Por Bárbara Ester *
Actualmente parecería imperar cierto consenso general en el reconocimiento de los derechos humanos. Dicho consenso considera ‘políticamente incorrecto’ sostener públicamente que por motivos de género, sexo u origen étnico una persona es incapaz de gozar de determinados derechos cívicos o desempeñar ciertas tareas. Sin embargo, el proceso de desnaturalización que permitió su arraigo en el imaginario social es el resultado de muchos años de deliberaciones, tratados y convenciones internacionales, luchas y disputas tanto reales como simbólicas y jurídicas.
No obstante, es notable la emergencia de un nuevo estilo de presidentes que han instaurado un discurso y unas prácticas que representan un retroceso material y simbólico de los derechos de mujeres, miembros de comunidades LGTBI, afrodescendientes o migrantes. Si bien no es una novedad el hecho de que desde la política se deslicen comentarios misóginos, racistas, homofóbicos o xenófobos, lo cierto es que estos derechos -impulsados desde diferentes organismos internacionales- cuentan con un anclaje jurídico y un creciente respaldo por parte de la población. Es notable que distintos líderes que encarnan un proyecto de restauración conservadora hayan utilizado discursos despectivos hacia estos grupos como forma de aglutinar consensos de una parte de la sociedad que quiere recuperar antiguos privilegios.
Al mismo tiempo, en numerosas ocasiones la incorporación de mujeres a la política hizo que la disputa por las subjetividades recreara viejos sentidos comunes, como forma de ataque a lideresas (Hillary, Cristina o Dilma), con campañas cada vez más agresivas desde los medios tradicionales que encontraron su particular altavoz en las nuevas plataformas digitales y redes sociales (donde cuentan con mayor anonimato). Cabe destacar que tanto Trump como Temer han debido enfrentarse con colectivos que se englobaron bajo el mote no exhaustivo de “marchas de mujeres” –verdaderamente el fenómeno es más amplio y representa buena parte de los colectivos LGTBI, afrodescendientes o migrantes- quienes fueron los primeros en posicionarse en el resguardo de sus derechos ante una avanzada discursiva cada vez más discriminatoria.
EEUU
En 2016, en plena campaña electoral, Donald Trump tuiteaba desde su cuenta oficial ¨Si Hillary no puede satisfacer a su esposo, cómo pretende satisfacer a EEUU¨. Entre la restauración conservadora y los derechos de las mujeres hubo un antagonismo de origen. Con tan sólo un día de asumido su gobierno, Donald Trump recibió a miles de manifestantes en su contra. La Marcha de las Mujeres reunió a miles de personas en Washington y fue replicada en cientos de ciudades de Estados Unidos y el mundo.
¿Por qué los colectivos de las (mal) llamadas minorías –mujeres, comunidades LGTBIQ y étnicas- fueron las primeras en expresarse en su contra? Fue claro ya desde su campaña y sus cientos de intervenciones públicas que el discurso de Trump orbitó el odio que lograba la adhesión de los revanchistas varones blancos norteamericanos. Su electorado avaló un discurso conservador, misógino, racista y xenófobo. Fue el sucesor del primer presidente afroamericano y el competidor de una mujer, a la que denigró por esta condición hasta el cansancio.
Según los datos de Edison Research publicados en la BBC [1], la composición del electorado de Trump puede ser segmentada de acuerdo a variables como el sexo, obteniendo una leve ventaja de 12 puntos en el caso de los varones e igual porcentaje de desventaja en el voto de las mujeres. La misma tendencia, pero en sentido inverso, se manifestó para los votantes de Hillary.
Por su parte, se observa al analizar la segmentación por origen étnico que el resultado fue abrumador y contundente: Trump obtuvo un 21% a su favor entre los votantes blancos –única categoría en la que consiguió imponerse-, un 36% de desventaja tanto entre los votantes asiáticos como en los hispanos y un 80% de diferencia en su contra entre los electores afro descendientes. Sin embargo, los votantes blancos representaron el 70% del electorado en las elecciones de 2016, razón por la cual consiguió alzarse con la Presidencia.
