Por Sandra Rodríguez
Tiene 16 años, en su regazo carga una niña de año y medio, su mirada se pierde en el horizonte, narrando la dantesca escena que la dejó sin casa y sin alimentos.
Eran un montón de policías, casi no se miraba por el humo de las bombas, a una señora le costaba respirar, hasta se desmayó, relató la joven madre a procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que visitaron la zona.
En la comunidad de Lepaguare, municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, está la empresa campesina “Fuerzas Unidas”, que desde hace siete meses inició un proceso de recuperación de tierras, y es parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Poco a poco fueron apareciendo más personas. Dos niños aún con la mirada temerosa, contaron cómo una bala de arma de fuego dejó herido a un señor, que después se lo llevaron para curar, pero no sabían su destino.
Empezaron a llamar a los campesinos, todos de la etnia Lenca, cómo el 90 por ciento de la población en ese departamento, para que se acercarán al predio donde sólo quedan rastros de madera carbonizada y plantas de guineo y plátano en el suelo.
A lo lejos se avizoraba el resplandor de los machetes, la única herramienta de trabajo de los defensores de la tierra. Todos hombres jóvenes, que sólo desean donde cultivar el alimento diario, entre ellos el esposo de la jovencita y padre de ma bebé.
Son trece familias las desalojadas por elementos de la policía nacional, quienes incendiaron las pequeñas “covachas”, esto ya sucedió en otras ocasiones, pero hoy fue peor.
A tempranas horas, Martín Gómez, sub coordinandor del Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras (MILPAH), denunció que, en el desalojo participaban policías preventivos, militares, cobras y el comisario Molina, de La Paz.
No hubo oposición de parte de los campesinos, quienes fueron acompañados por defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes les fue imposible negociar con las autoridades.
Es indignante como tratan al pueblo indígena, denunció Víctor Vasquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, municipio de Santa María. En enero pasado el líder indígena fue herido de bala en un desalojo en la empresa campesina ” 09 de Julio” en Las Huertas, Tutule.
El compañero herido de bala, tiene el plomo en su tobillo derecho. Al atardecer no había sido posible brindarle atención médica, ya que según denunció Sebastián Reyes, secretario regional de la CNTC- La Paz, había una patrulla dando vigilancia y se teme que lo capturen.
Más de 700 campesinos e indígenas en La Paz, tienen procesos penales por estar recuperaciones de tierras, y más del 300 mil familias campesinas hondureñas no tienen acceso a tierra.
Al filo de las seis de la tarde, la luz del día se apagó con un breve pero fuerte lluvia. Lo único que tenían los campesinos para cubrirse era un papel plástico, bajo ese improvisado techo ninguno se mojó.
Sin embargo, uno de los miembros de la empresa campesina susurró: que desgracia, siempre que nos llueve fuego, cae una tormenta…
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