La justicia hondureña ha congelado la investigación sobre el asesinato, el 2 de marzo de 2016, de la activista Berta Cáceres. Sin embargo, ahora se conoce el extenso informe de un grupo de expertos que señalan las complicidades entre empresa, Estado y agentes financieros internacionales.
Al poco de ser asesinada Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y los familiares de la activista pidieron a la comunidad internacional y al Gobierno de Honduras que se adelantara una investigación internacional independiente. El Estado nunca respondió. Sí lo hizo el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizaciones y, con su apoyo, se conformó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado
Ahora, un año después de comenzar sus investigaciones, el GAIPE desvela “las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca” sobre el proyecto de hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque. En esa estrategia, la lideresa Berta Cáceres era una piedra en el zapato y el 2 de marzo de 2016 fue eliminada por sicarios en su casa de La Esperanza, departamento de Intibucá, donde también intentaron acabar con al vida dl ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto.
El informe del GAIPE no se queda sólo en el asesinato de Cáceres sino que detalla como “la estrategia [de DESA y del aparato estatal] tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.
En este año de trabajo, los expertos internacionales han realizado cuatro viajes a Honduras, entrevistaron a más de treinta personas, estudiaron diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultaron diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvieron acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
En los primeros meses tras el asesinato, “los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH”. Pero, además, el GAIPE se queja de que el Ministerio Público “ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente”.
Lo que ha logrado el GAIPE es identificar, más allá de los ocho detenidos por el asesinato -Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza-, a los posibles autores intelectuales del asesinato. Los investigadores concluyen que “el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores es la culminación de una serie de agresiones en su contra, respecto a comunidades integrantes de COPINH y familiares, quienes han continuado siendo víctimas de diversos ataques”.
El informe demuestra que los altos directivos de DESA, así como los socios de la empresa, estaban al tanto y coordinaron las acciones contra el COPINH y contra Berta Cáceres. “El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo”. Pero también se señala a funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Honduras y se denuncia que el Ministerio Público no ha ahondado en esa línea de investigación, de la que tiene pruebas desde mayo de 2016. “La prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales, e inclusive ampliar las acusaciones respecto a actuales imputados. Algunos de estas conductas delictivas previstas en la legislación hondureña son: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad”.
La Secretaria de Seguridad de Honduras, según explican los investigadores, “cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores”.
También señala el GAIPE que las instituciones financieras internacionales que apoyaban el proyecto de Agua Zarca tenían conocimiento de las amenazas contra los líderes y lideresas lencas y prefirieron omitir esta información para seguir en el proyecto, del que se desvincularon después del asesinato de Cáceres. Las tres instituciones involucradas son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco holandés para el desarrollo (FMO) y la empresa financiera finlandesa FINNFUND.
Lo más interesante del informe del GAIPE es la conexiones que hacen del asesinato con la política de concesiones del gobierno hondureño, que ignoran el derecho a consulta previa, y con la connivencia de las élites del país y los funcionarios del aparato de seguridad a la hora de ayudar, primero en las operaciones contra el COPINH y otras organizaciones de defensa del territorio, y, después, a obstaculizar las investigaciones judiciales. “Según se encuentra documentado en el proceso de investigación, el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto no es un hecho aislado, sino que responde a una política sistemática de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, dentro de un contexto de violencia generalizada que afecta a todas las personas radicadas en Honduras. (…) La información analizada por el GAIPE permite concluir que dicha empresa, a través de los directivos, actuó como una estructura de la criminalidad organizada, pero también, revela que forma parte de otras estructuras criminales que han incidido en el incremento de los niveles de violencia en contra de la sociedad en general; y, particularmente, contra las personas defensoras de Derechos Humanos”.
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