El proceso electoral en Honduras se acerca a la recta final con las elecciones generales pactadas para el 26 de noviembre. Como parte del ambiente previo, saltan acusaciones de fraude sobre todo de los sectores de oposición contra el oficialismo encabezado por el actual presidente y candidato ilegal a la presidencia, Juan Orlando Hernández.
El gobierno responde a dichos señalamientos informando que las elecciones de este año serán las más observadas de la historia del país, sobre todo porque la comunidad internacional está preparando a sus delegaciones.
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, convoca a la población a votar masivamente ya que se calcula que serán acompañados por unos 15 mil 400 observadores entre internacionales y nacionales, dijo el magistrado presidente del TSE, David Matamoros.
OEA y la Unión Europea
Entre los observadores internacionales se han promocionado a través del poder mediático la presencia de instancias como la Organización de Estados Americanos, OEA y la Unión Europea.
Hace unos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró poner en marcha las labores de observación a las elecciones en Honduras. Además, dejaron en claro que no les correspondía referirse a la reelección presidencial, pero si recomendaron reglamentarla constitucionalmente.
“Yo ya lo he dicho: no es una función de esta misión de observación de tomar partido, comentar el fallo de la Corte Constitucional pero sí, ya lo hemos hablado muchas veces, estaría muy bien que lo reglamentarán también que la reglamentarán a nivel de las instituciones hondureñas”, dijo Marisa Matías, jefa de la delegación europea.
El candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, denunció que “aparentemente” un grupo de observadores internacionales “están arreglados con dinero”.
“No sirve para nada porque el proceso está viciado, cuando el proceso está viciado y es el mismo sistema, sólo que ahora en vez de manejarlo Mapa Soluciones, lo maneja otra empresa, el sistema no sirve, no es confiable, y además en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no aparece que se deba respetar resultados por transmisión, ese es un invento que se hicieron”, dijo Nasralla.
Pero la eurodiputada Marisa Matías aseguró que no están en el país para interferir. “No estamos aquí para tomar partido ni para legitimar, sino para observar, no estamos aquí para hacer campaña, y puedo entender que estamos en un país libre, todos los candidatos están libres de decir lo que quieran y cuando quieran. Sólo dependemos de los ciudadanos europeos, no tenemos ninguna otra forma de financiación”, dijo Matías.
“Ellos tuvieron la oportunidad de apoyar las reformas electorales y no hicieron nada, la Unión Europea presentó un informe de fraude y no hicieron nada, la OEA presentó que hubo fraude y no hicieron nada, por lo tanto, ellos tienen que sujetarse a lo que quiere la mayoría y la mayoría en Honduras es la Alianza de Oposición contra la Dictadura”, insistió Nasralla.
Credenciales, uno de los problemas
El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, señala que esta semana se entregarán las credenciales para los representantes de las Mesas Electorales Receptoras, MER, a los partidos políticos.
En cada proceso electoral, el punto de la polémica son las credenciales con las que algunos partidos políticos, sobre todo los minoritarios, las venden a otros partidos políticos sobre todo a liberales y nacionalistas como parte del fraude electoral que se monta en cada proceso.
“Creo que es de los puntos más flacos que tiene nuestro sistema electoral, obviamente es uno de los puntos que genera mayor controversia porque, para nadie es desconocido, que esas credenciales se convierten en una mercancía que al final se venden y se compran” dijo Ramiro Lobo.
El magistrado señala que esperan entregar más de 360 mil credenciales incluyendo las que corresponden a las candidaturas independientes en el proceso electoral.
Está consiente que constituye un atentado a la democracia que ciudadanos compren y vendan credenciales para representar a otro partido que no es el que le corresponde, pero se escudan en la falta de una legislación que regule esas irregularidades que al final forman parte del fraude electoral.
“La ley electoral no establece ninguna obligatoriedad ni siquiera para que los miembros de la mesa electoral sean capacitados. La ley electoral establece que se deberán entregar las credenciales en blanco a los partidos políticos y que éstos van a completar la información para acreditar a sus representantes en las mesas electorales”, justificó el Magistrado suplente del TSE.
Deber ciudadano
Pero para el analista hondureño, Ramón Enrique Barrios, la comunidad internacional poco tiene que hacer en este proceso electoral. Según Barrios, la responsabilidad de fiscalizar el proceso electoral es tarea de los hondureños y hondureñas, y no de la Comunidad Internacional.
“La comunidad internacional, por un lado, tiene un apoyo económico porque ha financiado varios proyectos en el Tribunal, y por otro lado es una labor de acompañamiento el día de las elecciones, pero como observadores”, dijo Barrios.
El ex juez de sentencias señaló que mal haríamos los hondureños pretender que la comunidad internacional haga el papel de fiscalización que le toca a la población. “No cifremos las esperanzas de que va ser la comunidad internacional, a través de sus observadores, que van a determinar si hay o no hay fraude”, manifestó Barrios.
Agregó que los observadores internacionales estarán aquí el domingo 26 de noviembre, y lunes y martes ya van de regreso. Dijo que se trata de una visita, una observación in situ, pero que luego del 26 de noviembre es que comienza la verdadera elección.
“Esta es una responsabilidad de los partidos políticos, los partidos políticos tienen la obligación de cuidar el voto y de minimizar el posible fraude que puede haber, y luego una responsabilidad del ciudadano de emitir el voto y luego de ser observadores, de ser fiscalizadores de las anomalías que veamos y denunciarlas. Igualmente, los medios de comunicación acompañarnos a los ciudadanos en esa lectura y en esa labor de veeduría social”, finalizó Barrios.
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