Por Crismar Lujano
Las elecciones en Honduras están a la vuelta de la esquina. El domingo 26 de noviembre casi seis millones de ciudadanas y ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a sus representantes nacionales: presidente, diputados al Congreso (128), diputados al Parlamento Latinoamericano (20), alcaldes (298), vicealcaldes (298) y regidores (2092).
A esta hora la mesa está servida para lo que será el proceso comicial más vigilado de la historia democrática de Honduras (1). Se prevé un contingente de 1.000 veedores internacionales, más de 15.000 nacionales y 16.000 delegados electorales, según información confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sólo la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han acreditado a unos 200 representantes cada uno.
El hecho de que Estados Unidos sea uno de los países que con más ahínco pone su atención en el proceso se debe a:
- Honduras es uno de los tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica que por su proximidad a EE.UU. y América del Sur tiene un altísimo potencial logístico.
- La región cuenta con una fuerza de trabajo joven y rentable en términos de mano de obra barata migratoria.
- La administración de Donald Trump aprobó US$ 460 millones para la zona, que si bien representa un recorte de US$ 200 millones respecto a lo dispuesto para 2017 por su antecesor, Barack Obama, la cifra empodera a Washington a seguir con sus programas de ‘inversión’ a través del llamado “Plan Alianza para la Prosperidad” cuya ejecución dentro de Honduras es posible gracias al gobierno de Juan Orlando Hernández de corte pro-americano.
Resulta evidente el interés de EE.UU. en estas elecciones, pues por su política de injerencia económica le conviene mantener en frente de la presidencia al mismo líder que durante los últimos años ha abierto la puerta y dado rienda suelta al desarrollo de un modelo alineado con las órdenes del exterior y que por resultados sólo exhibe un crecimiento empobrecedor. En mi último escrito sobre Honduras (2) hay detalles de ello, pero hagamos acá un repaso por lo que ha dejado la gestión del derechista Partido Nacional, que representa el actual presidente y candidato a reelección, Juan Orlando Hernández:
- 60,9% de los hogares del país se encuentran en condición de pobreza con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo.
- La pobreza es más grave en el área rural (62,9%) donde aproximadamente 1 de cada 5 hondureños sobrevive con menos de USD$ 2 diarios.
- Puesto N° 5 en el ranking 2016 de los países de América Latina con la tasa más alta de desempleo: 7,4.
- 1 de cada 2 hondureños tienen problemas de empleo, o se encuentran en desempleo abierto o subempleo.
- Existen carencias productivas en los principales sectores generadores de puestos de trabajo como la construcción, la agricultura y la industria.
- Los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado entre 1% y 2% del PIB, muy por debajo de los estándares internacionales que señalan debería situarse entre el 5% y el 6%.
Esta realidad contrasta con el desempeño macroeconómico de los últimos años que si bien ha sido positivo, no ha podido compensar las necesidades más urgentes de los ciudadanos hondureños.
Hernández también se ha hecho la vista gorda para resolver los asuntos estructurales que aquejan al país y, conforme pasa el tiempo, la han dejado más expuesta a choques externos. No hay crecimiento sano y sostenible sin diversificación de fuentes de ingresos y sin el diseño e implementación de políticas públicas que consecuentemente atiendan el tema de la redistribución. En paralelo, el foco sigue sobre la microeconomía: desarrollar programas sociales que ayuden a palear el flagelo de la pobreza y la desigualdad.
Con esta visión se presenta uno de los movimientos con mayor fuerza en la contienda electoral: Alianza de Oposición contra la Dictadura, que tiene como aspirante a la banda presidencial a Salvador Nasralla y la promesa de construir un modelo económico alternativo con enfoque productivo y generador de riquezas potenciales para Honduras. Aquí algunas de sus propuestas:
- Desarrollar nuevo programa de matrícula estudiantil que amplíe el acceso gratuito y universal de la educación.
- Garantizar accesos a los servicios de salud pública de forma inmediata y sin contribuciones anteriores o eventuales.
- Plan para Vivienda Digna, agilización de los créditos para proyectos de vivienda social.
- Impulsar programa de Promoción de la Producción Agropecuaria, para dar acceso a los pequeños y medianos productores a créditos, a fin de reducir la dependencia importadora y consolidar la soberanía alimentaria.
- Reforma Agrícola Justa, con salvaguarda de las propiedades productivas.
- Nuevo Pacto Fiscal, eliminación de los impuestos a los insumos de la producción de alimentos y reducción al mínimo de los impuestos relacionados con los productos de la canasta básica. Incremento a los impuestos de venta de productos suntuarios de importación.
- Indexación del Salario mínimo al costo de la canasta básica.
- Fijación de planes de ahorro sostenible para empleados que no estén afiliados a un régimen de aportaciones obligatorias.
- Derogar de la Ley de Empleos por Hora, Ley de Secretos, Ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Ley de Escuchas, de las ZEDES, la Ley de COALIANZA, fideicomisos lesivos y legislaciones que concentran el poder en el ejecutivo para facilitar paquetazos fiscales y las ilegales concesiones sobre los recursos naturales nacionales.
La exigencia de las mayorías es que los compromisos sean llevados a su plano de la realidad. Juan Orlando Hernández ya probó no poder –o no querer- cumplir-. ¿Y Nasralla?
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