unas elecciones seriamente cuestionadas.
En su participación la abogada Heidy Alachán, de la Asociación de Jueces por la Democracia, dijo que las organizaciones de derechos humanos, además de defender los derechos de la población indefensa, han implementado en estos últimos meses, una metodología de investigación para poder monitorear y documentar la respuesta de las autoridades ante la movilización ciudadana.
“Las actuaciones de los representantes del Estado han tenido consecuencias graves en los derechos humanos, las organizaciones hemos documentado: 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones”, dijo Alachán en su participación en la audiencia de país.
Las organizaciones hondureñas denunciaron el estado de represión y militarización ejercido contra la población hondureña durante los pasados meses, con duras respuestas contra los manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos, uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego, entre otros. Además, el Gobierno ha implementado otras prácticas para identificar y sancionar a personas opositoras. De esta manera se realizan allanamientos domiciliarios, registros indebidos, se usa el derecho penal de manera indebida para criminalizar la protesta social, se ha aumentado la presencia militar y policial en las zonas donde hay más opositores y están ocurriendo ejecuciones selectivas de personas que han participado en acciones de protesta.
Respuesta del Estado
Entre titubeos y con pocos argumentos los delegados del Estado de Honduras respondieron a los serios cuestionamientos que la Comisión Interamericana de Derechos hizo sobre la injerencia del gobierno de Juan Orlando Hernández en las elecciones de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, quienes tiempo después permitieron su reelección a pesar de la prohibición que hace la Constitución de la República.
El procurador de la república, Abrahám Alvarenga se limitó a decir que la independencia de poderes ya la garantizada en el artículo 4 de la Constitución, aunque en la práctica la realidad sea otra.
La abogada Marcia Aguiluz de CEJIL hizo un llamado a la Comisión a estar atenta al caso de Honduras, una seria realidad que requerirá de otorgamiento de medidas cautelares y comunicados y llamamientos enérgicos en repudio a cualquier acto de violencia. “Sobre el tema de investigación quisiéramos pedir que en ese grupo interinstitucional que se está informando, falta la participación de la sociedad civil. Si se quiere dar confianza en que se darán investigaciones efectivas tiene que ser con la participación de sociedad civil, esa sería una primera petición y compromiso del Estado en este momento”, dijo Aguiluz quien también demandó investigaciones oportunas ya que se han conformado equipos de parte del Estado pero nunca se ven resultados.
Visita in loco
Las organizaciones solicitaron a los representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mayor seguimiento respecto de la situación en nuestro país, lo cual implica viajar a Honduras lo antes posible para verificar las violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas y establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones que fueran dadas en el informe de país del año 2015, y las que brinde la Comisión en futuros informes, así como demás dictámenes emitidos en el Sistema Interamericano y en el sistema universal.
Otra de las peticiones es coordinar de manera cercana con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en los casos que se requiera. Por otra parte, solicitaron que exhorten al Estado a dar seguimiento de las situaciones de riesgo y que implemente efectivamente las medidas cautelares ya otorgadas.
En respuesta el pleno de la Comisión Interamericana, anunció una visita in loco, para el próximo mes de junio. Antes de este espacio, el comisionado para asuntos de Honduras, el mexicano Joel Hernández llegará al país para preparar la llegada de la comisión en pleno. “En abril tendremos una visita de trabajo, preparatoria para lo que después será en el mes de julio una visita in loco del pleno de la Comisión Interamericana. Estamos preparando nuestro plan de trabajo con el propósito de ir a visitar al país, a sus autoridades, recorrer el territorio y poder tener de manera directa información sobre la situación de derechos humanos y a partir de allí poder generar recomendaciones”, dijo Hernández.
Al Estado de Honduras, las organizaciones de sociedad civil pidieron crear una mesa de trabajo con el Ministerio Público que permita analizar la situación de las personas que han sido criminalizadas en el contexto, y avanzar hacia la liberación de los presos políticos. Además de hacer un plan de prevención de las violaciones de derechos humanos que sea liderado por la Secretaría de Derechos Humanos y que obligue a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y la Policía Nacional Civil, a acatar las recomendaciones que ahí se establezcan.
Al finalizar la audiencia la abogada Nora Urbina, quien participó en la audiencia en representación del Mecanismo de Protección para defensores y defensoras, públicamente y ante los comisionados de la CIDH, se comprometió en iniciar coordinaciones con sociedad civil para proteger la vida de Mario y su familia, quienes únicamente demandan justicia por la muerte de su familiar Cristian Fernando Yánez.
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