Al hacer su análisis electoral de los comicios de EEUU, el diario El País titulaba “La revancha del hombre blanco” en referencia al apoyo de los varones a lo que consideraron un flirteo abierto con la idea de la “supremacía blanca”, una antigua corriente del pensamiento político estadounidense que, sin embargo, no había sido utilizado electoralmente hasta ahora. Nunca hasta este momento un candidato a la Presidencia de uno de los dos grandes partidos había articulado un proyecto en torno a un grupo tan delimitado: blanco, anglosajón y protestante [2].
Además, la concepción misógina de su mandato trasciende fronteras: recientemente, un decreto de Trump reinstaló y amplió la regla de la llamada mordaza global, (oficialmente denominada “política de Ciudad de México”, por haber sido anunciada en una conferencia de la ONU en esa ciudad). La misma prohíbe dirigir fondos de ayuda oficial al desarrollo del gobierno de los Estados Unidos hacia organizaciones no estadounidenses que ofrezcan a mujeres cualquier tipo de servicio relacionado con el aborto. Si bien esta política no es nueva, ya que fue introducida por el presidente Ronald Reagan en 1984, ha sido parte de una disputa política permanente: los presidentes demócratas la derogan y los republicanos la restauran. Esta vez Trump ha ido más lejos que sus predecesores: la regla de Trump afecta a todos los programas sanitarios (lo que incluye VIH, malaria, salud materno infantil, tuberculosis y nutrición) de los países en desarrollo. La restauración de la regla de mordaza global puede frenar o incluso revertir un avance en salud femenina que costó mucho conseguir, al mismo tiempo que supone una violación de los derechos humanos y legales de las mujeres de todo el mundo [3].
Brasil
En Brasil, por medio de las discusiones en el Congreso durante el juicio político que culminaría con la destitución de Dilma Rousseff, se plasmó la restauración de valores tradicionales: “Dios tumba a la presidenta de Brasil” [4] tituló El País parafraseando las frases de los congresistas que votaron a favor del impeachment. A partir de entonces, Michel Temer asumió la Presidencia y constituyó un nuevo Gabinete, sin mujeres, sin miembros de las comunidades LGTBI y sin afro descendientes [5] –en un país donde, según el censo 2010, los negros y mulatos son mayoría, representando 97 de 191 millones, es decir un 50,7% [6]-.
Los resultados del Parlamento fueron criticados a través de diversas manifestaciones, las cuales fueron en aumento e hicieron foco en las políticas sexistas del gobierno interino, las cuales minan los derechos adquiridos en los últimos años. En primer lugar, el propio proceso fue considerado sexista y discriminatorio, ya que las irregularidades en el manejo de los fondos públicos cometidas por varones no tuvieron las mismas consecuencias, e incluso, quienes votaron la salida de Rousseff en el Congreso son investigados por hechos de corrupción.
Asimismo, las nuevas políticas del Gabinete -exclusivamente masculino- formado por Temer apuntaron contra los derechos personales de las mujeres, por ejemplo, a través de proyectos para definir a la familia como la unión de un hombre, una mujer y sus hijos; prohibir la discusión de género en el Plan Nacional de Educación y criminalizar el aborto para las víctimas de violación. Ante el adverso panorama, las mujeres dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron para enfrentar la problemática, dando origen a movimientos como ‘Mujeres por la Democracia’, que lidera las protestas contra el actual gobierno [7].
Las declaraciones públicas del presidente el pasado 8 de marzo en el marco del día Internacional de la mujer, el cual se enmarcó además en la marcha internacional de mujeres, incrementó la polémica. En su discurso y a pesar de que intentó ser reivindicativo, redujo a las mujeres al rol doméstico, subrayando el papel dentro del hogar: “todo lo que (la mujer) hace por la casa y por los hijos” [8]. Mientras, la reforma laboral llevada a cabo por su gobierno recrudece la situación de estos grupos subalternizados en el ámbito laboral, permitiendo por ejemplo el trabajo de mujeres embarazadas en ambientes considerados insalubres [9].
La tendencia conservadora da batalla, de cara a las elecciones del año próximo la mayor parte de las encuestas ubican en segundo lugar –por detrás del ex presidente Lula Da Silva- al diputado ultraderechista Jair Bolsonaro. Se desempeña como congresista por Río de Janeiro desde 1991, militar retirado famoso por dedicar su voto durante el impeachment al torturador de Dilma [10] y sus alocuciones homófobas, misóginas y racistas: “Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que mi hijo muera en un accidente” [11].
