El día de las elecciones generales está cada vez más cerca; mientras el 26 de noviembre llega, los partidos opositores al gobierno nacionalista y grupos de sociedad civil siguen demandando una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional para discutir y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz.
De acuerdo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), instancia que impulsa la normativa, la colaboración eficaz permitirá el acceso a información clave en espacios de criminalidad que son usualmente cerrados, un mecanismo o herramienta legal aplicado “con éxito en la lucha anticorrupción en todos los países donde ha sido implementada”.
Diputados del Partido Innovación y Unidad (PINU), Libertad y Refundación (LibRe) y el Partido Liberal reiteran que la Ley de Colaboración Eficaz será aprobada hasta después de las Elecciones Generales, ya que las normativas representan una amenaza a los candidatos nacionalistas señalados y vinculados a mega actos de corrupción y grupos criminales.
El diputado y ex fiscal, Jari Dixon Herrera, recuerda el nombramiento de una comisión especial de dictamen que ha reflejado la falta de voluntad política del gobierno para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz: “si se somete a debate esperamos que el dictamen no haya sido alterado en la sustancia que tenía el proyecto de ley, que es dar ciertos privilegios a personas involucradas en menor grado en un delito para lograr capturar y enjuiciar a una persona con mayor intervención en un caso de corrupción o el crimen organizado”.
Por su parte, la diputada Doris Gutiérrez, quien integra el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, señala que la Ley de Colaboración Eficaz se mantiene engavetada porque representa una amenaza para los miembros del Partido Nacional a quienes se les ha vinculado a numerosos actos de corrupción y criminalidad.
“Yo pienso que es evidente que no hay voluntad porque si hubiéramos querido sesionamos una semana más, al fin y al cabo, no es una ley tan larga, son como 35 o 36 artículos. Políticamente a ellos no les conviene aprobar esta Ley de Colaboración Eficaz por las implicaciones que pueda tener debido a los mega actos de corrupción cometidos desde el gobierno nacionalista, ellos lo que están haciendo es curándose en salud”, opina Gutiérrez.
La diputada liberal Yadira Bendaña, retomando la vieja frase dormir el sueño de los justos, dice que su bancada agotará todas las instancias para que la Ley de Colaboración Eficaz sea aprobada en la cuarta legislatura: “es necesario desarrollar mecanismos que puedan transparentar el ejercicio de la clase política para alcanzar la gobernabilidad, en ese sentido esta ley ha excedido los límites de una agenda político-partidaria”.
Bendaña remarca que la Ley de Colaboración Eficaz identificará a “aquellas personas que están involucradas en cadenas de corrupción y que comprometen mayormente a los funcionarios públicos”.
El coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, coincide con los señalamientos de los legisladores de oposición y reitera que la Ley de Colaboración Eficaz amenaza a la clase política y a sectores que han venido beneficiándose de los recursos del Estado.
“Obviamente, la clase política hondureña, algunos grupos económicos que están vinculados a organizaciones criminales no quieren ese tipo de instrumentos porque les viene a perjudicar, especialmente a los cerebros de estas operaciones”, dice Ramírez.
El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, en un reciente mensaje, dijo que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado “requiere del esfuerzo decidido y la colaboración de toda la sociedad y cada día que pasa sin Ley de Colaboración Eficaz se cometen crímenes que afectan a la población y eso debe ser detenido”.
La Ley de Colaboración fue introducida al Congreso Nacional en abril de 2017.
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