Argentina
En 2015, el actual presidente –entonces candidato- se comprometió desde su cuenta oficial de Facebook a “presentar, implementar con todos los recursos necesarios, y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres” como así también “garantizar el acceso real de las víctimas a la Justicia mediante fiscalías y comisarías con personal capacitado”. Además, prometió “garantizar el funcionamiento de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios a nivel federal” [12] y la Educación Sexual Integral en todos los niveles. También aseguró que, si llegaba a gobernar, se protegería a las víctimas de esta violencia.
Sin embargo, en 2015 la ausencia de pauta publicitaria para la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género (144) redujo a la mitad el número de llamadas. Varios programas sobre violencia de género se cerraron al tiempo que otros se vaciaron. En la actualidad, el presupuesto que recibe el Consejo Nacional de las Mujeres, es decir el órgano responsable de implementar la protección contra la violencia de género, es tan sólo del 0,0055% del total del presupuesto nacional.
Además, el presidente modificó el Decreto N° 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Mediante el decreto 114/2016 dejó de darle prioridad al programa, que era de alcance nacional. Sumado a esto, en enero se despidió a 20 trabajadoras, es decir a un tercio de la planta del programa. En la misma línea, en Tucumán los despidos pusieron fin al programa “Sí, somos plomeras” que capacitaba en plomería a más de 9700 mujeres, víctimas de violencia de género, argumentando razones presupuestarias [13].
Pisando fuerte en el plano simbólico y represivo, la policía porteña ha adoptado un nuevo accionar más violenta y los miembros de las comunidades LGTBI han sido particularmente criminalizadas. Un caso emblemático ha sido la detención a un matrimonio compuesto por dos mujeres por darse un beso en el subte. Algo similar sucedió en abril de este año en Morón –provincia de Buenos Aires-, lo que evidencia un incremento de la violencia y lesbofobia por parte del oficialismo [14].
Claudia Vásquez Haro, miembro de OTRANS, afirma que desde la asunción de Macri “quienes pertenecemos a los sectores populares y a colectivos desaventajados de la sociedad civil, experimentamos de manera hostil y arrolladora el ajuste, desempleo, criminalización de la protesta social, persecución política a militantes del campo nacional, popular y a defensorxs de DDHH. La implementación de este modelo neoliberal va acompañada de políticas de mano dura y represión, donde la población trans y travesti es una de las más violentadas (…) Desde 2003 al 2015 los DDHH fueron políticas de Estado, creíamos que atrás habían quedado los años de terror vividos en la última dictadura cívico militar y los 90, persecución con los códigos de falta o edictos policiales que criminalizaban las identidades trans y travestis” [15] . De esta forma, se evidencia que la acuciante criminalización de la protesta social y el aumento de la represión ha afectado especialmente a los colectivos de la diversidad y a las mujeres.
Consideraciones finales:
Las derechas que protagonizan la restauración conservadora han confrontado simbólicamente contra las mujeres, ya se trate de Hillary Clinton, Dilma Rousseff o Cristina Fernández de Kirchner. La disputa política se ha hecho carne en el cuerpo de las mujeres mientras las estrategias de campaña han propagado un odio que ha encontrado asidero en buena parte de la población. Sus liderazgos, tanto en lo discursivo como en las políticas concretas desplegadas, han significado un retroceso en los derechos de cuarta generación -los últimos en ser incorporados en las Constituciones latinoamericanas- los cuales cobraron fuerza y visibilización de sus reclamos durante el ciclo progresista.
Los movimientos de colectividades subalternas ya sea por sexo, género o etnia han tomado impulso en contra de las nuevas expresiones cada vez más segregacionistas y elitistas de la derecha, conformando una resistencia cultural a los imaginarios conservadores. Los discursos del odio por parte del avance de una derecha conservadora en lo social entrelazan su estrategia coyuntural al confrontar con figuras femeninas -ya sea candidatas, ex mandatarias o mandatarias en ejercicio de sus funciones- y se sostienen gracias a una artillería mediática al servicio de la discriminación y la misoginia, mientras que los ajustes estructurales desmantelan gran parte de las políticas sociales tendientes a alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades.
Notas:
* Bárbara Ester es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
@barbaraestereo
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